Dato histórico elemental

La burguesía terrateniente se inicia con la ejecución de dos decretos a cargo de Bernardino Rivadavia, como ministro de Gobierno de Martín Rodríguez. El primero, del 17 de abril de 1822, prohibía la enajenación de tierra pública. El segundo, del 1° de julio de 1822, establecía que los terrenos bajo la órbita del Ministerio de Hacienda fueran puestos en Enfiteusis. El empréstito liberal El 19 de agosto de 1822, la Junta de Representantes aprobó un proyecto de ley que facultaba al Gobierno "para negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de 3 a 4 millones de pesos, valor real". Pasaron casi dos años hasta que se llegó a un acuerdo por 1.000.000 libras con la banca Baring Brothers. Tres meses después, el 18 de mayo de 1826, se sancionó la Ley de Enfiteusis, en la que se entregaban dichas tierras por el plazo de 20 años a cambio de un canon del 8 por ciento para las tierras de pastoreo y 4 por ciento para las agrícolas. La cronología continúa con la Ley de Consolidación de la Deuda del 15 de febrero de 1826, en cuyo artículo 5° determina que quedaban “especialmente hipotecadas al pago del capital e intereses de la deuda Nacional, las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, cuya enajenación se prohíbe en todo el territorio de la Nación sin precedente especial autorización del Congreso”. La fiscalización del canon no tuvo continuidad en el tiempo y durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se les permitió a sus ocupantes que las comprasen. Como resultado, 538 personas se quedaron con 8.656.000 hectáreas y la Nación, con una deuda que fue saldada 80 años más tarde. Un factor adicional del reparto desigual lo constituye el hecho que de los 538 beneficiarios, el 96 por ciento eran hombres y apenas el 4 por ciento eran mujeres. El empréstito de Rivadavia no fue un caso de endeudamiento aislado, sino que obedeció a una política sistemática del imperio británico. A principios de 1822, Chile, Perú, Colombia, Guatemala y México también solicitaron créditos a Inglaterra por montos semejantes. En total, los seis estados hispanoamericanos quedaron obligados entre 1822 y 1824 por 18.542.000 libras. Los empréstitos neoliberales Al igual que hace 200 años, en el gobierno de Mauricio Macri recursos públicos quedaron como garantía de la deuda. El entonces Presidente autorizó al Ministerio de Finanzas a endeudarse mediante los decretos 29/2017 y 231/2017, por 20.000 millones de dólares y en 3000 millones de francos suizos, respectivamente. Ambos decretos establecen en su artículo 1° la renuncia de Argentina a la inmunidad soberana sobre los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, sobre el conjunto de las riquezas, recursos naturales existentes en el territorio nacional y las empresas de capital estatal, nacionales, provinciales o municipales. Lo peor del caso es la prórroga de jurisdicción en los contratos. Esto significa que, de existir un conflicto, el diferendo se resolverá en tribunales extranjeros. El antecedente más cercano y traumático es el lacerante fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa en favor de los fondos buitre, que el mismo Macri se ocupó de pagar. El acuerdo con el FMI de junio del 2018 también puso al suelo como un elemento pasible de entrega. En el staff report del 13 de julio establecía la venta de tierras públicas como una de las medidas necesarias para mejorar la situación fiscal del país, restablecer la confianza, bajar la inflación. El resultado fue una fuga de capitales que alcanzó los 88.371 millones de dólares. alimentada con una deuda externa que pasó del 13,9 por ciento del PIB en 2015 al 43,5 por ciento en 2019. Fuga en la que apenas el 1 por ciento de las personas humanas explican el 22 por ciento del total. Al igual que Argentina, otros países recibieron créditos del Fondo Monetario Internacional. Como el Ecuador de Lenin Moreno, la Nicaragua de Daniel Ortega o Bolivia durante el interregno dictatorial de Jeanine Áñez. Revisionismo

Comisionistas, asesores y banqueros, todos lucran y lucraron con las deudas. Lo grave es que siempre que tuvieron lugar procesos de endeudamiento se implementaron en el marco de modelos de transferencia y concentración de la riqueza para beneficiar a minorías privilegiadas. En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo pasado, el presidente Alberto Fernández expresó que iba a impulsar una investigación sobre el crédito con el Fondo Monetario Internacional de 2018: “He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”. El entreguismo es una bandera que cruza transversalmente a los gobiernos impopulares. Pero que, a la hora de izar, deliberadamente eligen otras cooptadas del bien común; léase prosperidad, desarrollo o libertad. Excusas nobles para semejante latrocinio en favor del sector privado. En momentos en los que se busca revisar parte de la deuda contraída entre 2016 y 2019, el revisionismo resulta reparador, no sólo para encontrar ilegalidades, sino para identificar a los responsables y beneficiarios de tanto daño. Al igual que con la Baring, la deuda externa del gobierno macrista obedece a cuestiones políticas, geopolíticas y, fundamentalmente, a razones ideológicas. Argentina no tenía necesidades económicas para endeudarse en el exterior en ninguno de esos períodos, prueba de ello es el destino que tuvo dicho endeudamiento. Por Federico Glodowsky Economista. Auxiliar docente de Historia Económica y Social Argentina (UBA).