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jueves, 17 de diciembre de 2020
De Mempo Giardinelli
Historia negra de la Corte (de los milagros)
Por Mempo Giardinelli
Esta semana gran parte de la ciudadanía empezó a pensar que la Corte Suprema de Justicia batía todos los récords de malicia e ignominia en la vida política nacional, y no le faltaron razones. Porque la historia de la Corte muestra que desde los inicios de la República ha sido un factor permanente de conflictos, injusticias y sumisión política a los poderes. Una vergüenza de más de un siglo y medio.
Qizás por eso fue impactante la carta abierta de la vicepresidenta con motivo del primer aniversario del gobierno. Ahí sugiere claramente que la Corte actual es una vergüenza. Lo que no es novedad sino, más bien, continuidad histórica.
Y es que desde el texto original de la Constitución Argentina de 1853 se estableció que la CSJ debía integrarse con 9 jueces y dos fiscales, pero esa Corte nunca funcionó. Apenas pudo instalarse 10 años después de sancionada la Constitución, en 1863. Y su primera sentencia se limitó a rechazar un recurso de queja, por defectos de forma... Toda una señal para el futuro...
Después de la batalla de Pavón, en la que Buenos Aires vence e impone condiciones a la Federación, Bartolomé Mitre dispuso que el número de jueces lo estableciera el Congreso, que decidió que fueran 5 y no 9 magistrados. Número que duró casi un siglo, hasta que en 1960 durante la presidencia de Arturo Frondizi se aumentó a 7. Seis años después, el dictador Onganía los volvió a 5. En 1990 Carlos Menem dispuso que mejor 9. Y en 2006 con Néstor Kirchner se volvió a 5. Hasta ahora.
Pero lo más sabroso de la historia no es sólo numérico. Porque desde que la Argentina empezó a ser una república elitista y oligárquica, sin elecciones ni participación popular, otro presidente, Julio Argentino Roca, designó al juez Antonio Bermejo para presidir la Corte Suprema, lo que hizo durante 29 años, siendo así el funcionario que más tiempo ocupó un cargo tan relevante. Murió en 1929 y su influencia en la Corte durante las tres primeras décadas del siglo 20 fue decisiva porque jamás hubo votos en disidencia y se practicaron todo tipo de violaciones a los derechos humanos en la represión al naciente movimiento obrero. Y además dejó un mandato feroz: con el derrocamiento de Yrigoyen en 1930, ese golpe cívico-militar instaló la primera de las 6 dictaduras del siglo 20, todas convalidadas y legitimadas por las Cortes Supremas.
Los miembros de aquella Corte que impuso el dictador José Félix Uriburu dictaron la primera acordada convalidando el derrocamiento de las autoridades constitucionales. Así dieron origen a la llamada Doctrina de los gobiernos de facto, que validó el procurador general en ese gobierno, que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. De ahí en adelante cada dictadura se valió de Cortes que validaron a todos los gobiernos militares autoritarios.
Años después, en 1955, los autores del golpe de estado que derrocó a Juan Domingo Perón y ocuparon los tres poderes y todos los gobiernos provinciales, removieron por primera vez en la historia argentina a todos los miembros de una Corte Suprema. El dictador Eduardo Lonardi nombró por decreto 5 jueces amigos para la Corte y entre sus primeras acordadas figuró restablecer la Doctrina de los gobiernos de facto. Y luego en junio de 1956 Pedro Eugenio Aramburu abolió mediante una proclama toda la Constitución Nacional de 1949 y retrocedió 104 años al reimponer el texto de 1853, con las reformas de 1860.
Poco más tarde, en 1958, al asumir la presidencia Arturo Frondizi renunciaron los cinco supremos que había designado la autollamada "Libertadora" y en 1960 el Congreso amplió el número de integrantes de la Corte a 7. Y en 1966 un nuevo golpe de estado derrocó al presidente Arturo Illia y por segunda vez en una década los golpistas destituyeron a todos los miembros de la Corte. El dictador Juan Carlos Onganía redujo los miembros nuevamente de 7 a 5 y designó una Corte adicta, que volvió a justificar la Doctrina de los gobiernos de facto. Esta Corte aceptó también que el llamado Estatuto de la Revolución Argentina tuviera supremacía sobre la Constitución Nacional.
En 1973 cuando Héctor J. Cámpora asumió la presidencia, renunciaron todos los miembros de la Corte Suprema de la dictadura de Lanusse. Y luego, cuando el 24 de marzo de 1976 la junta militar encabezada por Videla y Massera dio un nuevo golpe, por tercera vez en dos décadas se destituyó por la fuerza a todos los miembros de la Corte. Más aún: todos los jueces del país fueron puestos en comisión y a fin de ese año un tercio había sido cesanteado.
En 1976 el dictador Videla designó una Corte adicta de 5 miembros que juraron "acatamiento a los objetivos básicos de la Junta Militar". No a la Constitución. Los jueces de esa Corte no sólo convalidaron el terrorismo de Estado y la desaparición de 30.000 compatriotas, sino que rechazaron más de 15.000 recursos de habeas corpus.
En 1983 Raúl Alfonsín designó 5 miembros para la Corte, por primera vez con acuerdo del Senado de mayoría peronista. Pero en 1989, apenas elegido, Carlos Menem aumentó el número de cortesanos a 9 pero los conflictos fueron tan frecuentes que entre 1990 y 1994 Menem nombró 10 jueces para la Corte Suprema hasta que logró imponer lo que se conoció como "mayoría automática", con una Corte sumisa y carente de vergüenza.
La Reforma Constitucional de 1994 estableció el acuerdo del Senado para designar jueces de la Corte en “sesión pública” y no más en sesión “secreta”. E incluyó la cláusula de los 75 años como límite de edad para jueces de la Corte.
La crisis de 2001, con la consigna "Que se vayan todos" llevó a que la Cámara de Diputados iniciara juicio político contra todos los miembros de la Corte, y tras otro escándalo de acusaciones, en 2003 y apenas asumir el mando, el presidente Néstor Kirchner decidió acusar a 4 magistrados, de los que tres renunciaron y el otro fue destituido por el Senado. Kirchner estableció por decreto un procedimiento público y con participación ciudadana, para designar a los miembros de la Corte, que dio lugar a la que acaso fue la mejor integración, al incorporarse Eugenio Zaffaroni, Elena Highton y Carmen Argibay.
CFK, quien gobernó dos períodos constitucionales (2007-2015), fue la única presidente que en 8 años de mandato no designó jueces en la Corte Suprema.
Después, en 2015, llegó el circo macrista e introdujeron dos jueces nombrados por decreto, eludiendo el acuerdo del Senado en "sesión pública", como ordena la Constitución. Y aquí paro y les juro que me quedé corto. Porque la Corte Suprema de Justicia en la Argentina es una tradición de vergüenza judicial. Por eso el reclamo y la urgencia de cambios.@
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