Proletarios Unidos, vieja consigna del padre del Socialismo Ciéntifico Carlos Marx, es un espacio que intentará reflejar, acercar y unir a todos aquéllos que se sientan parte de la clase trabajadora sin distinciones de partidos o ideologías. Así y con respeto, la idea es volcar temas, consignas, debates , opiniones, etc, para fomentar, acrecentar, valorar y concientizar el papel, el rol y los derechos de la clase trabajadora. Como manda la historia nacemos un 1 de mayo.
domingo, 31 de marzo de 2019
El Colegio de Antropólogos le respondió a Macri
LA DUEÑA: ¿VIDAL COMPRÓ EL CANAL AMÉRICA CON GUITA DE LA PROVINCIA?
La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habría invertido 600.000 dólares en el paquete accionario de América TV.
El escándalo por las carpetas allanadas en la casa del espía Marcelo D’Alessio parece no tener fin. Ya no solo están involucrados el fiscal Carlos Stornelli, funcionarios de Comodoro Py, del Gobierno, diputados, agentes de inteligencia y medios hegemónicos contra la oposición, sino que el escándalo salpica por primera vez a la gobernadora María Eugenia Vidal.
El periodista Horacio Verbitsky en su portal “El Cohete en la Luna” revela por primera vez detalles de la carpeta encontrada en la computadora de D’Alessio sobre los movimientos económicos, políticos y de posibles amoríos de Vidal, según reveló el juez Alejo Ramos Padilla en la reunión secreta de seguimiento de los organismos de inteligencia en el Congreso de la Nación.
Ayer contábamos en Info135 la dura discusión cara a cara entre el presidente y la gobernadora el pasado jueves, cuando Vidal lo increpó: “vos está caliente, yo estoy recaliente: ?por qué me espiás?”.
Según el juez y lo reproducido por “El Cohete en la Luna”, la mandatoria bonaerense tiene una excelente relación con el productor de Animales Sueltos e Intratables, Gabriel Hochbaum, hoy directivo de América TV.
Según la carpeta D’Alessio, vía el periodista de Clarín Daniel Santoro, habla de la relación muy cercana del productor con Vidal. El informe añade que la gobernadora le entregó varios millones de pesos de publicidad y fondos reservados de la provincia de Buenos Aires, para que comprara parte del paquete accionario de América que pertenecía al hermano de Daniel Vila, Alfredo. Afirma que las entregas son de 2,2 millones de pesos por mes (que al cambio promedio del último semestre son unos 600.000 dólares en un año) y la pauta sirve para blanquear el uso de los fondos reservados.
Santoro le dijo a D’Alessio que se quería ir de Animales Sueltos desde que Alejandro Fantino se reunió con la ex presidenta Cristina Kirchner, y empezó a tener una mirada crítica contra la causa de las fotocopias de los cuadernos y las detenciones arbitrarias de Stornelli y el juez Bonadio. El operador de Clarín también cuestiona que en la mesa estuviera Romina Manguel, a quien la presenta como filokirchnerista y empleada del ex SIDE Javier Fernández. Según la carpeta, Santoro trata de “pelotudo” a Fantino por creerle a la ex mandataria.
En la nota de Verbitsky, se afirma que el productor Hochbaum es el operador de Vidal en América TV y que intentó que varios medios no publicaran lo relatado por el juez para proteger a la gobernadora y protegerse él.
Hay que recordar que el 15 de febrero, el Grupo América anunció la constitución de su nuevo Comité Ejecutivo, responsable de la dirección estratégica y administrativa, liderado por Agustín Vila y Gabriel Hochbaum. Agustín es el hijo del principal accionista, Daniel Vila, quien anunció que se desvincularía de la gestión diaria. Según el comunicado empresarial su hijo lidera el Comité que también integra Hochbaum, quien “mantiene el cargo de Director de Relaciones Institucionales”. El Comité “representará los intereses de los accionistas y supervisará en sus actividades al management de Grupo América, encabezado por su CEO, Sergio Basich”.
Ahora se comprende la bronca de la gobernadora con elpresidente Macri por su convencimiento de que fue el presidente quien ordenó a Gustavo Arribas, titular de la AFI, que la espiaran como si fuera una dirigente de la oposición.
Hugo “Rolo” Barreiro, un ex o actual agente de la AFI El prófugo amigo de D’Alessio
viernes, 29 de marzo de 2019
jueves, 28 de marzo de 2019
La Industria de la Publicidad
lunes, 25 de marzo de 2019
D'Alessio, con datos de Santoro, informó que Manguel trabaja para el operador Javier Fernandez
Con datos
proporcionados por el periodista de Clarín, Daniel Santoro, el extorsionador Marcelo D'Alessio informó a la SIDE que Romina Mangueltrabaja para el operador judicial Javier Fernández. Así se desprendió del informe conocido como "Operación Fantino", secuestrado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el allanamiento al domicilio del falso abogado.
Fernández es Auditor General de la Nación y un histórico operador judicial, siempre oficialista. Según el informe de inteligencia confeccionado por D'Alessio para el ex SIDE Ricardo Bogoliuk, con datos de Santoro, Manguel respondería a él, algo que la periodista desmintió en su declaración ante Ramos Padilla.
Al respecto, Manguel aclaró: "Ese informe dice que soy empleada de una persona que no es cierto, es una chicana", sin mencionar nunca al operador Javier Fernández. "Trabajo en Animales Sueltos desde hace tres años y las otras personas que se mencionan como Daniel Santoro y Alejandro Fantinocomparten el programa conmigo", continuó en su declaración en el tribunal de Dolores.
Como reveló El Destape, según el juez federal de Dolores, el periodista de Clarín investigó a sus compañeros de trabajo de Animales Sueltos y le pasó esa información al falso abogado, que confeccionó un informe de inteligencia que derivó al ex SIDE, Bogoliuk.
El informe de inteligencia contra Fantino fue motivado por una reunión entre el conductor de Animales Sueltos y Cristina Kirchner. Según el documento secuestrado en el domicilio de D'Alessio, el periodista aseguró que Manguel "hizo de puente para que Javier le siente a Cristina al propio Ale (Fantino)". Así se configuró la reunión entre el conductor y la ex Presidenta, quienes "estuvieron 4 horas reunidos y le lavaron la cabeza a este pelotudo. No lo puedo creer, Marce", tal como reveló Noticias.
Después del encuentro con CFK, Fantino "empezó el pelotudo a hablar que en este país hay presos políticos y no se qué huevadas más".
domingo, 24 de marzo de 2019
miércoles, 20 de marzo de 2019
Para leer a Gramsci ENTREVISTA CON GIUSEPPE COSPITO
Giuseppe Cospito (Savona, 1966) es investigador de la Universidad de Pavía en Italia e integrante de la International Gramsci Society. Autor de El Ritmo del Pensamiento de Gramsci. Una lectura diacrónica de los Cuadernos de la cárcel, su trabajo es representativo de la nueva generación de investigadores gramscianos italianos que buscan profundizar en una lectura filológica de la obra del comunista sardo.
En esta entrevista conversamos sobre algunas de las principales ideas planteadas en su libro, así como sobre el trabajo de la nueva edición crítica de los Cuadernos de la cárcelque está en curso en Italia y de cuyo equipo forma parte.
Su lectura de Gramsci destaca la importancia de la problemática de las “relaciones de fuerzas” y su incidencia en el modo en que el autor de los Cuadernos de la cárcel lee a Marx y a la tradición marxista. Y más en general, ofrece claves metodológicas para abordar la lectura y el estudio de la teoría gramsciana. Un tema fundamental sobre el que tenemos lecturas diferentes es el de la guerra de posiciones. Mientras para Cospito, la fórmula gramsciana de la “guerra de posiciones” para la revolución en Occidente implica la superación definitiva de la “guerra de movimiento”, desde nuestra óptica Gramsci introduce más matices en cuanto a las combinaciones de ambas formas de lucha, a propósito de lo cual hemos realizado una lectura alternativa a la que esboza Cospito en esta entrevista [1].
Nuevo procesamiento a Cristina Kirchner por la compra de GNL Que las pruebas sean truchas es lo de menos
La Justicia tuvo que esconder ayer al investigador trucho Marcelo D’Alessio y al perito trucho David Cohen, ambos con grotescas intervenciones en la causa de la compra de Gas Natural Licuado (GNL). En ese expediente, que tramita el juez Claudio Bonadio, D’Alessio se despachó con un testimonio falso y Cohen con una pericia falsa. Aun así el magistrado procesó otra vez a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y otras 26 personas por integrar una asociación ilícita que recaudaba dinero para enriquecerse. Lo asombroso es que en el texto también menciona que fueron parte de esa asociación ilícita conocidos empresarios como Paolo Rocca, Aldo Roggio, Marcelo Mindlin, Eduardo Eurnekian, Angelo Calcaterra y muchos otros que ya habían sido excluidos de la asociación ilícita, tanto por el propio juez como por la Cámara Federal. En el expediente hubo una segunda pericia, encabezada por técnicos de la UBA, en la que se probó que no hubo sobreprecios entre 2013 y 2015 y que tampoco se puede sostener la existencia de sobreprecios antes de esa fecha. Lo insólito: el gobierno de Cambiemos siguió contratando exactamente con las mismas empresas, los mismos costos portuarios, con las mismas agencias.
Pericias
El expediente del GNL naufragó porque se demostró que la pericia realizada por David Cohen resultó falsa, copiada de estudiantes chilenos y sin el menor fundamento técnico. Tomó como referencia el valor del gas en un punto, el llamado Henry Hub, terminal de un gasoducto de Estados Unidos, que no es un valor aceptado internacionalmente porque no tiene nada que ver con el transporte de gas. De hecho, Estados Unidos no exporta. La Cámara Federal destrozó la pericia de David Cohen y revocó los procesamientos de la causa.
El juez pasó por encima de la nueva pericia que lideraron los dos peritos oficiales, ambos de la UBA, y en la que participaron más de una decena de profesionales. La conclusión fue que no se hallaron sobreprecios entre 2013 y 2015 y que los técnicos no podía establecer la existencia de anormalidades anteriores por la falta de documentación.
El magistrado no dio el brazo a torcer. Afirmó que hubo sobreprecios, pero que ya no se puede establecer una cifra como la que determinó antes, nada menos que 7 mil millones de dólares, sino que hubo un sobreprecio indeterminado. En su momento, hasta el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que esa evaluación era un disparate. En algún tramo de la resolución, ahora se habla de 124 millones de dólares de sobreprecio, pero también de subfacturación. De 7 mil millones se pasó a 124.
D’Alessio
Como la causa se hundía irremediablemente, el cuestionado fiscal Carlos Stornelli aportó la solución: trajo a declarar a D’Alessio al expediente, quien arrancó con una mentira diciendo que era abogado. Pero la manipulación se concretó en varios aspectos que Stornelli quería. D’Alessio dijo que hubo trampa en los costos portuarios y en los seguros. Y la frutilla fue que le hicieron decir que Cristina Kirchner ordenó que los seguros se hicieran con Nación Seguros, cuya póliza era más cara. Por supuesto que D’Alessio es el único testigo de la supuesta orden. Con estos elementos se llamó a nueva indagatoria a todos los imputados.
En la resolución de ayer se tomaron algunas partes y otras se desecharon de los dichos de D’Alessio. Los fundamentos de la acusación dejaron de ser la existencia de un gran sobreprecio para cuestionar montos mucho más chicos: los costos portuarios, una supuesta comisión del 0,5 por ciento que se le pagó a una empresa de Roberto Dromi –el ex ministro dice que ayudó a ahorrar 24 millones de dólares–, y el mecanismo de la compra de GNL en general, con concursos de precios y no licitaciones.
Las defensas sostuvieron, de manera unánime, que fueron grandes concursos, transparentes, en los que participaron empresas como Shell, Gas Fenosa, Repsol, Gazprom, Morgan Stanley, Petronás y otras. Y lo más asombroso es que si se afirma que hubo sobreprecios o irregularidades, esas grandes compañías, sus ejecutivos como Juan José Aranguren, deberían ser también imputados. Ni los llamaron a declarar.
Magia
El juez salió del paso disolviendo la causa del GNL en la causa de las fotocopias de los cuadernos. El pase de magia consistió en decir –sin prueba alguna– que parte del dinero que supuestamente el chofer Oscar Centeno fue a retirar a las oficinas de empresarios se originó en la cuestión del GNL. La maniobra es tan obvia que para probar las acusaciones cita declaraciones de los arrepentidos: Carlos Wagner, Ernesto Clarens, José López, Leonardo Fariña. Ninguno de ellos tenía vinculación con el GNL. Pero la hipótesis acusatoria es que el mismo mecanismo existió en las compras de gas. Y como supuestamente el dinero era llevado al edificio de la calle Uruguay, donde se le entregaba a Daniel Muñoz que ya no era secretario presidencial, se sindica a CFK como jefa. No importa que a la ex presidenta no se le haya encontrado ni dinero ni cuentas ni sociedades en el exterior ni bóvedas escondidas.
Más allá de todo, el juez señala que CFK, De Vido, Baratta y otros funcionarios conformaron una asociación ilícita con una multitud de empresarios, la mayoría de ellos totalmente ajenos a las compras de gas licuado.
Fiscal
En Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla tiene citado a Stornelli para este miércoles. El fiscal seguramente no concurrirá. Pero el magistrado le iba a preguntar –según surge de sus textos– por la extorsión a Pedro Etchebest, el armado de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, la extorsión a los hijos de Ricardo Barreiro, la declaración irregular del ex empleado de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, y varias otras sospechas que aparecen en el expediente. En el listado figuraría la convocatoria a D’Alessio, extorsionador y protagonista de operaciones de espionaje, para que declare en la causa del GNL. Se trató de otra jugada tramada con el ahora detenido.
En Comodoro Py ya están extendidos los rumores de que Stornelli será desplazado de las dos causas, la de las fotocopias de los cuadernos y la del GNL. Se habla de que designarían dos fiscales más para que Stornelli quede a un costado porque le recriminan que cuando explotó el escándalo minimizó las cosas y no les dijo a quienes lo rodean hasta qué punto llegaba la promiscuidad con D’Alessio. Nadie sabe si el procurador Eduardo Casal promoverá el apartamiento o lo hará el juez Bonadio o si la decisión finalmente la tomará la Cámara Federal. Habrá que ver si la salida se concreta, pero el rumor está instalado.
Caso D’Alessio: cronología del escándalo que sacude a la mafia
La denuncia inicial por la extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio contra el empresario Pedro Etchebest en nombre del fiscal Carlos Stornelli para no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos generó un sinnúmero de repercusiones judiciales, políticas y hasta mediáticas. El caso puso sobre la mesa con más pruebas que nunca el submundo mafioso en el que se mezclan servicios locales e internacionales con fiscales, jueces, operadores disfrazados de periodistas y otros personajes de la peor calaña. A fin de ordenar la información dispersa producida desde se conoció la denuncia, PáginaI12 presenta una cronología con los hechos y derivaciones más importantes:
Viernes 8 de febrero, Página/12 informó en detalle que Marcelo D’Alessio, agente de la DEA y sobrino del escribano general de gobierno, había extorsionado al empresario Pedro Etchebest en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli para no detenerlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Tras acumular audios, filmaciones, fotos y capturas de pantalla, el empresario lo había denunciado el 28 de enero en Dolores, jurisdicción donde presenció un encuentro entre espía y fiscal. Un día después del primer allanamiento a D’Alessio y horas antes de la publicación, la diputada Elisa Carrió anunció que “Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli”.
Lunes 11 de febrero. Carrió se presentó a la justicia para sugerir que la denuncia era una confabulación de presos ligados al kirchnerismo para acusar a Stornelli. Como prueba presentó escuchas que dijo haber recibido en un sobre anónimo. Eran grabaciones tomadas en la causa al “rey de la efedrina” Mario Segovia, que además de no revelar ninguna operación debían haber sido destruidas porque no tenían relación con el objeto de esa investigación. Ese día la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó que D’Alessio trabajara para ella. El espía había dicho que el ministerio le pagaba por defender al financista Leonardo Fariña. “Lo he visto una vez, me parece una persona que tiene algún tipo de problemas”, dijo Bullrich.
Martes 12 de febrero. Con cinco días de atraso, Stornelli denunció a D’Alessio por defraudación. Lejos de su primera reacción, cuando dijo que todo era “una operación política” y que sólo había visto a D’Alessio dos veces, admitió que era un habitué de su fiscalía involucrado en diversos delitos. Como al pasar, dijo que la extorsión se pagó en Puerto Madero, la jugada para quitarle la causa a Ramos Padilla. Poco después se sorteó el expediente y recayó en Julián Ercolini, juez amigo del gobierno y de Stornelli. Completo la jugada el abogado de D’Alessio, Claudio Fogar, al pedir que interviniera Ercolini. Ese mismo día el abogado José Manuel Ubeira pidió apartar a Stornelli de la causa de las fotocopias, tras denunciar que de los chats recibidos por Etchebest surgía que D’Alessio había acordado con el fiscal hacerle una cámara oculta. El objetivo era insinuar que formaba parte de una maniobra extorsiva contra el fiscal. Ubeira representa a Oscar Thomas, ex director de Yacyretá, quien no aceptó ser “arrepentido” en la causa de las fotocopias.
Miércoles 13 de febrero. Por orden de Ramos Padilla y de su par de Lomas de Zamora, Federico Villena (en una causa por lavado de dinero del narcotráfico), se allana la mansión de D’Alessio en el country Saint Thomas. Se encuentran con una fortuna descomunal (diez autos de lujo, un yate), con armas de última generación, placas de la DEA y abundantes pruebas sobre las actividades de inteligencia que desarrollaba. En la madrugada del jueves D’Alessio se presenta en un juzgado penal para presentar un hábeas corpus. Allí declara que el pedido de plata a Etchebest fue en el marco de una investigación que hacía para dos agentes orgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. El propio imputado pone en el centro de la escena al Poder Ejecutivo, del que depende la AFI, que conduce el amigo del presidente, Gustavo Arribas.
Viernes 15 de febrero. Un hijo de Ricardo Barreiro, ex secretario de la ex presidenta Cristina Kirchner que había estado detenido en la causa de las fotocopias, denunció ante Ramos Padilla que D’Alessio intentó extorsionarlo para que liberen a su padre y no detengan a su hermano. El mismo dato le había hecho conocer su padre a Stornelli al declarar en su fiscalía el 8 de octubre.
Lunes 18 de febrero. Ramos Padilla indaga a D’Alessio, ya detenido, quien niega ser el “cajero” de Stornelli y sugiere que fue engañado por el gobierno a través de la AFI, en especial de Bogoliuk. Le implora al juez que le permita volver a su casa, aunque sea con una tobillera electrónica.
El mismo día el juez le pide al juez Ercolini copia de la causa que instruye y a Stornelli los intercambios de WhatsApp con D’Alessio, para confrontarlo con los que aportó Etchebest. El fiscal se niega a enviarlos, mientras avanza la maniobra para quitarle la causa a Ramos Padilla. Ercolini, sin haber visto una sola foja de la causa por extorsión, le pide que le remita el expediente a su juzgado en Comodoro Py. El cuestionamiento a su competencia obliga al juez de Dolores a levantar el secreto de sumario para pedirle opinión a todas las partes.
Lunes 25 de febrero. Ramos Padilla procesa a D’Alessio como miembro de una asociación ilícita dedicada a realizar “ablandes, carpetazos, operaciones de inteligencia y producir pánico” en personas luego extorsionadas para que “se volvieran arrepentidos o entregaran dinero”. Esa noche pide la detención de los dos ex comisarios.
El mismo día, los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade y el senador Marcelo Fuentes la piden al titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, el radical Juan Carlos Marino, que cite a Ramos Padilla para responder sobre “la actividad de agentes de inteligencia -orgánicos o inorgánicos- que están llevando adelante operaciones ilícitas vinculadas con la actividad del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”, que mencionó en el procesamiento.
Miércoles 27 de febrero. Los ex comisarios se niegan a declarar ante Ramos Padilla. D’Alessio hace lo propio ante el juez Luis Rodríguez, que desempolvó una denuncia de fines de 2016 por la extorsión a un comerciante llamado Gabriel Traficante, a quien intentó sacarle 90.000 dólares para supuestamente aliviar su situación en el fuero penal económico.
Jueves 28 de febrero. Ramos Padilla cita a indagatoria a Stornelli para el 7 de marzo. “Las distintas investigaciones y espionajes que le reclamaba el fiscal a D’Alessio, a quien consideraba un servicio de inteligencia de los Estados Unidos y a quien le pedía ‘merca’ (información), le solicitaba ‘investigaciones paralelas’ o ‘extraoficiales’ y hasta operaciones de espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban. Como ya se ha dicho, D’Alessio no era un simple extorsionador u operador judicial que habría girado a un fiscal descuidado, sino alguien que se presentaba como agente de la DEA y se ponía al servicio del fiscal para realizar tareas de investigación y espionaje”, destaca. Notificado sobre la indagatoria, el procurador interino Eduardo Casal abre un expediente disciplinario contra Stornelli. El mismo día, el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, le pide sorpresivamente a Ramos Padilla que decline su competencia y mande la causa al juzgado de Ercolini.
Viernes 1º de marzo. Ramos Padilla envía un informe a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso y se ofrece a concurrir personalmente. Envía además una caja con elementos de prueba y 943 páginas de transcripciones y fotocopias, que no es recibida por asueto del Congreso.
RED DE ESPIONAJE ILEGAL D’Alessio es una pieza del rompecabezas de espías
No tengo datos extraoficiales, ni carpetas que lleguen a mi despacho, ni D’Alessio que me ladre. Tengo lo que cualquiera puede ver, además de lo que he obtenido preguntando y militando en años, en causas relacionadas a las libertades democráticas, y como diputada de una banca puesta siempre al servicio de estas peleas. Haciendo todas estas aclaraciones, los números igual son asombrosos, las historias muy truculentas y los sótanos donde funciona el entramado de inteligencia ilegal, muy amplios.
Viajando un instante en el tiempo, a la llegada del gobierno constitucional, vemos que comienza a recorrer el país la imagen del flamante presidente Raúl Alfonsín, acompañado de su custodia, claro. Varios ex detenidos desaparecidos reconocen a uno de ellos: era Raúl Guglielminetti, alias Mayor Guastavino, un agente de inteligencia perteneciente al Batallón 601, infiltrado en la universidad incluso antes de la dictadura, desde que era miembro de la Triple A. Con el organismo que integro, el CeProDH, fuimos parte de las querellas que en Neuquén lo llevaron a juicio y consiguieron condena por delitos de lesa humanidad.
Pero no nos vamos a ir tan lejos. Según Página/12 del 22/02/2015, el propio Ministerio de Defensa informó que aún quedaban en actividad 1403 agentes de inteligencia del Ejército, los famosos y temibles “PCI” (Personal Civil de Inteligencia). ¿Cuáles serían las hipótesis de conflicto que se manejaban en aquel 2015 bajo el comando de Milani para mantener a esos herederos del famoso Batallón Nº 601? Raramente se pueda explicar. El 601 continuó actuando bajo los gobiernos constitucionales y sus agentes -que se habían insertado en la vida política y gremial- siguieron allí, tanto que uno de ellos llegó a dirigir la CGT; sí, la Confederación General de Trabajadores. Gerardo Martínez “fue” PCI del Batallón de Inteligencia Nº 601 en el período 1976/1983. Actuaba bajo el seudónimo de Gabriel Antonio Mansilla. Lo denunciamos, pero la causa fue convenientemente archivada. Vuestra Señoría nos calificó como “excursionistas de pesca”. Todo para poder asegurar la impunidad de este pez demasiado gordo.
Hace unas semanas fue indagado, por el juez Sergio Torres, el agente secreto de la Policía Federal Alejandro Américo Balbuena. El juez (con la anuencia del fiscal Carlos Stornelli) lo llamó a declarar cinco años después de que lo querelláramos con un conjunto de organizaciones. Balbuena se hizo pasar por periodista de un medio alternativo hasta que en mayo de 2013 una interna sacó a la luz su condición de agente de Inteligencia de la Policía Federal Argentina, de buchón infiltrado. Durante once años, “entrevistó” a referentes sociales, políticos, sindicales y de derechos humanos. Y conocía en detalle los movimientos de las organizaciones. A muchos de ellos los acompañamos a declarar en esa causa hace varios años ya.
Balbuena es uno más de los “plumas” de la Federal. Esa fuerza cuenta con más de mil espías ilegales amparados por el Estado. La tarea de Balbuena y los mil espías estuvo amparada por decretos que reglamentaron la “Ley Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”, durante la dictadura de Onganía en 1967. Hasta el día hoy nadie se atrevió a tocarla. Cuando en 2013 sacamos el caso a la luz, la Policía Federal le abrió un sumario interno a Balbuena donde no se investigó prácticamente nada, salvo a nosotros, los denunciantes.
Algunos de estos mil agentes han tenido un nefasto rol protagónico en causas con enorme trascendencia política. Miriam Lewin y Horacio Lutzky describen en su libro “Iosi” la historia del infiltrado José Alberto Pérez (Iosi). Pérez fue infiltrado en la comunidad judía, según le dijeron sus jefes, con el objetivo de descubrir “conspiraciones secretas”, incluyendo el mítico “Plan Andinia”. Para eso estudió hebreo, religión y hasta se casó con una mujer judía, pero eso se lo ocultó a sus jefes. Por esa vía, habría pasado a sus superiores de la Federal información que pudo haber sido utilizada para cometer el atentado.
Con Nicolás del Caño hemos presentado reiteradamente un proyecto de ley para eliminar toda esa normativa que ampara el espionaje ilegal y la disolución de ese Cuerpo de Informaciones, pero fue severamente cajoneado.
A esta altura, ya podemos hacer una cuenta rápida: unos 1.400 del Ejército, más unos 1.000 de la Federal, ya vamos por 2400 personas dedicadas al espionaje a la población, sin contar la AFI (ex SIDE) y los llamados “inorgánicos”.
Durante huelga de 2016, los docentes de Suteba Tigre, reunidos en asamblea, echaron a un tipo sospechoso. El hombre huyó y se subió a una camioneta que, investigando, supimos era de su padre, quien figura en la misma lista de espías que Balbuena. Aparentemente este hijo (aunque sí un hermano) no formaba parte del cuerpo, pero parece que la práctica del buchonaje se imita. Tampoco en el caso logramos que se investigue a pesar de realizar la denuncia penal.
El jefe directo de Balbuena en la División Análisis del cuerpo de espías, el Comisario Inspector Alejandro Oscar Sánchez que había sido mandado a investigar en el marco del caso Balbuena, fue ascendido en enero de 2017 por Patricia Bullrich a la Dirección Antiterrorista de la Federal.
El “Proyecto X” de la Gendarmería Nacional era llevado adelante en “centros de reunión de información”, había “análisis de medios”, etc. El mismo vocabulario que encontramos en la DIPPBA de la Policía Bonaerense o en cualquier otro cuerpo de la dictadura. Cuántos lo integran es difícil saberlo porque funciona dentro de las propias dependencias de la GNA.
En 2014 en el conflicto de los trabajadores de la empresa LEAR, fue reprimido en múltiples oportunidades. Sergio Berni se encontraba al mando de la represión e infiltró en la protesta al coronel (R) del arma de Caballería Roberto Ángel Galeano, quien estuvo en las Malvinas con Mohamed Alí Seineldín. Además fue jefe de Inteligencia del III Cuerpo de Ejército de Córdoba y de Contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Lo denunciamos junto con el famoso “gendarme carancho” que, a fines del año pasado, volvió a declarar para desmentir su primera declaración diciendo que lo habían hecho mentir y que, efectivamente, es verdad que las órdenes en el operativo en la autopista Panamericana contra los manifestantes, las daba el agente infiltrado.
Cuando hicimos la denuncia Horacio Verbitsky publicó que el por aquel entonces jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, era un agente de la DEA. Nuevamente esas relaciones se evidenciaron con el caso Nisman, donde se vio la relación obscena del espionaje local con las agencias extranjeras, lo mismo que aparece ahora en el caso D’Alessio que instruye el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quién hizo mención a esta relación con agencias de EE.UU. en su exposición en el Congreso de la Nación.
El CELS llevó a juicio al Almirante Godoy y a otros marinos por tener un servicio de espionaje que funcionaba en la estructura de la Armada, que supo tener al temible “SIN” (Servicio de Inteligencia Naval) en la dictadura, con un lugar reservado en la ESMA para realizar sus propias sesiones de torturas a los detenidos.
Podríamos relatar el rol de Stiuso y la SIDE en la causa por la desaparición de Julio López. El propio juez Ramos Padilla puso como ejemplo esa causa para demostrar cómo el espionaje ilegal no se usa para llegar a la verdad, sino para esconderla. Podríamos recordar cómo con los fondos de esa agencia se pagaron las coimas para conseguir la aprobación de la antiobrera “Ley Banelco” durante el gobierno de De la Rúa. Podríamos relatar cómo la familia de Raúl Alejandro Tarifeño se enteró de que él era un infiltrado del Batallón 601 -y no un abnegado militante de izquierda- el día que llegó a su casa la carta de retiro. Podríamos hablar de Ciro James y el Fino Palacios. Podríamos recordar que César Milani ingresó en el Ejército en febrero de 1975 y a la Escuela de Inteligencia en 1982 para pasar luego al Batallón 601. Espías, sobran.
Esto no intenta ser una radiografía de todos los cuerpos de servicios existentes ni la historia de la infiltración, solo resaltar algunos hechos a través de las denuncias que hemos hecho con los organismos de Derechos Humanos y mi partido. Dar cuenta de la profunda protección política de todos los gobiernos con que han contado y con que cuentan. Es apenas una minúscula pero rotunda prueba de que además de los carpetazos, las extorsiones y todo el accionar mafioso que sacó a la luz el caso D’Alessio, uno de sus roles fundamentales es espiar a organizaciones de izquierda y a los que luchan, lo que no excluye que llegado el caso, los usen para perseguir a todo tipo de opositores políticos, o como parte del manejo de negocios empresariales.
Nuestra historia en la justicia no tiene un mejor final. Es más bien una historia de fracasos, de causas que se enlentecen ad infinitum, que se mandan a archivar. Siempre nos faltan cinco para el peso, como dice el dicho popular. No hemos conseguido siquiera que se instruya seriamente la denuncia que hicimos por el espionaje a la familia de Santiago Maldonado.
La justicia protege, encubre y como demuestra el caso D’Alessio, consume el espionaje ilegal. Lo fomenta y no lo combate porque son enormes los intereses políticos y económicos que entrelazan a empresarios poderosos con el personal político que dirige los hilos del Estado. Estado, claro, al servicio de esos mismos intereses económicos.
¿Cuántos son? ¿Dónde hay otro D’Alessio infiltrado? ¿Y los plumas?
Cuando todo esto sale a la luz, creo que hasta desde un punto vista económico es difícil que el gobierno que está llevando el país a la catástrofe pueda explicarle a la sociedad por qué hay que mantener a estas redes de inteligencia. Niegan y recortan pensiones a discapacitados, pero ¿gastan dinero en esto?
Que no nos inventen que están al servicio de combatir el narcotráfico o la trata de personas, porque eso ya se ha demostrado como una farsa, algo que nadie puede sostener seriamente cuando es la propia DEA y la Embajada de Estados Unidos la que opera junto a los servicios. Evidentemente rechazamos la existencia de estos organismos que solo luchan contra el contra el pueblo trabajador.
El ex abogado de Franco Macri enterró a Mauricio: "Él manejaba SOCMA"
Luego de las declaraciones de Mauricio Macri sobre su padre, a quien acusó haber cometido "delitos" y pagó coimas, Luis Conde, quien fuera abogado de Franco Macri, aseguró que no vio que su defendido pagara coimas, aunque aclaró que “Mauricio Macri manejaba SOCMA”.
En diálogo con el programa “Habrá Consecuencias” en El Destape Radio, Conde aseguró que “después de que Franco repartió SOCMA, todo lo manejaba Mauricio Macri con su CEO que se llamaba Maffioli” y que “todas las negociaciones pasaban por Mauricio Macri y en segundo plano por Gianfranco. El ideólogo de todo era Mauricio”.
El presidente Mauricio Macri acusó a su fallecido padre, Franco Macri, de formar parte de "un sistema extorsivo" durante el kirchnerismo. "Es un delito lo que hizo mi padre", lanzó entre distintas declaraciones brindadas al periodista amigo Luis Majul para su programa, La Cornisa.
Macri se desvinculó de su padre, lo trató de delincuente e intentó ligarlo al kirchnerismo. Franco Macri falleció hace dos semanas, a los 88 años. El día anterior, durante la apertura de sesiones ordinarias, el primer mandatario aseguró que todos debían rendir cuentas (por delitos), inclusive los de su familia.
ERSA, el botín de guerra que hizo explotar a Cambiemos
domingo, 17 de marzo de 2019
Cinco claves para entender quién es Lavagna y por qué impulsan su candidatura
1) El oficialismo de Cambiemos atraviesa una profunda crisis. La inflación sigue alta, no paran de llegar tarifazos, y aumentan los despidos y las suspensiones por la recesión. Ante la incertidumbre sobre si en estas condiciones Macri podrá lograr la reelección, “por las dudas” muchos de los hombres más poderosos del país empiezan a pensar un “plan B” que les garantice seguir haciendo sus negocios. Especialmente, están en esta movida muchos de los empresarios ligados a la Unión Industrial Argentina. Así lo confesó el economista Miguel Ángel Broda en una charla frente a empresarios en el coqueto Rotary Club: “La clase empresarial está muy entusiasmada con Lavagna. Yo lo prefiero a Macri, pero mis clientes no. Hubo una decepción muy grande con este Gobierno”. Algunos medios como Clarín y otros, se ocupan de amplificar hasta el cansancio el “operativo Lavagna”.
2) Los empresarios tienen buenos motivos para pensar que Lavagna puede ser una buena alternativa... para ellos. Esto se debe principalmente al larguísimo historial de este economista a través de distintos gobiernos, siempre trabajando al servicio de los poderosos. Lavagna fue funcionario del último Gobierno de Perón y continuó como funcionario, tras la muerte del General, al servicio de la presidencia de Isabel y López Rega; volvió a estar en la función pública (en la Secretaría de Industria y Comercio Exterior) en los años de Raúl Alfonsín, cuando fueron ampliamente beneficiados grupos como Bunge y Born, Techint, Pérez Companc, Macri y otros; fue embajador del Gobierno de Fernando de la Rúa ante la Unión Europea, mientras el país se hundía en una de las crisis más terribles de su historia; integró el gabinete de Eduardo Duhalde, aplicando el modelo de salarios bajos tras la megadevaluación que siguió al 19 y 20 de diciembre de 2001; fue ministro de Economía durante el mandato de Néstor Kirchner, volviendo a renegociar el pago de la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda pública, e impulsando un régimen de promoción industrial favorable a los grandes empresarios; en 2007 se presentó como candidato a presidente con el hoy gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que encabeza una provincia con uno de los regímenes más represivos del país; en 2015 apoyó para las elecciones presidenciales la candidatura de Sergio Massa. Con este historial, los poderosos se pueden quedar tranquilos.
3) Por esta trayectoria es que también confían en él algunos dirigentes como Miguel Ángel Pichetto o Sergio Massa. Se trata de dos de los principales referentes que le garantizaron a Macri la aprobación de las leyes de ajuste y entrega en el Congreso Nacional, además de ser conocidos por sus posiciones xenófobas y de criminalización de la protesta y la pobreza. También en los últimos días el empresario del espectáculo Marcelo Tinelli, alguien que se ha destacado por apelar a la permanente cosificación de la mujer como recurso en televisión, se acercó al ex ministro que, dicho sea de paso, es un ferviente opositor al derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Si ellos son sus aliados...
4) Quienes también apoyan la candidatura de Lavagna son algunos de los peores burócratas sindicales del país, que se hacen millonarios mientras sus afiliados sufren las consecuencias del ajuste. Este martes el economista se reunió con algunas decenas de dirigentes gremiales, entre ellos el impresentable Luis Barrionuevo, el mercantil Armando Cavallieri y Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT que ya dejó pasar casi cuatro años de ajuste macrista sin oponer ninguna resistencia.
5) Al igual que Axel Kicillof o Juan Manuel Urtubey, Lavagna se reunió hace pocas semanas con los enviados del FMI. Todos ellos se proponen seguir subordinados al organismo y aplicando brutales ajustes para pagar la deuda pública a los especuladores. Contra todas esas trampas, la única alternativa para que la crisis no termine en más hambre, miseria y desocupación, es la que propone el Frente de Izquierda, y que parte de medidas elementales como romper con el FMI y dejar de pagar la deuda.
La patria periodística salió a defender a Santoro y encubrir al agente de la DEA D’Alessio
Ramos Padilla: "Por la denuncia contra Stornelli, descubrimos una red de espionaje judicial de magnitudes"
El juez de la causa Stornelli expuso ante el Congreso, aseguró que se trata de una red de espionaje ilegal y pide que se avance con celeridad. "D'Alessio ofrecía información falsa", afirmó.
Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sostuvo este miércoles que la causa por presunta extorsión que involucra al fiscal Carlos Stornelli es apenas una porción "ínfima" de las revelaciones que están saliendo a la luz, ya que advirtió que se está investigando es "una red de espionaje político y judicial ilegal paraestatal de magnitudes".
"Soy el juez de la causa, voy a tomar todos los recaudos necesarios para preservar la investigación, para preservar la integridad y los datos reservados de las víctimas, y no voy a hacer conclusiones, sino que voy a exponer la información recogida hasta el momento", aclaró el magistrado al principio de su intervención en el Congreso.
Para Ramos Padilla, la trama de extorsión y pedido de coima en nombre de Stornelli por la que el supuesto abogado Marcelo D'Alessio se encuentra procesado con prisión preventiva vendría a ser apenas la punta de ovillo de un cuadro mucho más grande que inclusive podría afectar, según dijo, las relaciones exteriores de Argentina con países como Estados Unidos, Israel, Venezuela y Uruguay.
"Lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, no a uno solo, sino a varios, a un periodista, a un juez, es ínfimo... Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay, porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de varios países", alertó.
Los representantes del oficialismo resolvieron no escuchar los argumentos del juez que investiga una de las causas con mayores implicancias institucionales de los últimos años.
A partir de la información recabada tras el allanamiento a la casa de D'Alessio, el magistrado advirtió que el falso abogado y supuesto operador de Stornelli realiza desde hace tiempo operaciones “vinculadas con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos (nacionales y provinciales), las fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales), los poderes políticos y los medios de prensa”.
De acuerdo con Ramos Padilla, el propio D'Alessio confesó las actividades que realizaba al momento de que se realizara el primer allanamiento, mientras reclamaba por el auxilio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del jefe de la AFI Gustavo Arribas e incluso del presidente Mauricio Macri.
Según explicó la metodología empleada constaba en la "recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de manera paralela a las causas judiciales que se utilizaban para luego llevar a cabo acciones coactivas intimidatorias y extorsivas con la finalidad de influir en causas judiciales".
Y detalló: "Encontramos documentos, legajos de inteligencia, cuadernos con anotaciones de datos sensibles acerca de los hijos, esposas, de los allegados que eran objetivos, elementos de espionaje tales como cámaras ocultas entre llaveros, drones, un arma que llamo la atención de todos”.
El magistrado se quejó además del silencio del Procurador General, Eduardo Casal, que se negó a intervenir a pesar de su pedido y apuntó contra su par Julián Ercolini, quien solicitó su inhibición "y le dieran la causa por tener el mismo objeto procesal, pero nunca supe cómo pudo conocerlo con secreto de sumario".
El complejo entramado de espionaje fue ejemplificado por el juez de Dolores con el caso del ex directivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat. "Se aplicó el mecanismo de ablande o quiebre para publicar en los medios", apuntó Ramos Padilla y subrayó que entre la información secuestrada del celular y la computadora de D'Alessio surgen contactos con el "usuario Carlos Stornelli".
El magistrado sostuvo que D'Alessio se presentó ante Brusa Duvat siempre como jefe regional de la DEA y le prometió que si seguía sus indicaciones y le ofrecía información sobre otros activos de la petrolera en la Argentina "estaría protegido por la DEA". Según la investigación de Ramos Padilla, D'Alessio señaló como parte del protocolo de la DEA que se debía presentar a declarar ante Stornelli y ofrecer entrevistas para Clarín, TN y América 24."No fui a declarar ante el fiscal ni a la entrevista por iniciativa propia, sino inducido por las circunstancias", leyó el juez una confesión posterior del ex directivo de la empresa venezolana.
Un perito denunció que el ARA San Juan naufragó por el ataque de un misil
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