Proletarios Unidos, vieja consigna del padre del Socialismo Ciéntifico Carlos Marx, es un espacio que intentará reflejar, acercar y unir a todos aquéllos que se sientan parte de la clase trabajadora sin distinciones de partidos o ideologías. Así y con respeto, la idea es volcar temas, consignas, debates , opiniones, etc, para fomentar, acrecentar, valorar y concientizar el papel, el rol y los derechos de la clase trabajadora. Como manda la historia nacemos un 1 de mayo.
domingo, 31 de diciembre de 2017
domingo, 24 de diciembre de 2017
La semana del repudio por Fernando Borroni
LA LEY DEL ATRACO
Caputo aprobó que ANSES gire $500 millones a un fondo que le pertenecía
Otro conflicto de intereses golpea la puerta del Gobierno. Esta vez recae sobre el actual ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo,primo de Nicolás Caputo, el otro yo del presidente Mauricio Macri.
NOTICIAS tuvo acceso al detalle de las inversiones que realizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES(FGS) y detectó que en mayo del 2016 se enviaron 450 millones de pesos al fondo de inversión Axis, cuyo fundador y presidente fue el propio Caputo.
La operación fue realizada el 19 de mayo de ese año y se hizo dentro del paquete “Axis ahorro plus”. Este fondo invierte el dinero de sus depositantes en un 80% en lebacs y el 20% restante entre plazos fijos y otros fondos de inversión. Dentro del mundo de los mercados se considera una inversión de bajísimo riesgo ya que no coloca el dinero en acciones. Según documentos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la inversión total de la ANSES en el fondo “Axis ahorro plus” llegó a superar los 500 millones de pesos que se redujeron con el correr de los meses debido a que la ANSES fue retirando su posición.
La pregunta que surge luego de esta operación es: ¿Caputo violó la ley de ética pública?
Según el artículo 15, inciso B de esa ley, todo funcionario deberá “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria”. Caputo, según los documentos de la CNV, renunció a la presidencia el 4 de diciembre de 2015. Seis días antes de asumir como secretario de Finanzas.
Consideración. En el acta 134 del 14 de julio de 2016, es decir dos meses después de la inversión, el comité ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que integraba Caputo por su entonces rol de secretario de Finanzas, se hizo una “consideración de las operaciones realizadas con los recursos del FGS durante mayo del 2016”. Al final, se aprobó todo, y Caputo firmó el documento.
Desde la oficina del ministro Caputo enfatizaron a NOTICIAS que, antes de asumir en el Estado, el actual ministro ya había vendido todas sus acciones en la sociedad gerente del fondo de inversión “Axis ahorro plus” y agregaron que la decisión de la inversión de los FGSes potestad del director de la ANSES, Emilio Basavilbaso. Sin embargo, el artículo 7º del decreto 2103/08 dice que el fondo será administrado por el director ejecutivo de la ANSES, Basavilbaso, “con la asistencia de un Comité Ejecutivo”, integrado por el secretario de Finanzas (Caputo), el secretario de Hacienda y el secretario de Política Económica.
Axis. Luego de ser presidente del Deutche Bank, Caputo fundó Axis en el 2008 junto con Carlos Planas, Alejandro Abergcobo y Fernando Iribarne. De todos modos, mantuvo la relación con el banco. Los fondos de inversión administran el dinero, pero no son depositarios de la plata de sus clientes. Por lo general, es un banco. En este caso, el depositario de los fondos que administra el fondo Axis es el Deutche Bank. El escribano que rubricó el acta de Axis fue su primo Claudio Caputo, hoy candidato a presidente del Colegio de Escribanos. La hija de su hermano Flavio es empleada en el fondo. Todo en familia.
Cuando Alfonso Prat Gay era el ministro de Hacienda y Finanzas, delegó la negociación con los fondos buitre en Caputo, quien la llevó a buen puerto en poco tiempo. Esa exitosa gestión le generó muchos adeptos dentro del Gobierno e incluso la confianza del equipo económico.
En su declaración jurada, al 31 de diciembre del 2015, se registra que Caputo mantiene inversiones personales a través del fondo Axis. Ya no es más dueño, ahora sólo es cliente. Como la ANSES.
La Violencia
sábado, 23 de diciembre de 2017
BRUTAL REPRESION MACRISTA A JUBILADOS Y TRABAJADORES, CRIMINALIZA LA PROTESTA PARA DESTRUIR DERECHOS ADQUIRIDOS
viernes, 22 de diciembre de 2017
lunes, 18 de diciembre de 2017
Pura ironía
Reforma previsional: la otra cara de la manifestación, una multitud reclama pacíficamente
Una multitud marcha pacíficamente contra la reforma jubilatoria mientras todas las cámaras televisivas hacen foco en el pequeño grupo que protagonizó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto en las redes sociales se multiplican las voces en contra del ajuste a los jubilados que busca aprobar el gobierno tras la fallida sesión del pasado jueves y replican im;agenes de la multitudinaria manifestación que se desarrolla lejos de las cámaras.
"Mientras te muestran las piedras, evitan mostrarte a los trabajadores unidos", es uno de los mensajes que puede leerse acompañado de imágenes de la otra marcha.
"Esta es la otra cara de la protesta social. Pero a los medios no les da rating los que manifiestan pacíficamente", o "Camino tranquilo y a una cuadra de la plaza la gente se reune frente a una vidriera para ver como la tele aprovecha a un grupo de tirapiedras para transformar en violenta una masiva protesta social", son algunos de los relatos que pueden leerse en las redes.
Esta es la otra cara de la protesta social. Pero a los medios no les da rating los que manifiestan pacíficamente. pic.twitter.com/l2NRox4yrA
— Sergio Rek (@SergioRek) 18 de diciembre de 2017
Creo que la marcha contra el ajuste a los jubilados es mucho más que los cientos de pelotudos que tiran piedras. ¿Por qué nadie muestra la multitud presente? pic.twitter.com/2SKzZC3cpi
— Juan Amorín (@juan_amorin) 18 de diciembre de 2017
Mientras te muestran las piedras, evitan mostrarte a los trabajadores unidos. pic.twitter.com/j2OzLLSpFj
— Little Scorpion (@Norita_71_) 18 de diciembre de 2017
Camino tranquilo y a una cuadra de la plaza la gente se reune frente a una vidriera para ver como la tele aprovecha a un grupo de tirapiedras para transformar en violenta una masiva protesta social.
Angelici, favorecido por un fallo que exime a sus bingos de pagar Ganancias
Lavié Pico estimó que esa suba al 41,5% "aparecería como confiscatoria, violando así el derecho constitucional de propiedad", por lo que estimó que correspondía darle la cautelar a las empresas de Angelici.
Con esa medida cautelar a su favor, Angelici ya no tributará un piso de $ 14 millones anuales por sus bingos -como mínimo- y, a cambio, el juez Lavié Pico le ordenó depositar $ 1,5 millón como "caución" en Tribunales, según surge de la resolución judicial cuya copia obtuvo LA NACION.
La medida cautelar, dispuesta el 13 de noviembre pero que hasta ahora no había trascendido, beneficia a tres sociedades del "Tano" Angelici: Bingo Ramallo SA, World Games SA, que controla un bingo en Pergamino e intereses en Brasil, y Desarrollos Maipú SA, con un casino en Mendoza.
Los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apelaron la medida cautelar. Pero Lavié Pico se inclinó otra vez a favor del "Tano" Angelici y concedió el recurso con efecto "devolutivo". Es decir, que mientras se tramite la apelación, la medida cautelar seguirá vigente y, por tanto, los bingos de Angelici no tributarán el impuesto a las ganancias.
Le creyó a Angelici
El magistrado también consideró probado que existiría un "peligro en la demora" de no otorgarles la medida cautelar a los bingos de Angelici, ya que podrían ir "al quebranto" si debieran pagar la alícuota del 41,5%. Y para eso se apoyó en los cálculos contables que aportaron los abogados del propio Angelici pero que no llegaron a cotejarse con peritajes oficiales.
La cautelar que beneficia ahora a Angelici se extenderá hasta que el propio Lavié Pico dicte sentencia de fondo sobre la constitucionalidad de esa alícuota o se cumpla con el plazo máximo de 6 meses para la vigencia de las medidas cautelares -es decir, mayo del año próximo-, prorrogable por otros seis meses. Es decir, podría extenderse hasta fines de 2018.
El juez ya dio indicios en ese sentido en un expediente paralelo al reclamo de Angelici que inició en abril la Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimientos (Uadee), que nuclea a otros bingueros, pero no al operador de Macri, ni así tampoco a grandes jugadores como Codere, Bolt o Casino Club de Cristóbal López, tal como reveló LA NACION el 20 de agosto pasado.
Patrocinados por el abogado Armando Canosa -de buenos vínculos con el camarista más preponderante del fuero, Sergio Fernández- los bingos nucleados en la Uadee lograron que Lavié Pico les otorgara la medida cautelar el 18 de mayo y que se las prorrogara el 14 de noviembre.
Reformas y Lilita
La ofensiva judicial de los bingueros -y de Angelici, en particular- complica los planes de recaudación fiscal que había trazado Macri a fines de 2016, cuando el oficialismo se ilusionó con compensar con un impuesto al juego la reducción de Ganancias que benefició a miles de contribuyentes.
La medida cautelar que benefició a Angelici, sin embargo, llegó antes que el Gobierno enviara al Congreso su paquete de reformas; entre ellas, la previsional, como así también antes de que trascendiera la alianza que el "Tano" tejió con Enrique "Coti" Nosiglia que malquistó, aún más, a Lilita Carrió.
Para la AFIP, la decisión judicial de Lavié Pico representó un traspié ya que había planteado su recusación "sin causa", pero el propio magistrado también la rechazó "por improcedente" el 2 de este mes, para once días después darle la razón preliminar al actual presidente de Boca Juniors.
La AFIP también objetó que Lavié Pico convirtiera el proceso "sumarísimo" en "ordinario", lo que en términos prácticos extenderá los plazos para tramitar el expediente, que demorará más en llegar a una definición, "lo cual podría redundar en un claro beneficio de la parte actora", reclamó el organismo.
"La prudencia y la razonabilidad con que se conduzca el juez resultan decisivas, más en casos como el presente donde se encuentran en juego la percepción de las rentas públicas", le reclamó la AFIP a Lavié Pico.
Sin embargo, el magistrado tampoco les dio la razón ante ese reclamo.
"Lo que sí queda en claro es que el objetivo de la actora [por Angelici] consiste en modificar el tipo de proceso a su antojo para beneficiarse primero con los exiguos plazos del tipo sumarísimo y luego convertirlo en ordinario y así ampararse en los plazos propios de este tipo de proceso, todo ello con el único afán de soslayar, en caso que se le otorgue una medida cautelar -la mayor cantidad de tiempo que este a su alcance- el cumplimiento de la ley 27346 -con relación al aumento de la alícuota del impuesto a las ganancias y al impuesto específico sobre la realización de apuestas- y del decreto N° 179/17", sostuvo la AFIP.
El planteo del organismo, sin embargo, también chocó con la negativa de la Cámara de Apelaciones de fuero, que desechó sus objeciones sobre la conversión del proceso en ordinario. Así, según los cálculos de los abogados de Angelici, World Games no tendrá que abonarle $ 12,8 millones al fisco por año mientras dure la medida cautelar, ni Bingo Ramallo otro $ 1,5 millón "por afectación directa de los nuevos impuestos". Y esa cifra es preliminar, porque los letrados no detallaron cómo impactaría en Desarrollos Maipú, la tercera firma de la industria del juego del "Tano" ahora beneficiada por la Justicia.
Reservistas israelíes desertan del frente
Gaza, por Eduardo Galeano
Por qué la represión en Congreso fue tan violenta, desordenada y feroz
Un falso informe de Inteligencia; el despliegue de cuatro fuerzas de seguridad sin comunicación ni coordinación, la falta de control civil y político sobre los efectivos y, sobre todo, el autogobierno total que hoy tienen los gendarmes, policías y prefectos desató la feroz y caótica represión del jueves. Los servicios de inteligencia están hoy dominados por ex policías, de manera que armaron un informe de la ex SIDE que simplemente les sirvió como excusa para la represión. El texto advierte que 1200 manifestantes iban a ocupar el Congreso, una coartada –sin prueba alguna– que los funcionarios del Ejecutivo repitieron como en misa. Ese armado llevó a emplazar a más de mil efectivos de la Gendarmería, traídos de Campo de Mayo, en todo el perímetro del edificio del parlamento. También se trajeron desde el bajo porteño todas las vallas usadas en el operativo por la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Pero lo que era una jugada supuestamente destinada a evitar que alguien entre al Congreso se convirtió, como tenían previsto, en una ofensiva–cacería por todo el centro, con motos, carros y a pie, con la consigna “disparen a discreción”.
Entonces se vio a gendarmes disparando los peligrosísimos proyectiles de goma sin orden alguno; enfrentando a diputados, a periodistas, patoteando a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, tirando piedras y arrestando a cualquiera que pasaba cerca. El mando civil y político no existió, la coordinación desapareció y cada uno hizo lo que quiso. Como siempre, al terminar la jornada, los extraños encapuchados, los que queman autos y rompen comercios, no aparecían por ningún lado ni figuraron entre los detenidos. El viernes, al anochecer, se anunció el desplazamiento de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, del operativo de mañana. Es una admisión del desastre que produjeron el jueves.
Inteligencia
Quienes conocen hoy el funcionamiento de la ex SIDE (AFI) admiten que la central de espías está ahora manejada e integrada por policías federales retirados, policías bonaerenses retirados y unos pocos tenientes provenientes del Ejército. Una de las designaciones más públicas fue la del ex jefe de la Bonaerense, Daniel Salcedo, que hoy está a cargo de la agencia en toda la zona norte del conurbano. Decenas de otros jefes policiales retirados pasaron a ser expertos en inteligencia, sin tener la menor trayectoria.
El papel actual de los servicios de inteligencia es redactar informes de acuerdo a las necesidades oficiales, más allá de las pruebas que manejen. En este caso, les pidieron que emitan un informe sobre el supuesto peligro de una toma del Congreso y así lo hicieron. Es más, mencionaron que existía un plan en el que estaba previsto que 1.200 manifestantes se lanzaran al asalto.
Como es obvio, el informe –luego repetido por todos los miembros del gobierno– no tiene el menor sustento. “No hay ninguna organización en la Argentina que tenga esa capacidad –le dijo a este diario uno de los ex funcionarios de la AFI–. No hubo nunca una acción agresiva, coordinada, de más de 30 o 40 personas. Pensar en 1200 es un ejército. Una estupidez. Un delirio”. En realidad, se trató de una coartada para justificar las dimensiones y la violencia del operativo. En el Ministerio de Seguridad no pueden exhibir siquiera una prueba de la existencia del supuesto plan de asalto al Congreso.
Comando Unificado
El armado de un operativo como el del jueves se hace desde el Comando Unificado, una gigantesca sala del quinto piso del edificio central de la Policía Federal, en la calle Moreno. El lugar también se conoce como Centro Unificado de Respuesta Rápida y Entrenamiento. Algunos lo consideran una especie de embajada, porque van los jefes de todas las fuerzas, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Policía Metropolitana. A veces, también está la Bonaerense.
En la enorme sala hay, en 360 grados, gigantescos monitores en los que se ven las imágenes de todas las cámaras que tienen las distintas fuerzas, las que emiten los canales de televisión y las que provienen de helicópteros. Todo está ahí a la vista. Y la comunicación a los jefes que están en las calles se hace a través de la frecuencia encriptada de la Federal. Es decir que la ministra Patricia Bullrich tenía todos los elementos a su alcance para frenar o reconducir el caótico operativo represivo. Sin embargo, la política explícita del Ejecutivo es “dejar hacer”. Dar una orden general y de ahí en adelante las fuerzas de seguridad se auto-gobiernan. Eso es lo que se asimila a “fuego a discreción”.
Caos
El operativo fue armado a partir del blindaje del Congreso. Para ello se movilizaron más de mil efectivos de la Gendarmería traídos desde Campo de Mayo, que fueron la base de la custodia de la reunión de la OMC. Sin embargo, los gendarmes fueron movidos al Congreso 12 horas antes de la finalización del operativo diseñado para la OMC.
Y lo mismo hicieron con la estructura de vallas. Durante días se utilizaron en Puerto Madero y Leandro N. Alem, se iban a sacar el jueves a la noche, pero en la madrugada de ese día se anticipó la jugada y se movieron al Congreso. Las vallas son un instrumento clave en cualquier prevención, porque dificultan lo que más hay que evitar, el cuerpo a cuerpo entre fuerzas de seguridad y manifestantes, el contacto directo. Ya el miércoles se había producido otro hecho que debió terminar con inmediatos pases a retiro de oficiales y efectivos: choques cuerpo a cuerpo de manifestantes con perros. Incluso con los diputados Victoria Donda y Leonardo Grosso como víctimas.
De esa estructura aparentemente defensiva, armada con la excusa de evitar una toma del Congreso, en instantes se pasó a una ofensiva inusual. Los mismos gendarmes abrían grietas en el vallado para tirar sobre la gente, disparos horizontales, con postas de goma equivalentes a un calibre grueso, 12.70. En el protocolo que se diseñó en épocas de la ministra Nilda Garré y con el impulso también de León Arslanián, todas las fuerzas políticas firmaron un texto en el que se especificaba que las postas antidisturbios sólo debían ser usadas como defensa, ante una situación apremiante sufrida por integrantes de una fuerza de seguridad. Se trata de proyectiles que, disparados a distancias de 5 o diez metros, tal como ocurrió con el docente neuquino Carlos Fuentealba, pueden ser mortales. El jueves no había ningún peligro para los gendarmes detrás de las vallas. Lo que hubo son piedrazos, insultos, pero para eso el efectivo tiene que estar entrenado y, además, cuenta con escudos y cascos. Lo que correspondía era una inmediata negociación política con los líderes de la protesta para frenar las agresiones. Nada de eso se hizo. En instantes los gendarmes empezaron a disparar de manera descontrolada contra los manifestantes.
Estilos
La utilización de la Gendarmería como fuerza central en el operativo marca la idea de la represión. Los gendarmes se usaron poco en las ciudades, básicamente cuando se produjeron situaciones en que las policías provinciales estaban en el centro de los delitos. Así fue que se movilizaron gendarmes al Gran Buenos Aires, a Rosario y se enviaron a muchas provincias, sobre todo para enfrentar conflictos gremiales muy puntuales, en los que la policía del distrito estaba más que cuestionada o el gobernador no querían que intervengan.
En el Ministerio de Seguridad argumentan que gran parte de las fuerzas anti-disturbios de la Federal se pasaron a la Policía de la Ciudad, como parte del traslado de 23.000 efectivos. Por lo tanto, sostienen que no tenían otra alternativa que usar gendarmes.
Del otro lado lo que afirman es que la Gendarmería es la fuerza que ahora Patricia Bullrich utiliza para casi todas las tareas represivas: la gran mayoría viene de zonas humildes del interior, no cuestionan órdenes, son duros y violentos. Su actuación en el caso de la muerte de Santiago Maldonado fue respaldada insólitamente por Bullrich al punto que ni siquiera apartó a la fuerza de la investigación y no se puso en disponibilidad a ningún efectivo el mismo día de la desaparición de Santiago. La ministra hizo lo propio en el caso de la Prefectura ante la muerte de Rafael Nahuel, a quien le dispararon por la espalda. Es la política oficial: manos libres, fuego a discreción, respaldo ilimitado.
Fuerzas
Desde el Comando Unificado, en el edificio de la calle Moreno, no salió el jueves ninguna orden de frenar nada. Todo lo contrario, se permitieron acciones delirantes a lo largo de varias horas.
Disparaban desde detrás de las vallas contra la multitud.
Se vio a gendarmes hasta tirando piedras.
Hubo efectivos agrediendo a diputados, pese a que éstos exhibían sus credenciales.
Tiraron gas pimienta a centímetros de la cara de diputados y manifestantes.
Enfrentaron a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
Le dispararon a periodistas y fotógrafos.
Golpearon y detuvieron a personas que ni siquiera participaban de la manifestación.
Y, tal vez lo más insólito, terminaron convirtiendo a todo el centro porteño en el escenario de una batalla campal.
El autogobierno de las fuerzas de seguridad derivó en que se usaron motos, patrullas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes expandiendo el foco del conflicto a 50 cuadras a la redonda y sin la menor coordinación.
Una prueba de la represión indiscriminada es que diez de los 14 detenidos por la Gendarmería fueron puestos en libertad sin tomarles declaración. Entre ellos la joven Damiana que venía de trabajar y el indigente que vive en la zona del Congreso. De los 14 sólo uno seguía detenido ayer. A los restantes 30 se les estaba tomando indagatoria pero, como en el caso de las detenciones de la marcha por Santiago Maldonado, el 1 de septiembre, gran parte de las imputaciones eran vagas, sin sustento probatorio.
Cambio
En el atardecer del viernes la ministra Bullrich sufrió una durísima desautorización: virtualmente fue corrida del operativo dispuesto para mañana, cuando se vuelva a tratar la reforma previsional. Los medios más vinculados al oficialismo intentaron decorar la medida de forma asombrosa:
Que las fuerzas federales no tuvieron apoyo de la Ciudad de Buenos Aires cuando les pidieron “desesperadamente” ayuda porque iban a invadir el Congreso. Renovaron así el invento del informe de inteligencia.
Que Bullrich seguirá teniendo voz y mando en el operativo de mañana, pero que se busca bajar el perfil por pedido de los gobernadores peronistas que deploraron la actuación de las fuerzas a las órdenes de la ministra.
La realidad es que Bullrich fue desplazada del comando porque el operativo fue caótico, indiscriminado, sin conducción política alguna, manejado por los propios jefes de las fuerzas.
Un punto discutido son las facultades de las fuerzas federales. En la Ciudad entienden que la policía porteña es la única que puede actuar en las calles y que los federales sólo tienen la responsabilidad primaria en la Casa Rosada. Admiten que tal vez ese criterio se podría extender al Congreso Nacional, pero que de ninguna manera la Policía Federal ni la Gendarmería tienen facultades para moverse a su gusto por el centro porteño deteniendo ciudadanos, sin que medie la conducción de un funcionario porteño. La excusa que se esboza es que todavía regía el operativo y el Comando Unificado por la OMC, un argumento que no tiene la menor credibilidad.
Lo cierto es que mañana, supuestamente, intentarán mostrar una cara distinta. El problema de fondo es que se trata de imponer una ley que no sólo es impopular entre los manifestantes sino que rechazan siete de cada diez argentinos. Esa abrumadora mayoría tienen claro que se trata de sacarle a los jubilados para transferirle a los más poderosos. Y eso es la base de la resistencia.
Endeudamiento externo del Gobierno por bajo la mesa, empeñando títulos por U$S 20.000 millones como un deudor insolvente
Las REPO y el endeudamiento externo a cien años
Todos los bonos son emitidos mediante resoluciones firmadas por el ministro de Finanzas Caputo. Pero quienes autorizan las REPO se encuentran en un nivel más bajo, ya que sus autorizantes mediante una resolución conjunta, son el secretario de Finanzas, y el secretario de Hacienda.
De esa manera, a la par que el ministro Caputo colocaba la deuda a cien años por 2.750 millones de dólares, los secretarios de Finanzas, Santiago Bausili, y de Hacienda, Rodrigo Pena, contrajeron operaciones de REPO con los mismos bancos por 4.200 millones de dólares. Pero para las que entregaron bonos por nada menos que 8.400 millones de dólares en títulos.
O sea que en total Caputo, Bausili y Pena, sin pena alguna, les entregaron a esos bancos títulos por un importe total de 11.150 millones de dólares, a cambio de recibir solo 6.950 millones de dólares. El 61 % de este importe a un plazo de solo 18 meses, y el 39 % restante a 100 años.
Otra cuestión notable en estas operaciones pignoraticias con las REPO, son sus enrevesados acuerdos o convenios. Que cuentan con una redacción jeroglífica, con anexos que a su vez tienen otros anexos que los modifican, y cláusulas que a su vez tienen otras que las dejan sin efecto, etc, constituyendo por ende un verdadero galimatías. Siendo además solo borradores o modelos de acuerdos, o de modificación de ellos, con espacios en blanco a completar, como si se trataran de formularios.
Como si se tratara de una deliberada urdimbre oscura u opaca, para que uno no pueda interpretar que sucede exactamente con ese revoleo simultáneo de títulos y dineros. Donde el mismo Estado por un lado, va pagando los altos servicios de intereses y capital de los bonos pignorados a favor del prestamista, con sus enormes márgenes de garantía. Y a la par debe ir abonado a ese mismo prestamista, el “diferencial de precio” de las obligaciones correspondientes a los REPO.
Lo cual deriva en una promiscua y confusa situación, en la que no se sabe en concreto cuanto es al final el dinero con que se queda el prestamista, y el rendimiento que tuvo esa operación a su favor, y el consecuente costo que tuvo para el Estado en su contra. Razón por la que en relación con las REPO paralelas a la deuda a cien años, sin tener una total certeza de ello, se interpretó que las rentas de los bonos pignorados pasaban íntegramente a ser propiedad de los bancos prestamistas, lo que arrojaría los resultados nefastos expuestos en la nota mencionada
Las nuevas REPO y el endeudamiento externo
Posteriormente en noviembre el Gobierno anunció la colocación de deuda en euros hasta 30 años, por 2.750 millones de euros, con los bancos Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, y Citigroup Global Markets Limited como “Colocadores Conjuntos”, (Resolución 219/2017). Pudiéndose observar que dos de estos bancos figuran también como colocadores de la deuda a 100 años y sus REPO paralelas.
Pero previamente como si se tratara de un deudor insolvente o en apuros, el Gobierno de nuevo recurrió al banco de empeños, concretando otras dos operaciones de REPO. Una en septiembre con los bancos UBS London Branch, Deutsche Bank London Branch, BBVA Banco Francés, y nuevamente el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por un monto de 1.800 millones de dólares (Resolución Conjunta 7/17, firmada por Carlos Lo Turco y Rodrigo Pena). De la que no hay dato alguno concreto, dado que se remite a los enrevesados anexos jeroglíficos aprobados con las dos REPO antes citadas.
La otra fue en octubre, con los bancos Credit Suisse Cayman Islands Branch, e Industrial And Commercial Bank Of China Dubai Branch, por un monto de 1.000 millones de dólares (Resolución Conjunta 8/17, firmada por Santiago Bausili y Pena). Pudiéndose apreciar que ambas son ramas (branch) de esos bancos radicados en paraísos fiscales. De la cual existe una documentación en anexos, tanto o más confusa que la de las REPO antes mencionadas, sin poderse llegar en consecuencia a saber cuáles son a ciencia cierta sus resultados financieros.
De esta manera, con estas dos REPO, el Estado pignoró títulos por 5.600 millones de dólares, para obtener solo 2.600 millones de la misma moneda. Lo cual sumado a las REPO anteriores, hace que el Estado tenga actualmente pignorados títulos Bonar 24 que pagan una altísima renta del 8,75 % anual, por 14 mil millones de dólares.
Y coincidentemente, conforme lo informa la subsecretaría de Financiamiento, el Estado colocó bonos principalmente en el mercado externo, por 14.006 millones de dólares. Existiendo por ende una notable correspondencia entre unas y otras operaciones, supuestamente independientes entre sí.
Dichos bonos Bonar 24 pagan intereses por 1.225 millones de dólares al año, habiendo empero recibido el estado solo 7.000 mil millones de dólares de la misma moneda, o sea un cifra que representa un 17,5 % anual de lo comprometido a pagar. Lo cual revela de por si lo anfructuoso de estas operaciones.
martes, 5 de diciembre de 2017
viernes, 1 de diciembre de 2017
Con la reforma, la suba de las jubilaciones en marzo será de 5,7% cuando debería ser de 12%
Las condiciones ambientales de la pobreza
miércoles, 29 de noviembre de 2017
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