Fuentes de la causa dieron a conocer un detalle revelador: la lista de personas bajo la lupa de la gestión Vidal llega a las 46.000. Esa fue la cantidad de pedidos realizados a la empresa Nosis desde distintas dependencias policiales.
Todo comenzó semanas atrás, luego de que se conocieran detalles de la investigación del uso de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri para la persecución y escucha de dirigentes políticos, sindicales y empresariales.
Inmediatamente después, los bonaerenses se enteraban de que en la Provincia se había montado un aparato similar, en teoría más pequeño, en el que, desde la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, también se habían llevado a cabo este tipo de tareas.
En primera instancia, salió a la luz la denuncia contra el titular de esa dependencia, Guillermo Berra, y su esposa, María Rosario Sardiña. La lista era de poco más de 1.200 casos entre 2016 y 2019, y en la que figuraban dirigentes políticos como los intendentes Espinoza, Mussi y Mario Ishii, y organismos clave de dos poderes del Estado, como la Suprema Corte bonaerense y ambas cámaras legislativas de la Provincia.
En las últimas horas, el diario Hoy pudo establecer que ese universo era en realidad mucho más amplio e infinito. Según informó la empresa Nosis, firma especializada en información financiera, los objetivos del presunto espionaje montado por María Eugenia Vidal eran 46.000 personas.
En la lista aparecen personas y organismos que hasta el momento no figuraban en la investigación que lleva adelante la Justicia bonaerense. La lista es interminable, y está plagada de objetivos civiles.
El rol de Ritondo
En la investigación ahora aparece que desde el Ministerio de Seguridad, que estaba encabezado por Cristian Ritondo, se había solicitado una habilitación indiscriminada de informes Nosis y Veraz, para tres dependencias: Asuntos Internos, Narcotráfico e Inteligencia Criminal.
Desde Asuntos Internos se realizó el pedido por 1.200 informes de Nosis, según la pericia oficial, que habrían recaído sobre investigaciones patrimoniales de familiares de policías investigados por supuestos enriquecimientos ilícitos, jueces y demás funcionarios.
Según la empresa de datos, Narcotráfico habría utilizado en sus investigaciones unos 2.000 informes. En tanto, el resto de los miles de pedidos se habrían realizado desde la división de Inteligencia Criminal, por ejemplo, en el caso del espionaje conocido este martes al exgobernador bonaerense Daniel Scioli.
De esta forma, ahora la Justicia no tendría solo a Guillermo Berra como principal sospechoso, sino que los indicios empezarían a girar y apuntar directamente hacia el exministro Ritondo, un escalón más alto en la pirámide de poder en esos tiempos, y por añadidura más cercano a la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Según fuentes cercanas a la investigación, la exmandataria habría solicitado a Berra seguir al círculo de Ritondo, y de allí habría venido el enfrentamiento entre ambos, con distintos pases de factura, que terminan con el resultado inesperado de esta causa judicial.
Además, se pudo establecer que en las próximas horas llegaría el pedido a la Justicia para que se dé a conocer el listado de las miles de víctimas.
Sospechas sobre el rol de Conte Grand
Hace unas dos semanas, Guillermo Berra informó mediante una nota dirigida al procurador general, Julio Conte Grand, que se estaban cometiendo irregularidades en el proceso por parte de distintos actores, y que en realidad la red a investigar era mucho más amplia.
El por ahora jefe de los fiscales habría contestado en muy mal modo, avalando lo que hasta allí se estaba investigando. Según pudo establecer el diario Hoy, en las próximas horas también podría haber novedades por una posible denuncia por encubrimiento contra el propio Conte Grand, uno de los funcionarios más mimados durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Hasta ahora, Berra y su esposa, Rosario Sardiña, están imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, que es un delito que tipifica la “malversación de fondos públicos”, y fue citado a declarar por la fiscal Corfield para el lunes 29.
En tanto, la causa tiene hasta hoy cuatro querellantes. Entre ellos, el excomisario Néstor Martín, que originó la investigación, y el ex jefe de asesores del exministro Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti, además de un asesor y una auditora del propio Guillermo Berra.
Pero podría ampliarse en las próximas horas con presuntas “víctimas” que empiezan a presentarse en la causa para conocer con precisión la información que los involucra.
Todo comenzó semanas atrás, luego de que se conocieran detalles de la investigación del uso de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri para la persecución y escucha de dirigentes políticos, sindicales y empresariales.
Inmediatamente después, los bonaerenses se enteraban de que en la Provincia se había montado un aparato similar, en teoría más pequeño, en el que, desde la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, también se habían llevado a cabo este tipo de tareas.
En primera instancia, salió a la luz la denuncia contra el titular de esa dependencia, Guillermo Berra, y su esposa, María Rosario Sardiña. La lista era de poco más de 1.200 casos entre 2016 y 2019, y en la que figuraban dirigentes políticos como los intendentes Espinoza, Mussi y Mario Ishii, y organismos clave de dos poderes del Estado, como la Suprema Corte bonaerense y ambas cámaras legislativas de la Provincia.
En las últimas horas, el diario Hoy pudo establecer que ese universo era en realidad mucho más amplio e infinito. Según informó la empresa Nosis, firma especializada en información financiera, los objetivos del presunto espionaje montado por María Eugenia Vidal eran 46.000 personas.
En la lista aparecen personas y organismos que hasta el momento no figuraban en la investigación que lleva adelante la Justicia bonaerense. La lista es interminable, y está plagada de objetivos civiles.
El rol de Ritondo
En la investigación ahora aparece que desde el Ministerio de Seguridad, que estaba encabezado por Cristian Ritondo, se había solicitado una habilitación indiscriminada de informes Nosis y Veraz, para tres dependencias: Asuntos Internos, Narcotráfico e Inteligencia Criminal.
Desde Asuntos Internos se realizó el pedido por 1.200 informes de Nosis, según la pericia oficial, que habrían recaído sobre investigaciones patrimoniales de familiares de policías investigados por supuestos enriquecimientos ilícitos, jueces y demás funcionarios.
Según la empresa de datos, Narcotráfico habría utilizado en sus investigaciones unos 2.000 informes. En tanto, el resto de los miles de pedidos se habrían realizado desde la división de Inteligencia Criminal, por ejemplo, en el caso del espionaje conocido este martes al exgobernador bonaerense Daniel Scioli.
De esta forma, ahora la Justicia no tendría solo a Guillermo Berra como principal sospechoso, sino que los indicios empezarían a girar y apuntar directamente hacia el exministro Ritondo, un escalón más alto en la pirámide de poder en esos tiempos, y por añadidura más cercano a la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Según fuentes cercanas a la investigación, la exmandataria habría solicitado a Berra seguir al círculo de Ritondo, y de allí habría venido el enfrentamiento entre ambos, con distintos pases de factura, que terminan con el resultado inesperado de esta causa judicial.
Además, se pudo establecer que en las próximas horas llegaría el pedido a la Justicia para que se dé a conocer el listado de las miles de víctimas.
Sospechas sobre el rol de Conte Grand
Hace unas dos semanas, Guillermo Berra informó mediante una nota dirigida al procurador general, Julio Conte Grand, que se estaban cometiendo irregularidades en el proceso por parte de distintos actores, y que en realidad la red a investigar era mucho más amplia.
El por ahora jefe de los fiscales habría contestado en muy mal modo, avalando lo que hasta allí se estaba investigando. Según pudo establecer el diario Hoy, en las próximas horas también podría haber novedades por una posible denuncia por encubrimiento contra el propio Conte Grand, uno de los funcionarios más mimados durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Hasta ahora, Berra y su esposa, Rosario Sardiña, están imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, que es un delito que tipifica la “malversación de fondos públicos”, y fue citado a declarar por la fiscal Corfield para el lunes 29.
En tanto, la causa tiene hasta hoy cuatro querellantes. Entre ellos, el excomisario Néstor Martín, que originó la investigación, y el ex jefe de asesores del exministro Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti, además de un asesor y una auditora del propio Guillermo Berra.
Pero podría ampliarse en las próximas horas con presuntas “víctimas” que empiezan a presentarse en la causa para conocer con precisión la información que los involucra.
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