La nota a la que accedió El Destape dejó al descubierto la injerencia de la funcionaria en áreas que no le competen al prometer ciertos beneficios que luego incumplió.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le prometió a Ibar Pérez Corradi, actualmente detenido por tráfico de efedrina, que no iba a estar detenido en dependencias del Servicio Penitenciario Federal ni Bonaerense, así como que su esposa e hijos serían incluidos dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados.
Este documento exclusivo al que accedió El Destape deja al descubierto la injerencia de la funcionaria en áreas que no le competen, ya que un juez es quien debe ordenar dónde será detenida una persona y quiénes deben ingresar al Programa que depende del Ministerio de Justicia, de Germán Garavano.
“Yo tengo un acuerdo con el Gobierno”, confiaron a este medio que decía Pérez Corradi. El detenido por narcotráfico hacía referencia a un documento con la firma de la ministra Patricia Bullrich, al que accedió este medio, por el cual la funcionaria se comprometió a “no alojar al imputado en ninguna dependencia del Servicio Penitenciario Federal o del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires en la medida que la naturaleza de la información que pudiera brindar, en el marco de las causas por las que se encuentra imputado en la República Argentina, amerite la exclusión del régimen habitual de alojamiento en las dependencias referidas, en resguardo de su integridad”.
Además, adentrándose en un área que no le compete, aseguró “que la Señora María Gladys Delgado Britez (esposa de Pérez Corradi, que lo visita todos los meses con costos pagos por el Ministerio de Justicia) y sus cuatro hijos serán acogidos por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados” dependiente de la cartera de Garavano.
La promesa de Patricia Bullrich
Lo llamativo no sólo es que Bullrich se entrometió en las funciones y competencias de otro Ministerio (ella es Seguridad, no Justicia) sino que, además, sólo un juez puede ordenar dónde irá una persona detenida y sólo un juez puede indicar que ingresará al Programa de Protección de Testigos. El acuerdo se incumplió ya que el hombre está detenido en el penal de Marcos Paz: “Parece que, como lo dije en un juicio, que la firma de la Ministra de Seguridad vale menos que la palabra de una meretriz transexual adicta al paco. Eso lo dije en un juicio, está la filmación y todo”, dijo Pérez Corradi a El Destape.
“Ellos estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso”, manifestó el detenido a este medio y reveló que cuando él estaba prófugo en Paraguay, en plena negociación para su extradición a la Argentina, en 2016, “Dalmau Pereyra viajó a Asunción para eso”. Para decirle que tenía que involucrar a Aníbal Fernández en el Triple Crimen de General Rodríguez. Este hombre “era uno que estaba en la Agencia Federal de Inteligencia y ahora está en la Embajada de Chile, creo”, agregó en exclusiva.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le prometió a Ibar Pérez Corradi, actualmente detenido por tráfico de efedrina, que no iba a estar detenido en dependencias del Servicio Penitenciario Federal ni Bonaerense, así como que su esposa e hijos serían incluidos dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados.
Este documento exclusivo al que accedió El Destape deja al descubierto la injerencia de la funcionaria en áreas que no le competen, ya que un juez es quien debe ordenar dónde será detenida una persona y quiénes deben ingresar al Programa que depende del Ministerio de Justicia, de Germán Garavano.
“Yo tengo un acuerdo con el Gobierno”, confiaron a este medio que decía Pérez Corradi. El detenido por narcotráfico hacía referencia a un documento con la firma de la ministra Patricia Bullrich, al que accedió este medio, por el cual la funcionaria se comprometió a “no alojar al imputado en ninguna dependencia del Servicio Penitenciario Federal o del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires en la medida que la naturaleza de la información que pudiera brindar, en el marco de las causas por las que se encuentra imputado en la República Argentina, amerite la exclusión del régimen habitual de alojamiento en las dependencias referidas, en resguardo de su integridad”.
Además, adentrándose en un área que no le compete, aseguró “que la Señora María Gladys Delgado Britez (esposa de Pérez Corradi, que lo visita todos los meses con costos pagos por el Ministerio de Justicia) y sus cuatro hijos serán acogidos por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados” dependiente de la cartera de Garavano.
La promesa de Patricia Bullrich
Lo llamativo no sólo es que Bullrich se entrometió en las funciones y competencias de otro Ministerio (ella es Seguridad, no Justicia) sino que, además, sólo un juez puede ordenar dónde irá una persona detenida y sólo un juez puede indicar que ingresará al Programa de Protección de Testigos. El acuerdo se incumplió ya que el hombre está detenido en el penal de Marcos Paz: “Parece que, como lo dije en un juicio, que la firma de la Ministra de Seguridad vale menos que la palabra de una meretriz transexual adicta al paco. Eso lo dije en un juicio, está la filmación y todo”, dijo Pérez Corradi a El Destape.
“Ellos estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso”, manifestó el detenido a este medio y reveló que cuando él estaba prófugo en Paraguay, en plena negociación para su extradición a la Argentina, en 2016, “Dalmau Pereyra viajó a Asunción para eso”. Para decirle que tenía que involucrar a Aníbal Fernández en el Triple Crimen de General Rodríguez. Este hombre “era uno que estaba en la Agencia Federal de Inteligencia y ahora está en la Embajada de Chile, creo”, agregó en exclusiva.
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