Piramilei

La causa de " lavado " de Jorge Macri

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Nueva denuncia

Imputados Cripto Gate

Otra alhajita

El viajecito al Lago Escondido

Los vínculos de los varones del clan Etchevehere con el ruralista detenido por narcotráfico

Leonardo Airaldi fue detenido en el marco de “la causa narco Varisco” por recibir droga desde Paraguay en sus islas, droga que tenía como destino final Rosario. Expresidente de la Sociedad Rural de Diamante compartía negocios de ganado con Luis Etchevehere en una isla llamada El Pillo en el Paraná. La relación con el exintendente Varisco. Por Silvina Friera 1 de agosto de 2022 - 00:01 Leonardo Airaldi, la detención que volvió a poner en foco la investigación que inició Dolores hace más de una década y su posterior denuncia en la justicia por el vínculo comercial de Airaldi con “los Etchevehere corruptos”. Dolores Etchevehere comienza a escribir un nuevo capítulo en la lucha contra sus hermanos de sangre. “Son estafadores seriales. Para ellos el fraude es una herramienta de trabajo a través de la cual ganan plata, acceden a tierras y consiguen un cargo político”, plantea en el libro Sola (Planeta). La detención por narcotráfico de Leonardo Airaldi, que compartía negocios de ganado en El Pillo, una isla del Paraná, con el exministro de Agroindustria del gobierno de Macri, Luis Miguel Etchevehere, como informan desde Proyecto Artigas que lidera Juan Grabois, volvió a poner en foco la investigación que inició Dolores hace más de una década y su posterior denuncia en la justicia por el vínculo comercial de Airaldi con “los Etchevehere corruptos”, como ella los define. Sin respuesta alguna por parte de la denominada “Justicia”, la única hermana mujer de la familia Etchevehere presentará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a la Fundación Una Puerta, para luego acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Miembro de una familia entrerriana tradicionalmente poderosa, dueña de diarios, establecimientos rurales, empresas y portadora de altos cargos políticos, Dolores sufrió la costumbre machista de los Etchevehere de excluir a las mujeres. Cuando su padre Luis Félix Etchevehere murió en septiembre de 2009, sus tres hermanos varones --Luis Miguel, que fue presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agroindustria de Macri, Sebastián y Juan Diego-- le negaron el acceso a sus derechos hereditarios. Entonces fue descubriendo “los manejos espurios” que realizaban y realizan sus hermanos de los bienes que su padre dejó en herencia, que siguen siendo utilizados por “los Etchevehere corruptos”, pese a encontrarse indivisos al estar en trámite la sucesión. En las investigaciones encontró “vaciamientos de empresas, desvíos de fondos societarios, irregularidades en el desempeño de cargos públicos, presentación de documentos falsos y demás maniobras perpetradas de los modos más violentos posibles, en abuso del gran poder ostentado”, resume Dolores a Página/12. Narcopolítica y agronegocios El exintendente de Paraná, Sergio Varisco, que fue condenado por narcotráfico y murió en mayo de 2021, tenía vínculos con los hermanos Etchevehere. Esos vínculos se manifiestan en la figura de Rubén Pagliotto, exabogado de Varisco y actual abogado de los hermanos Etchevehere, revelan desde Proyecto Artigas. Apadrinado por Luis Miguel Etchevehere y Mauricio Macri, Varisco fue candidato a la intendencia de Paraná en 2015. Daniel “Tavi” Celis, jefe narco de Paraná, financió la campaña de Varisco, referente radical de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos. A modo de devolución de favores, una vez en el cargo de intendente, Varisco puso el municipio a disposición de la banda narco, con contratos municipales y cargos; hasta utilizaban camiones municipales para distribuir droga. Después de un largo proceso, a fines de diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Varisco a seis años y medio de prisión como partícipe necesario de comercialización de estupefacientes. Un nexo clave entre la narcopolítica y el ¿narco? Agronegocio, informan desde Proyecto Artigas, es Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante --el departamento de Entre Ríos con uno de los puertos más importantes del Río Paraná--, que fue detenido la madrugada del domingo 24 de julio por Gendarmería en un operativo contra el narcotráfico en Rosario. Airaldi responde a Luis Miguel Etchevehere; juntos participaban del negocio de ganado en El Pillo, una isla del Paraná. Airaldi fue denunciado en el marco de “la causa narco Varisco” por recibir droga desde Paraguay en sus islas, droga que tenía como destino final Rosario. Como si la trama de esta película policial no fuera suficiente, este año las islas del Paraná estuvieron en el centro de la escena por sufrir quemas intencionales para el agronegocio. Una de las islas que se prendió fuego fue justamente El Pillo, donde Airaldi y Etchevehere tenían negocios conjuntos. La salida “por arriba” El reclamo de Dolores excede lo estrictamente patrimonial; su propia vida corre peligro, según ella misma confiesa. Los sucesos de violencia que sufrió desde muy pequeña, relatados extensamente en su libro Sola, dan cuenta de una profunda trama de relaciones marcadas por un denominador común: extorsión, violencia económica y de género perpetrada por una familia dueña de gran parte de la provincia de Entre Ríos. Ante el desamparo en el que se encontraba acudió a la Fundación Una Puerta, una organización de académicxs y profesionales, presidida por Laura Cantore, “preocupadxs por los derechos humanos, las interseccionalidades de géneros, raza, etnia y otras, como así también por las violencias que afectan la calidad de vida de las personas y a la sociedad toda”, como describen en la página web. Los abogados Facundo Taboada y Silvana Mammana, equipo de trabajo liderado por Juan Grabois, patrocinan a Dolores en las causas judiciales en trámite. El abogado Nicolás Cocca, asesor de Dolores en la nueva etapa internacional que se abre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), subraya que resulta clara la urgencia con la que precisa órdenes judiciales. “Los Etchevehere corruptos continúan realizando maniobras para achicar el activo que por ley le corresponde, agrandando los activos que figuran a nombre de ellos. El daño que esto le ocasiona es de una gravedad absoluta, máxime cuando se tiene en cuenta que Dolores es el sostén de cuatro hijos que dependen de su fuente de ingreso y que la situación es, en consecuencia, un vejamen irreparable a sus derechos como sucesora de su padre y socia de las empresas familiares que actualmente presentan un patrimonio cada vez más flaco, mientras se engrosan los bolsillos de los Etchevehere”, explica Cocca y agrega que las circunstancias “habilitan la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, de conformidad con el artículo 25 de su propio reglamento”. El requisito de admisibilidad que deberá cumplir la petición individual para que la CIDH tenga la posibilidad de presentarla en la Corte IDH está expresado en el artículo 46, párrafo 1 (a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos”. Podrá interponer una petición individual quien pueda demostrar que, pese a no haber agotado las vías internas, existió en el juicio llevado a cabo en el Estado correspondiente, una violación al debido proceso, denegación de justicia, o bien retardo injustificado de la decisión. “Sin dudas esto es lo que ocurre en las diferentes causas por las que transitan los expedientes que tienen a Dolores como parte, ya sea como denunciante o como heredera”, argumenta Cocca. La salida “por arriba”, al acudir al sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos, parece condensar las “serias irregularidades que ha habido en todos los procesos y que harían al Estado Argentino responsable”, según la perspectiva del abogado. La lucha de Dolores por lograr “justicia, verdad y reparación” continuará.

Previsible

El Detenido

Imputaron a María Eugenia Vidal por la Gestapo macrista

La medida fue solicitada por la fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo. Es por su participación en la llamada "Gestapo macrista".

La fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, solicitó la imputación de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por su rol en la mesa judicial antisindical que salió a la luz tras las revelaciones de la Gestapo macrista. La misma fue entendida como una derivación de la mesa judicial macrista destinada a perseguir y encarcelar a sindicalistas y opositores. Ahora, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, debe definir si acepta el pedido de la fiscal Russo e imputa formalmente a Vidal. Por ahora, la calificación penal de la causa es "averiguación de delito". Qué dice el escrito de Russo El texto presentado por la fiscal Russo asegura que "se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017". La misma estaba "dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la Ciudad de la Plata". Allí también se pide que se levante el secreto de inteligencia para los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El objetivo es que informen "si alguno de los presentes en la reunión (...) se les ha provisto de aparatos de telefonía encriptada". En caso de que la respuesta sea positiva, se pide que se "indique el o los números de abonados, y si los mismos han sido devueltos al organismo". La "Gestapo macrista" La llamada "Gestapo macrista", por la definición brindada por el exministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Villegas, salió a la luz a raíz de una serie de videos difundidos por la AFI a finales del año pasado. El material muestra un encuentro ocurrido en junio de 2017 en el Banco Provincia de La Plata. Entre los participantes de la reunión estaban el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; el ex subsecretario de Justicia de PBA, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Pablo Allan; y el intendente de La Plata, Julio Garro. El repudio del Presidente Este accionar fue fuertemente repudiado ayer por el Presidente Alberto Fernández. "La denuncia es muy preocupante. (Vidal) mandó a un ministro y a un intendente a que reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista. Si Vidal cree que eso es una acción institucional, yo me rindo", dijo en AM750. La declaración del mandatario tiene lugar después de que la exgobernadora aseguró que en su gobierno "no hubo ni mesa judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie". "Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes, y por eso se pidió su detención”, argumentó Vidal tras largas semanas de silencio respecto al tema. Luego, agregó: "Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI".

El expresidente argentino Mauricio Macri es imputado por enriquecimiento ilícito

La Justicia investiga al dirigente de centroderecha por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Casa Rosada.

La Justicia de Argentina imputó este lunes al expresidente Mauricio Macri por supuesto enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa que investiga el presunto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando fue elegido mandatario, informó la agencia Télam. La denuncia había sido presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que controla a la administración pública a nivel nacional. La decisión fue adoptada por el fiscal federal Ramiro González, quien dispuso las primeras medidas de prueba. Según consta en la denuncia, la OA descubrió que varias operaciones de acciones de la firma Agropecuaria del Guayquiraro (Agro G. S.A.) iban a parar mediante transferencias a un fideicomiso ciego creado por el gobierno de Macri. Dichos movimientos "le permitieron al Fideicomiso Ciego de Administración hacerse de 54.286.824 pesos (unos 570.000 dólares) entre 2017 y 2020, suma que el 20/02/20, al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri". De acuerdo a la presentación, que quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría, Macri habría adquirido acciones de la compañía por un total de 5.064.938 pesos (53.000 dólares) "provenientes de un ilícito penal", hecho que se habría concretado "entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos". El escrito señala además que Macri habría omitido "maliciosamente" declarar "su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015", presentada ante la Oficina Anticorrupción. De la lectura completa de la denuncia se desprende que Macri se habría transferido a sí mismo más de 570.000 dólares, entre 2017 y 2020, "lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G S.A". En abril pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) pidió la nulidad del Fideicomiso Ciego de Administración, que fue creado por Mauricio Macri con el fin de brindar transparencia al manejo de su patrimonio, luego de que su nombre apareciera vinculado a cuentas 'offshore' en el resonante caso de Panamá Papers, surgido en 2016, a pocos meses de asumir la Presidencia de la Nación.

Dalbón habla sobre el juicio a Carrió y a BUlrich

Todos los caminos de la mesa judicial conducen a la silla de "Pepín"

Un entrecruzamiento de llamados revela cómo operó para perseguir a empresarios y políticos opositores La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) entregó a la jueza María Servini un informe que demuestra cómo el operador judicial favorito de Macri hablaba en momentos cruciales con integrantes de su propio gobierno y del poder judicial: llamó en 27 en oportunidades a Carlos Rosenkrantz. Por Irina Hauser y Luciana Bertoia

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón no tuvo cargos en el Poder Ejecutivo, pero usaba un escritorio en la Casa Rosada. Cuentan exintegrantes del gobierno de Mauricio Macri que habitaba el despacho del entonces jefe de asesores José Torello. Se movía como parte del equipo presidencial, o más aún, como un poderoso conector hacia adentro y hacia afuera, donde tenía línea directa con lugares clave como la Corte Suprema. Ese papel que cumplía quedó claramente a la vista en un extenso análisis de llamados telefónicos que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) y que fue entregado a la jueza María Servini como parte de la causa donde investiga una presunta asociación ilícita de donde partieron extorsiones y hostigamientos dirigidos a los dueños del grupo Indalo con la intención de debilitar sus empresas, provocarles asfixia económica y financiera e incluso quitárselas. El entrecruzamiento fue presentado en el juzgado el lunes último, después de que Mauricio Macri --que está imputado-- lograra diferirlo varios meses. Fue a partir de ese momento que Rodríguez Simón lanzó su estrategia de huida para no presentarse a la indagatoria denunciando una supuesta persecución política por la que anunció que pidió refugio en Uruguay. El estudio de la DAJuDeCo --la oficina de escuchas e investigaciones que depende de la Corte-- muestra que en momentos cruciales para el expediente el operador judicial favorito de Macri hablaba con la Secretaría General de la presidencia, con Jefatura de Gabinete, con el Gobierno porteño, con el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, con el Casino de Buenos Aires y también con el actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Les dedicaba muchos más contactos por teléfono que a sus trabajos formales, en el directorio de YPF y en el Parlasur. Es el segundo análisis que realiza ese organismo, y que se hizo en base a los números de teléfono de de todos los imputados, entre quienes están, además de Macri y Rodríguez Simón, Torello, el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, los extitulares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Alberto Abad y Leandro Cuccioli, otros agentes de ese organismo y los empresarios Orlando Terranova e Ignacio Rosner. El expresidente había logrado primero que la Cámara Federal acotara el período de llamados analizados a los hechos puntuales investigados. Luego la Sala III Cámara de Casación Federal retuvo el expediente y recién lo liberó el mes pasado, lo que explica que recién la semana pasada la jueza pudiera disponer del material. Con anterioridad, sí había recibido un informe pormenorizado de los llamados de Rodríguez Simón entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, que él curiosamente no objetó. Se buscaron sus contactos más frecuentes, con los que tuvo más de quince llamadas. Fueron hallados 98 con esas características. No se rastrea el contenido de las llamadas, solo el mapa de quién habla con quién y con qué frecuencia. El rincón personal de “Pepín” en la Casa de Gobierno estaba ubicado al lado del Salón de las Mujeres, en el llamado “Sector Martín Fierro” en el primer piso, muy cerca del despacho de Macri. Ahí también usaba una oficina el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, cuyo despacho oficial quedaba en otro edificio. Todos ellos, Torello también, eran integrantes de la llamada “mesa judicial” del macrismo. En la causa a cargo de Servini se investiga una de las tantas operaciones de algunos de los protagonistas de ese grupo, que tuvo la gravedad de llegar al punto de provocar la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. La jueza tiene la hipótesis de que se habría utilizado la estructura del Estado --a través de la AFIP, el propio Poder Judicial y Vialidad Nacional entre las áreas principales-- para intentar quedarse con las empresas Grupo Indalo. Con ese entramado habrían buscado perseguir opositores políticos y hacer negocios. Las extorsiones, presiones y amenazas se podrían probar, entienden en su equipo con los relatos de los denunciantes, testigos (algunos socios de ellos) y los números de teléfono. Rodríguez Simón, en el gráfico que muestra la centralización y el juego de las operaciones, parece tener un papel crucial, como una suerte de agente inorgánico u hombre detrás de escena, o no tan detrás. Los hitos de Pepín La investigación --con Rodríguez Simón como un personaje central-- tiene como punto de inicio el 25 de octubre de 2015, el mismo día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y cuando Macri recibió a Cristóbal López en la casa de su padre. En ese momento, Macri se quejó por primera vez, según declaró López, del trato que le dispensaba el canal C5N y le anticipó que sabía que iba a ganar las elecciones en segunda vuelta, que tenía información de la “embajada” en tal sentido. Macri le preguntó, entonces, qué trato iba a darle la cadena a su gobierno y López le respondió que el canal iba a mantenerse neutral. Allí Macri le habría dicho que necesitaba la señal para avanzar contra Cristina Fernández de Kirchner. López se puso nervioso. No recordó más cómo siguió la conversación, sólo que le contestó que, aunque Cristina no era su amiga, la apreciaba y creía en el proyecto político del kirchnerismo. Las críticas a la línea editorial serían una constante cuando ya no fuera Macri quien presidiera los encuentros, sino “Pepín” Rodríguez Simón, que se presentaba como su mandadero --según declaró López ante la jueza Servini. El rol preponderante de “Pepín” comienza al poco tiempo de asumido Macri, cuando mantiene reuniones tanto con López como con Federico Achával, su socio en el Casino de Buenos Aires y en el Hipódromo de Palermo. Durante esos encuentros, Rodríguez Simón habría comenzado con las presiones impositivas, mientras mantenía la línea crítica de Macri sobre el canal C5N. La jueza situó esos encuentros en febrero de 2016. Para entonces, Rodríguez Simón hablaba insistentemente con el Gobierno de la Ciudad --al que ahora dice que asesoraba en cuestiones vinculadas al juego de azar y con cuyas líneas mantuvo 153 comunicaciones--. Con la Secretaría General de la Presidencia se comunicó en 57 oportunidades y 30 con la Jefatura de Gabinete. Mientras tanto habló en 27 oportunidades con Carlos Rosenkrantz, que ya preparaba su audiencia pública ante el Senado después del fracaso de la idea de “Pepín” de nombrarlos tanto a él como a Horacio Rosatti en comisión, saltándose la aprobación de la Cámara Alta. Como las negociaciones con López y Achával no rendían sus frutos, Pepín le escribió al abogado Joaquín Labougle: “Arreglá los honorarios con tus clientes porque empezó la guerra”. Para López, la guerra se inició cuando vio que entraba en acción la AFIP contra Oil Combustibles, otro sector de sus empresas. El anuncio de esa ofensiva corrió por cuenta del diario La Nación, con una nota publicada el 13 de marzo de ese año, que le atribuía una deuda millonaria de impuesto a los combustibles líquidos, y que fue la base la causa en la que el juez Julián Ercolini envió a López y a De Sousa a prisión, el 19 de diciembre de 2017. Rodríguez Simón tiene 104 llamadas con La Nación en el período analizado. También tiene muchos con Clarín (AGEA), 182, grupo del cual fue asesor y abogado. Pepín se movía con comodidad en la Casa Rosada. Tal es el caso que el 23 de junio de 2016 recibieron en la Casa de Gobierno junto con Mario Quintana a Achával para continuar con la presión por el pago de los ingresos brutos. Si no lo hacían, el Hipódromo se iba a convertir en un espacio verde, vociferó Pepín, que para entonces estaba muy irritado por lo que pasaba en C5N. Según declaró Achával, lo llamó en un arrebato de furia cuando se enteró que la señal iba a dedicarle un informe. Como el empresario le dijo que no tenía vinculación con el mundo de los medios de su socio, Pepín le soltó: “Jodete por ser socio de Cristóbal López, bajalo porque, si no, te hacemos mierda”. El día de esa reunión Pepín llamó en cuatro oportunidades al Casino de Buenos Aires y habló con la Secretaría General de la Presidencia y el Gobierno de la Ciudad. El patrón de llamados se repitió en los días anteriores y posteriores al encuentro en la Rosada: 48 llamadas con la Secretaría que encabezaba Fernando De Andreis, 41 con la administración porteña y 32 con el Casino de Buenos Aires. Dos semanas después, el 5 de julio de 2016, Rodríguez Simón mantuvo otra reunión con Achával y Ricardo Benedicto en su casa. “No quiero verlo preso a Achával”, habría dicho el operador de Macri, según consignó la jueza Servini en su resolución. Después de esa reunión, los empresarios terminaron aceptando el pago de los cánones y, para que se los incluyera en las moratorias, debieron desistir todas las acciones judiciales que habían iniciado. Para entonces, “Pepín” registró 65 llamadas con el Gobierno de la Ciudad, 55 con la Secretaría General de la Presidencia, 24 con Casino de Buenos Aires, 16 con el entonces procurador del Tesoro Carlos Balbín y quince con el abogado Labougle, al que tiempo atrás le había hecho llegar la declaración de guerra. El interés de la gestión macrista en el negocio del juego fue notable y variado. Rodríguez Simón siempre se ocupó de eso. El sitio El Destape reveló en 2018 que, además de haber colaborado con el desguace de Lotería Nacional, que fue traspasada por el decreto 743/2016 a la Ciudad y liquidada con el 95/2018, el operador fue nombrado asesor extraescalafonario de gabinete de presidencia del Directorio de la Lotería de la Ciudad (LOTBA). En el análisis de la DaJuDeCo, se ve a un Rodríguez Simón con mucha actividad en sus comunicaciones a diferencia de Macri, que tanto empeño puso en los tribunales para que el análisis no se hiciera, llegando incluso a sostener que estaba en riesgo la seguridad nacional si se conocía con qué números se había comunicado. El informe, por el contrario, sólo da cuenta de tres números frecuentes antes de asumir la presidencia: El Gobierno de la Ciudad, MJA SA --que corresponde a la empresa de su esposa, Juliana Awada-- y su suegra Elsa Esther “Pomi” Baker. Un operador judicial Uno de los funcionarios con el que más se comunicó fue con el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, con quien mantuvo 162 comunicaciones, según el análisis de la DAJuDeCO. En el entorno de Garavano reconocen las llamadas con “Pepín” y dicen que el diálogo con el operador estaba vinculado a la Corte Suprema, lo que refuerza la llegada a la cima del Poder Judicial que tenía el operador, a quien le atribuyeron varias de las jugadas que ocurrieron en la Corte durante la presidencia de Macri. Sin ir más lejos, fue Rodríguez Simón quien se atribuyó la idea de llevar dos jueces en comisión al máximo tribunal para esquivar el Senado, él también acercó los nombres de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosatti, un peronista de provincia que tenía el visto bueno de Elisa Carrió. “Pepín” era un enlace entre el mundo Garavano y el de Carrió --con quien no los unía la simpatía. Hubo una explosión de comunicaciones entre el ministro y el operador con despacho en la Rosada para agosto de 2016, cuando Rosenkrantz preparaba su desembarco en el Palacio de Justicia y mientras el resto de los cuatro integrantes se preparaban para votar sobre el tarifazo de Macri. “Pepín” solía llamar al procurador del Tesoro Balbín, con quien mantuvo 40 comunicaciones, según el estudio de la DAJudeCO. Los llamados incluían desde las presentaciones por tarifas hasta temas de negocios de la familia Macri como el Correo o las Autopistas, por los que tramitan importantes causas judiciales. Por La Nación se enteró de que pensaban correrlo. Para ahuyentar esos temores, lo convocaron a una reunión en la que también estuvo Pepín e hicieron un acting desde la jefatura de gabinete al difundir una foto del encuentro y decir que era un gran funcionario. Rodríguez Simón fue otra vez la voz que escuchó Balbín en abril de 2017 cuando le anunciaron que su tiempo en la administración pública había terminado después de darle la razón a la fiscala Gabriela Boquín sobre la deuda millonaria del Correo. Eso sí: “Pepín” le propuso una salida elegante hacia una embajada, invitación que Balbín declinó.

Otra delicia

Hernán Lombardi fue nominado

Imputaron a Macri y Michetti por un memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares

Una fiscal federal pidió abrir formalmente una investigación. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la vicepresidenta, Gabriela Michetti,fueron imputados hoy para ser investigados penalmente por la firma de un memorándum con Qatar que involucra fondos de Anses por inversiones por 1.300 millones de dólares. Fuentes judiciales informaron a Infobae que la fiscal federal Paloma Ochoa dictaminó por abrir formalmente una investigación para la cual le pidió al juez Daniel Rafecas las primeras medidas de prueba. Entre estas, Ochoa solicitó al magistrado que dicte una medida cautelar para que "no se de comienzo o se interrumpa" la puesta en marcha del memorándum mientras se realiza la investigación. También fueron imputados el titular del Fondo de Garantía de sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier; la canciller Susana Malcorra; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; el asesor de la Presidencia en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya; la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballey; y el ex tenista Gastón Gaudio, quien actuó como intermediario entre ambos países por su amistad con el emir Tamin bin Hamad Al Thani. Este último también fue imputado, al igual que el CEO de Qatar Investmets Authority (QIA), el Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, Argentina y Qatar firmaron el 6 de noviembre pasado un memorándum comercial. Se trata de un acuerdo entre el Fondo Qatarí de Inversiones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses por 1.300 millones de dólares que Michetti firmó en Qatar. A partir de una nota publicada en Perfil.com, el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, presentó una denuncia para que se investigue el caso por los presuntos delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. El denunciante sostuvo que el acuerdo es secreto y que no contemplaría el pago de impuestos, que no se conoce la cantidad de dinero que aportará Argentina ni por qué se deben tomar fondos del Anses y que se omitió darle intervención al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República Argentina (BCRA). También que en el caso se prevé la creación de sociedades off shore y la participación de un gerente extranjero para canalizar el dinero. "No vemos el porqué de inversión conjunta entre la Argentina y Qatar toda vez que sería esta última quien debería invertir sin la inclusión de fondos mixtos (Argentina)", sostiene la denuncia.

Historia de Stornelli

Schiaretti incluyó en la lista de candidatos a Hak, imputado por la justicia, y denunciado por coimas y faltantes de armas

El gobernador Juan Schiaretti se siente ganador para lograr su tercer mandato, y por eso provocativamente incluyó en la lista de candidatos a diputados provinciales, al ex secretario de Seguridad Diego Hak. Quién además de estar imputado por la justicia por amenazas y coacción, esta denunciado por cobrar coimas que efectivizaba su padre “Coco” Hak, y por el faltante de 1.500 armas de guerra que desaparecieron de la Policía de Córdoba. De esta manera le otorgará fueros para que durante los próximos cuatro años Hak pueda vivir tranquilo e impune, sin preocuparse por las causas en su contra radicadas en la morosa justicia cordobesa. A fines de noviembre pasado, el fiscal Guillermo González de la Justicia de Córdoba imputó al exsecretario de Seguridad de la provincia de Córdoba Diego Hak, de los delitos de amenazas y coacción. En base a la denuncia que había realizado en agosto último el comisario general Jorge Gómez, quién en junio había sido fue pasado a retiro de manera sorpresiva. Gómez denunció que meses atrás, cuando todavía estaba en funciones dentro de la plana mayor de la Policía como jefe de Seguridad de la Capital, el entonces secretario de Seguridad lo citó en una estación de servicio. Ocasión en la que le dijo que había un audio dando vueltas en contra de él, lo acusó de estar detrás de esa filtración, y lo amenazó a él y al abogado Marcelo Touriño, al quien señalaba que estaba detrás de esa “operación”.

Caso D’Alessio: cronología del escándalo que sacude a la mafia

La denuncia inicial por la extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio contra el empresario Pedro Etchebest en nombre del fiscal Carlos Stornelli para no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos generó un sinnúmero de repercusiones judiciales, políticas y hasta mediáticas. El caso puso sobre la mesa con más pruebas que nunca el submundo mafioso en el que se mezclan servicios locales e internacionales con fiscales, jueces, operadores disfrazados de periodistas y otros personajes de la peor calaña. A fin de ordenar la información dispersa producida desde se conoció la denuncia, PáginaI12 presenta una cronología con los hechos y derivaciones más importantes: Viernes 8 de febrero, Página/12 informó en detalle que Marcelo D’Alessio, agente de la DEA y sobrino del escribano general de gobierno, había extorsionado al empresario Pedro Etchebest en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli para no detenerlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Tras acumular audios, filmaciones, fotos y capturas de pantalla, el empresario lo había denunciado el 28 de enero en Dolores, jurisdicción donde presenció un encuentro entre espía y fiscal. Un día después del primer allanamiento a D’Alessio y horas antes de la publicación, la diputada Elisa Carrió anunció que “Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli”. Lunes 11 de febrero. Carrió se presentó a la justicia para sugerir que la denuncia era una confabulación de presos ligados al kirchnerismo para acusar a Stornelli. Como prueba presentó escuchas que dijo haber recibido en un sobre anónimo. Eran grabaciones tomadas en la causa al “rey de la efedrina” Mario Segovia, que además de no revelar ninguna operación debían haber sido destruidas porque no tenían relación con el objeto de esa investigación. Ese día la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó que D’Alessio trabajara para ella. El espía había dicho que el ministerio le pagaba por defender al financista Leonardo Fariña. “Lo he visto una vez, me parece una persona que tiene algún tipo de problemas”, dijo Bullrich. Martes 12 de febrero. Con cinco días de atraso, Stornelli denunció a D’Alessio por defraudación. Lejos de su primera reacción, cuando dijo que todo era “una operación política” y que sólo había visto a D’Alessio dos veces, admitió que era un habitué de su fiscalía involucrado en diversos delitos. Como al pasar, dijo que la extorsión se pagó en Puerto Madero, la jugada para quitarle la causa a Ramos Padilla. Poco después se sorteó el expediente y recayó en Julián Ercolini, juez amigo del gobierno y de Stornelli. Completo la jugada el abogado de D’Alessio, Claudio Fogar, al pedir que interviniera Ercolini. Ese mismo día el abogado José Manuel Ubeira pidió apartar a Stornelli de la causa de las fotocopias, tras denunciar que de los chats recibidos por Etchebest surgía que D’Alessio había acordado con el fiscal hacerle una cámara oculta. El objetivo era insinuar que formaba parte de una maniobra extorsiva contra el fiscal. Ubeira representa a Oscar Thomas, ex director de Yacyretá, quien no aceptó ser “arrepentido” en la causa de las fotocopias. Miércoles 13 de febrero. Por orden de Ramos Padilla y de su par de Lomas de Zamora, Federico Villena (en una causa por lavado de dinero del narcotráfico), se allana la mansión de D’Alessio en el country Saint Thomas. Se encuentran con una fortuna descomunal (diez autos de lujo, un yate), con armas de última generación, placas de la DEA y abundantes pruebas sobre las actividades de inteligencia que desarrollaba. En la madrugada del jueves D’Alessio se presenta en un juzgado penal para presentar un hábeas corpus. Allí declara que el pedido de plata a Etchebest fue en el marco de una investigación que hacía para dos agentes orgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. El propio imputado pone en el centro de la escena al Poder Ejecutivo, del que depende la AFI, que conduce el amigo del presidente, Gustavo Arribas. Viernes 15 de febrero. Un hijo de Ricardo Barreiro, ex secretario de la ex presidenta Cristina Kirchner que había estado detenido en la causa de las fotocopias, denunció ante Ramos Padilla que D’Alessio intentó extorsionarlo para que liberen a su padre y no detengan a su hermano. El mismo dato le había hecho conocer su padre a Stornelli al declarar en su fiscalía el 8 de octubre. Lunes 18 de febrero. Ramos Padilla indaga a D’Alessio, ya detenido, quien niega ser el “cajero” de Stornelli y sugiere que fue engañado por el gobierno a través de la AFI, en especial de Bogoliuk. Le implora al juez que le permita volver a su casa, aunque sea con una tobillera electrónica. El mismo día el juez le pide al juez Ercolini copia de la causa que instruye y a Stornelli los intercambios de WhatsApp con D’Alessio, para confrontarlo con los que aportó Etchebest. El fiscal se niega a enviarlos, mientras avanza la maniobra para quitarle la causa a Ramos Padilla. Ercolini, sin haber visto una sola foja de la causa por extorsión, le pide que le remita el expediente a su juzgado en Comodoro Py. El cuestionamiento a su competencia obliga al juez de Dolores a levantar el secreto de sumario para pedirle opinión a todas las partes. Lunes 25 de febrero. Ramos Padilla procesa a D’Alessio como miembro de una asociación ilícita dedicada a realizar “ablandes, carpetazos, operaciones de inteligencia y producir pánico” en personas luego extorsionadas para que “se volvieran arrepentidos o entregaran dinero”. Esa noche pide la detención de los dos ex comisarios. El mismo día, los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade y el senador Marcelo Fuentes la piden al titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, el radical Juan Carlos Marino, que cite a Ramos Padilla para responder sobre “la actividad de agentes de inteligencia -orgánicos o inorgánicos- que están llevando adelante operaciones ilícitas vinculadas con la actividad del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”, que mencionó en el procesamiento. Miércoles 27 de febrero. Los ex comisarios se niegan a declarar ante Ramos Padilla. D’Alessio hace lo propio ante el juez Luis Rodríguez, que desempolvó una denuncia de fines de 2016 por la extorsión a un comerciante llamado Gabriel Traficante, a quien intentó sacarle 90.000 dólares para supuestamente aliviar su situación en el fuero penal económico. Jueves 28 de febrero. Ramos Padilla cita a indagatoria a Stornelli para el 7 de marzo. “Las distintas investigaciones y espionajes que le reclamaba el fiscal a D’Alessio, a quien consideraba un servicio de inteligencia de los Estados Unidos y a quien le pedía ‘merca’ (información), le solicitaba ‘investigaciones paralelas’ o ‘extraoficiales’ y hasta operaciones de espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban. Como ya se ha dicho, D’Alessio no era un simple extorsionador u operador judicial que habría girado a un fiscal descuidado, sino alguien que se presentaba como agente de la DEA y se ponía al servicio del fiscal para realizar tareas de investigación y espionaje”, destaca. Notificado sobre la indagatoria, el procurador interino Eduardo Casal abre un expediente disciplinario contra Stornelli. El mismo día, el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, le pide sorpresivamente a Ramos Padilla que decline su competencia y mande la causa al juzgado de Ercolini. Viernes 1º de marzo. Ramos Padilla envía un informe a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso y se ofrece a concurrir personalmente. Envía además una caja con elementos de prueba y 943 páginas de transcripciones y fotocopias, que no es recibida por asueto del Congreso.

En búsqueda de Justicia

Mauricio Macri deberá afrontar en los tribunales una denuncia por la sucesión de su padre Franco. Fernando Miguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, hará una presentación judicial en Comodoro Py en la que advertirá sobre la posible comisión de delitos de corrupción en la sucesión del empresario fallecido el sábado pasado. Míguez denunciará mañana que en la sucesión se acredita como “patrimonio lícito” de Franco Macri el producto de concesiones en obras públicas desde 2007 hasta la fecha. En la denuncia no sólo figura el actual mandatario, sino también otros miembros de su familia. “Hace muchos años que trabajamos en control de corrupción. Lamentamos la muerte de Macri, pero también que con su muerte termine una investigación que podría servir para recuperar algo de lo que se ha robado”, aseguró Míguez, quien investiga al presidente desde 2008. En su presentación ante la Justicia Miguez denunciará los delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado y lavado de activos. “De acuerdo al Código Penal vamos a pedir el decomiso anticipados de los fondos de la sucesión”, precisó. Míguez explicó que “entendemos que los dineros alojados en la cuenta personal de Franco Macri son ilícitos. Está el blanqueo de capitales, 50 millones de una deuda estatizada por Cavallo y por la que todos pagamos 3 mil millones de dólares”, recordó la estatización de deuda de 1982. Míguez quiere que la Justicia investigue los fondos en relación a los hijos y nietos de Macri. Citó como antecedente que en 2010 Franco Macri pasó el control de sus acciones a sus hijos. La presencia de los Macri en el caso Odebrecht, la deuda por la concesión del Correo, el contrato de Manliba para la recolección de basura, Panamá Papers, Avianca, integran parte del corpus de la denuncia. “Macri dice que respeta a Aerolíneas Argentinas, lo dijo en la Asamblea Legislativa, y la está vaciando con Avianca y Paul Singer”, ejemplificó el denunciante.