Para liquidar a los pueblos

Editorial de Bercovich

Roger Water atendió a periodista de CNN

El mafioso cartel de constructoras fue denunciado en 1981 y estaban los Macri, Rocca, Pérez Companc, y otros

El juez de la causa Cuadernogate Claudio Bonadio, sostiene que el cartel de constructoras de la obra pública fue inventado por los K en el 2003. Algo así como decir que la prostitución la inventó madame Pompadour pese que existe desde siempre, lo mismo que los jueces prevaricadores. Siendo este tradicional tongo de la obra pública por parte de la denominada “patria contratista”, la que ha deparado las nuevas grandes fortunas de Argentina, de los Macri, los Rocca, los Roggio, Pérez Companc etc. No obstante que en 1981 se concretó una notable denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que aportaba sustanciales pruebas de la existencia de ese cartel de constructoras dedicada el arreglo de los resultados de las licitaciones públicas con enormes sobreprecios, la que como sucede siempre en Argentina quedó en la nada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Por Javier Llorens zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz El 20 de agosto de 1981, el ciudadano argentino Juan José Velazco, vinculado a sectores de inteligencia, presentó una notable denuncia ante la novedosa Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, bajo el expediente 108.860 del ministerio de Economía, revelando que una gran cantidad de licitaciones habían sido previamente arregladas por sus participantes, con enormes aumentos respecto el presupuesto oficial en Córdoba y el norte argentino.Cuadernogate, Claudio Bonadio, K, Macri, los Rocca, los Roggio, Pérez Companc, Comisión de Defensa de la Competencia, sobreprecios, Mafia, Constructoras, Obras Publicas Dicha comisión había sido creada el año anterior por un decreto ley impulsado por el ministro de la triste figura, José Martínez de Hoz, para proveer a la “defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”. Y estaba entonces integrada por cinco miembros, su presidente, Jorge Quinteros, y cuatro vocales, Enrique Scala, Jorge Cermesoni, Carlos Moyano Walker, y Fernando Goldaracena. Más allá de las declamaciones, lo que hizo en realidad esa morosa comisión martinézdehosdiana, fue eliminar la legislación antitrust de represión de los monopolios que se tramitaban en el fuero penal, acorde con el modelo norteamericano. Para pasarla a una instancia administrativa conforme el modelo europeo. Para imprimirles a partir de allí a las denuncias, conforme pasan los distintos gobiernos, un más que dudoso trámite, acorde la corrupción endémica de la burocracia argentina, que supera a la de la justicia argentina. Dicha comisión pasó así a monopolizar las acciones antitrust y en contra de los monopolios, que con las leyes anteriores estaban dispersas en diversos juzgados penales. Mediante crear un embudo donde van a parar todas esas cuestiones, teniendo así el poder ejecutivo de turno el pleno control sobre esos asuntos relacionados con los Big Business. La denuncia de Velazco tenía un enfoque notablemente novedoso, dado que estaba basada en métodos estadísticos. Mediante el análisis de dos variables, la dispersión de las ofertas de los concurrentes, y su aumento respecto el presupuesto oficial. Que demostraban que no había existido una concurrencia libre o aleatoria por parte de los licitantes, sino que era producto de un proceso semi determinista. Donde se fijaba un nivel de aumento sobre el precio oficial, en el cual coincidían con muy pocas diferencias todos los oferentes cartelizados. En el marco de un accionar, donde el que era designado ganador, fijaba ese umbral de precios, y se lo comunicaba a los restantes participantes. Los que por el mero de acompañar al ganador, para cohonestar el enorme precio cotizado y simular una competencia inexistente, obtienen una suculenta propina por parte del ganador, mediante compensaciones dinerarias o subcontrataciones. Existiendo además en la picaresca de la obra pública otra variante conocida como “comprapliegos”, que solo amagan con presentarse para obtener algunas compensaciones. La imagen metáforica de ese tongo de la obra pública, y el método empleado para probarla por parte de Velazco, mediante una metodología similar a la que en estadística se conoce como la T o cruz de Studend, que cruza dos variables independientes, en este caso el aumento sobre el presupuesto oficial y rango de dispersión de las ofertas, se puede apreciar en la siguiente diana del tiro al blanco.Cuadernogate, Claudio Bonadio, K, Macri, los Rocca, los Roggio, Pérez Companc, Comisión de Defensa de la Competencia, sobreprecios, Mafia, Constructoras, Obras Publicas

En donde los expertos tiradores reciben la orden no de apuntar al centro del blanco, sino a la parte superior del mismo, concurriendo en consecuencia así allí todas las flechas u ofertas. Lo cual dentro de determinados parámetros, le permitía al denunciante Velazco enumerar una serie de casi un centenar de licitaciones, reputándolas de anómalas Este maniobras se daban según la denuncia, en el marco de una dura estrategia empresaria por parte de la constructora SADE SACIFIM, propiedad de los Pérez Companc, hoy Skanka, la firma que está involucrada en las coimas por los grandes gasoductos, que tiene su central en Estocolmo, Suecia. La que por entonces había desparramado filiales en las principales provincias, con el objeto de controlar a las medianas empresas, para que estas no crecieran en base a ese tradicional tongo empresario, y se unieran y pretendieran participar en la licitación de las grandes obras públicas, donde se encuentra el gran tongo de la obra pública. Como lo puso en evidencia el “monumento a la corrupción” de la presa de Yaciretá. En su denuncia Velazco describía un sórdido submundo, con la existencia de una “familia líder” que organizaba las licitaciones. La que con esa denuncia y el actual Cuadernogate, se puede afirmar que estaba integrada por SADE (Skanka), Techint de los Rocca, Cartellone propiedad de esta familia, IECSA e Impresit Sideco de los Macri, Roggio de esta familia, etc. La cual operaba y opera mediante lo que Velazco calificaba como el “complejo burocrático contratista”, en el lógicamente existen traspasos de dinero del segundo al primero. Que la ley llama cohecho o sobornos y resultan indispensables, por el sencillo hecho que el burócrata experto sabe de la existencia de los sobreprecios, y por eso una parte tiene que ir a parar a sus manos, para que sean autorizados oficialmente. Complejo al que el actual presidente de la Nación Mauricio Macri, confesando pertenecer a la patria contratista, denominó como la “asociación de la burocracia con algunas empresas”. Tal como ha quedado comprobado fehacientemente con el Cuadernogate. Esa denuncia, potenciada con algunas solicitadas que publicó Velazco, seguida de presentaciones ante los entes responsables de dichas licitaciones, lógicamente causó gran repercusión. Especialmente en el ámbito de las cámaras de la construcción, que son los ámbitos donde generalmente se pactan esos espurios acuerdos para hurtar el dinero de los argentinos. Además ampliando su radio de acción, Velazco concretó el 23 de septiembre de ese año una ampliación de denuncia, dando cuenta del resultado anómalo de recientes licitaciones de importancia concretadas en las provincias de Catamarca, San Luis, y la Pampa. En las que inveteradamente aparecía SADE (Skanka), luciendo además como ganador en varias de ellas.Cuadernogate, Claudio Bonadio, K, Macri, los Rocca, los Roggio, Pérez Companc, Comisión de Defensa de la Competencia, sobreprecios, Mafia, Constructoras, Obras Publicas El gran tongo de la gran obra pública Esta actitud inquisitiva de Velazco, sumado al liderazgo en las provincias por parte de SADE (Skanka), que aparecía como la empresa más involucrada en la denuncia, y era y es una de las principales actoras en el tongo de la gran obra pública argentina, explica la notable derivación que seguidamente tuvo esa denuncia, basada inicialmente en la anómala dispersión de las ofertas por parte de las empresas del cartel de constructoras. Al procurar las grandes constructoras del país, SADE (Skanka) incluida, fraguar en forma determinística la dispersión de las ofertas presentadas por parte de los oferentes cartelizados, para que las licitaciones no fueran tachadas de “anómalas” por Velazco y el equipo que lo respaldaba en las sombras. Apelando para ello no a la generación de números aleatorios, sino a sencillos algoritmos matemáticos. Dejando así directamente una prueba irrefutable de la existencia de la concertación o arreglo de las licitaciones, en una licitación concretada por EPEC, la empresa provincial de Córdoba, y en un grupo de seis licitaciones de grandes obras eléctricas concretadas por parte de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, a fines del año 1981. De tal manera la imagen metáforica del tongo en la obra pública, con la metáfora de la diana de tiro al blanco, cambió radicalmente y pasó a tomar la siguiente figura. Donde claramente cada tirador cumple la función determinística de tirar exactamente en la franja que se le indica y no en otra. A los efectos de simular de una forma más que torpe una dispersión aleatoria de las ofertas, para evitar la lupa inquisitiva de Velazco, cuando en realidad lo que estaban haciendo las firmas cartelizadas era dejar sus digitales puestas en el crimen.Cuadernogate, Claudio Bonadio, K, Macri, los Rocca, los Roggio, Pérez Companc, Comisión de Defensa de la Competencia, sobreprecios, Mafia, Constructoras, Obras Publicas

Editorial de Aliverti del 6 de agosto { Panorama en tiempos de Massa }

Fernando Borroni sobre Sergio Massa

La injusta distribución de la publicidad oficial

Recientemente el diario Clarin, con su clásica postura de opositor cerril presto a dar vuelta cualquier noticia para enfilarla contra el kirchnerismo, en la nota con título “Improvisación y papelones en el “gobierno de científicos” sin advertirlo se pegó un tiro en el pie, al citar al premio Nobel de Economía Paul Samuelson. Quien en los ’80 dijo: “Argentina es el clásico ejemplo de una economía cuyo estancamiento relativo no parece ser consecuencia del clima, las divisiones raciales, la pobreza malthusiana, o el atraso tecnológico. Es su sociedad, no su economía, la que parece estar enferma”. Si efectivamente la que está enferma en Argentina es la sociedad, no su economía, la responsabilidad sustancial de ello es de los grandes medios de comunicación, que son los que influyen y moldean la opinión de las grandes audiencias. Primacía que ahora se ha visto menguada pero en absoluto anulada por las redes sociales. Al ser la actuación omnipresente de los “mass media”, un proceso comunicativo unidireccional, que va determinando la estructura del receptor de dicha comunicación.

Lo cual en opinión de Samuelson, traída a colación por la autora de esa nota Silvia Fesquet, habría determinado una “sociedad enferma”. Patología que a su vez se ve agravada al ser esos grandes medios enfermantes, los grandes receptores de la publicidad oficial. Cuya injusta distribución plantea en esta nota el ex juez federal, abogado constitucionalista, y periodista de opinión, Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Redacción Injusta distribución de la publicidad oficial Por Miguel Rodríguez Villafañe La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, ​ conocida como Ley de Medios, es la norma que rige el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. La ley, en lo que quedó vigente, luego del DNU 267/2015 del presidente Mauricio Macri, que la mutiló en aspectos básicos, señala, en la nota al artículo 1, que: “Los medios de comunicación, en todas sus modalidades y regímenes de propiedad, tienen también un cometido indispensable como actores en el desarrollo de la sociedad de la información y se considera que son un importante contribuyente a la libertad de expresión y la pluralidad de la información”, (acápite 24). Y en el artículo 21 establece, que “los servicios previstos por esta ley serán operados por tres (3) tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro”. Aún más, la norma fija, que “el treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro”, (artículo 89, inc. “f”). Y en la nota de este artículo se menciona, que “las previsiones vinculadas a la reserva de espectro radioeléctrico se apoyan en la necesidad de la existencia de las tres franjas de operadores de servicios, de conformidad a las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión… Por ello, se preserva un porcentaje para las entidades sin fines de lucro que admita su desarrollo … Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad debe ser garantizada”. Todo lo que deja en claro que las tres modalidades de gestión deben preservarse y ayudar en su desarrollo. Con mayor razón a la gestión privada sin fines de lucro, que la ley se cuida en resaltar, que tienen el mismo derecho y consideración que las otras dos formas de gestión y le garantiza expresamente la tercera parte de las licencias. Publicidad oficial discriminante Por otra parte, cabe referir, que la publicidad oficial es toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional efectuada por el gobierno a través de cualquier medio de comunicación, con el objeto es comunicar sobre las medidas, programas e información de interés público, que surjan de la gestión gubernamental, por los organismos estatales y sus empresas vinculadas, y de esa manera difundir acciones o informaciones de interés público. A su vez, dicha publicidad se paga con los impuestos de todos, por tanto, debe ser distribuida en una proporción que permita la existencia y progreso de todos los ámbitos comunicativos y en ello contemplar al sector sin fines de lucro, en igualdad de condiciones con los otros sectores. Lamentablemente, muchas de las buenas intenciones de la ley 26.522, quedaron desnaturalizadas por el Decreto 267, que dejó sin efectos los artículos que evitaban la concentración de medios en unos pocos y buscaba un equilibrio que garantizara democratizar la palabra. Sin embargo, la norma no deja en duda la responsabilidad del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, de pautar publicidad oficial en los distintos tipos de medios, en igualdad, equidad y sin discriminación, bajo pena de desnaturalizar el objetivo que busca la ley vigente. En este aspecto, a manera de ejemplo de la concentración de la pauta y la discriminación existente en ello cabe mencionar que, entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, el gobierno nacional invirtió en publicidad oficial $ 7.563.000.000 de pesos, que distribuyó entre 2.432 medios. Más de 25 grupos empresariales absorbieron el 68% de la pauta y entre éstos, al Grupo Clarín, se le pagó casi $1.000.000.000 por dicho concepto. Además, resulta que, cuando se destina dinero público para los grandes medios concentrados se dice que se garantiza la libertad de expresión, pero cuando se trata de los medios sin fines de lucro, se hace aparecer que se dan subsidios graciables, cuando ello debe hacerse como un mandato constitucional. Reparemos entonces que los impuestos de todos mantienen a los grandes medios concentrados con fines de lucro, lo que se repite de igual manera a nivel provincial y municipal. O sea, se les garantiza su “rentabilidad económica”. Por su parte, los medios estatales como principio tienen el presupuesto estatal que los ayuda, además de la publicidad oficial, pero deberían ser evaluados para esto último, en lo que llamo desde la “rentabilidad cívico-cultural”, a los fines de los aportes. Dichos medios se justifican en la medida que ayuden centralmente a la formación en valores propios de la democracia republicana, al desarrollo cultural, y al acceso igualitario a la información. Éstos son los medios en los que la mirada y sus mensajes deben ir dirigidas a personas, ciudadanos, pueblos o sociedades, y no sólo apelando o priorizando la calidad de usuarios, clientes o consumidores, propio de la difusión con fines de lucro y sus lógicas de mercado. A su vez, en el sistema de la radiodifusión de gestión privada sin fines de lucro el eje de observación debe ser la “rentabilidad social”. Estos medios son una forma de propiedad diferente a la estatal y a la comercial que aseguran el ejercicio de los derechos de la sociedad civil toda, sin condicionamientos políticos o económicos. Y la perspectiva para observarlos y destinar fondos de la publicidad oficial, debe ser desde los objetivos que asumen y los justifican, de naturaleza social, cultural, comunitarios, de bien común, gremiales, etc. Así, se debe promover el desarrollo y fortalecimiento de los Medios Comunitarios de Comunicación Social, tales como los encarados por cooperativas, mutuales, fundaciones, asociaciones civiles, alternativos y otros, y garantizar adecuadamente los ingresos que les corresponden en ley. Urge cambiar los criterios con los que se distribuye el dinero con destino a la publicidad oficial, dictando leyes de distribución de la misma, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, que hagan respetar la lógica normativa en cada ámbito y se ejerza una función equilibradora evaluando los criterios de rentabilidad señalados y evitar que se privilegie sólo al mercado y/o a los grandes grupos concentrados. En Argentina, en este momento, lamentablemente, en materia de radiodifusión las reglas del mercado están mandando, por sobre las otras perspectivas de derechos humanos a tutelar en la materia.-