Nota a Myriam Bregman

La abogada y diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda habló sobre la causa vialidad y las declaraciones de la vicepresidenta. El entramado entre el Estado y los grupos empresarios ligados a la obra pública, el rol del poder judicial y la mano de Estados Unidos. La historia detrás de la figura de “asociación ilícita” para ir contra la organización y resistencia de las y los trabajadores. El posicionamiento de la izquierda sobre el camino de ajuste que eligió el gobierno y por qué enfrentar los intentos de persecución política.

Entrevistamos a Myriam Bregman sobre el debate que volvió a la escena con la causa de vialidad y los negociados entre el Estado y grupos empresarios alrededor de la obra pública. La exposición de Cristina Fernández, el rol del poder judicial, la historia detrás de la figura de "asociación ilícita", son algunos de los ejes que recorre la abogada y diputada nacional. Qué plantea la izquierda y por qué enfrentar la persecución política cuando las dos coaliciones mayoritarias cierran filas con más ajuste contra el pueblo trabajador. — Cristina Fernández habló ayer de la obra pública y la causa donde se la acusa, ¿qué lectura hacés de lo que dijo? — Lo primero que hay que decir es que ya nadie puede negar que hay corrupción en la obra pública, es algo estructural en las democracias capitalistas. Todos los que se involucran en la gestión de la obra pública terminan manchados por las denuncias de corrupción, provengan de donde provengan. Tan es así en nuestro país que se llegó a acuñar la expresión de la “Patria Contratista” para dar cuenta de este fenómeno. El Grupo Macri nació de ese modo, hizo su fortuna con negociados y estafas al Estado durante la dictadura militar y se perpetuó hasta la actualidad llegando al escándalo mayúsculo del Correo Argentino. Sin ir más lejos, nadie puede explicar la enorme riqueza acumulada por Lázaro Báez. En su exposición Cristina Fernández no pudo negar que bajo su gobierno hubo graves hechos de corrupción en la obra pública, pero no dijo palabra acerca de su responsabilidad política en los mismos, como la de haber tenido a José López como su secretario de obras públicas los ocho años de su gobierno y antes con Néstor. Y hay ejemplos de las dos coaliciones mayoritarias, no distinguen colores políticos. Como la empresa IECSA, de Ángelo Calcaterra que es el primo de Mauricio Macri, es de las que más contratos de obra pública consiguió entre el 2013 y 2015. Esta misma empresa se presentó también a licitaciones en común con Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Es claro que hay un sistema de empresas y empresarios que se enriquecen con la obra pública por su cercanía con el poder político. — En esta causa “vialidad”, ¿se está juzgando ese entramado de corrupción que reconoció la vicepresidenta? — Se corrió el eje, no es el motivo central por el que se pide condena a Cristina Fernández. Hay un evidente direccionamiento de la investigación, un recorte determinado, que tiene como objetivo la persecución política. Además incluyen el pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos, que aunque es difícil que se termine aplicando para el próximo período electoral, obviamente nos oponemos. En todo caso es la soberanía o el voto popular el que tiene que decidir, y no un juez. Hay elementos que sobresalen de la causa y demuestran ese objetivo de persecución, que puede sentar un precedente muy peligroso. Este juicio, convertido en un show mediático que lejos está de tener la verdad como objetivo, se ha llevado a un extremo en el cual, tenga la sentencia que tenga, va a generar desconfianza. ¿A quién se le puede ocurrir que alguien sea juzgado por un juez y por un fiscal que juegan al fútbol con su principal adversario político? Imaginate que tengas que ir a un juicio y pongan a decidir sobre tu condena a tu peor enemigo, nadie creería que puede haber imparcialidad, ¿no? Nosotros y nosotras somos claros: el que ve persecución política debe condenarla, sin vueltas. Sabemos que todo ataque antidemocrático, toda restricción a las libertades públicas, se vuelve indefectiblemente contra el pueblo. Eso no niega de ningún modo que haya hechos de corrupción, porque como dije, ni los propios involucrados e involucradas lo desmienten. Tampoco se nos puede escapar que hay una utilización del gobierno de esta causa para unificar al peronismo mientras están llevando adelante un ajuste. Lo que señalamos es el modo en que se lleva adelante el proceso, con los personajes involucrados, que constituyen una situación muy especial. — Vos también denunciaste la utilización de la figura de “asociación ilícita” — Eso es algo que siempre hemos denunciado desde la izquierda. Esa figura fue creada específicamente para la persecución política, y es la misma que están utilizando para ir contra la organización del pueblo trabajador, para perseguir a las organizaciones sociales o sindicales. En la mayoría de los casos se utiliza para mantener detenida a una persona durante el proceso o para involucrar a determinadas personas cuando no hay pruebas concretas, directas, para probarles en su contra, porque es tan amplia y arbitraria que permite a la justicia usarla con total discrecionalidad. No es casual que la “asociación ilícita”, que tiene su origen en la persecución de anarquistas y comunistas a principios del siglo XX, se incorporó en el Código Penal de 1921 y se reforzó en 1974 en la reforma penal que promueve el gobierno de Perón en enero de ese año. Se le aumentan las penas con el objetivo de condenar duramente a las organizaciones militantes de la época. — Es un delito con historia política… — Sí, y el 22 de enero de 1974 se realizó una movilización contra esa legislación represiva, que ya contaba con media sanción del Senado, el Ministerio del Interior prohibió el acto frente al Congreso y dos días después se aprobó la reforma al Código Penal (Ley 20.642). Desde mediados de ese mes, la Triple A -que ya había dado a conocer su primera “lista negra”- enviaba cartas a los legisladores “sugiriendo” que votaran la reforma al Código Penal bajo la amenaza de que les pasaría “lo que a Solari Yrigoyen”, un senador radical que había sufrido el primer atentado reivindicado por aquella banda fascista. Ese avance represivo incluyó nuevas figuras y también repuso los tipos penales de la dictadura de Onganía que habían tenido que derogar sólo 8 meses antes (Ley 20.509), en votación conjunta con la ley de amnistía, mientras se desarrollaba el llamado “Devotazo”. Ya con Perón en el poder, con las leyes 20.642, 20.840 (“Actividades subversivas”) y otras, una vez más se reforzó el Código Penal como herramienta contra los luchadores obreros y populares y sus organizaciones. El diario Noticias informaba en ese momento que la primera aplicación de esa nueva legislación se dió en un conflicto laboral, el de los trabajadores de las empresas Matarazzo y Gatic que habían sido detenidos a raíz de la ocupación de sus fábricas. Es más, durante los gobiernos kirchneristas que tuvieron años y años de mayorías parlamentarias en el Congreso Nacional, no sólo no derogaron esa figura, sino que votaron las leyes antiterroristas a pedido de Estados Unidos en los años 2005 y 2007 y allí ampliaron su alcance con la “asociación ilícita terrorista”. Quienes defendemos las libertades democráticas, realizamos una fuerte campaña de denuncia en ese momento. Como dato adicional, en esta causa “vialidad” lo irrisorio es que la asociación ilícita se expresaría en resoluciones y decretos de un gobierno. — Mencionabas la mano de Estados Unidos detrás de estas normas, ¿cómo es esa relación? — Es parte de un proceso de injerencia de Estados Unidos en la región, que impuso leyes como las leyes antiterroristas que te decía recién, o las “leyes de ficha limpia”, que el gobierno de Lula aprobó y terminó siendo juzgado él mismo; acá se aprobó en varias provincias. La de “ficha limpia” por ejemplo, implica que si hay una condena firme en segunda instancia, aunque queden vías de apelación, esa persona ya no puede postularse a elecciones. Quiere decir que con un juzgado o cámara “amiga”, te pueden proscribir. En nuestro país también podemos mencionar la “ley del arrepentido”, o en Brasil la “delación premiada” que fue base del Lava Jato. Todas buscan ampliar la competencia del poder judicial para decidir quién puede y quién no presentarse a elecciones. Quieren sustituir la voluntad popular por la voluntad de los jueces, por eso nuestra denuncia es tan dura. Te aclaro que cuando se votó esa ley del arrepentido en Diputados en 2016, sólo cinco diputados, de los cuáles cuatro éramos del Frente de Izquierda votamos en contra, y nos corrían con “el combate a la corrupción”. Nosotros no tenemos nada que explicar ni que esconder, por eso pudimos dar una gran pelea denunciando que era una restricción antidemocrática y que llevaba a todo tipo de arbitrariedades. — Si hay hechos de corrupción, ¿cómo deberían juzgarse? — Con este poder judicial que es parte de ese entramado, atravesado por el accionar de los servicios de inteligencia, relaciones con el poder económico y militar, y otras cuestiones igual de graves, no hay garantía alguna de imparcialidad. Sobre los hechos de corrupción tiene que haber una mirada popular que hoy no existe. Porque los jueces son lo contrario a “representantes del pueblo”. Están ahí para evitar o controlar cualquier influencia de las mayorías populares. Los privilegios que tiene la casta judicial, como la inamovilidad en sus cargos, su pertenencia a determinadas familias, sus sueldos millonarios y costosos modos de vida, se explican porque precisamente están pensados para sostener ese criterio “contramayoritario”. No es casualidad que sean una corporación aristocrática, siempre se acomoda a los poderes económicos y gobiernos de turno. Nosotros proponemos que haya elección directa de los jueces por el voto popular, que sean revocables y no tengan privilegios, para terminar con el actual mecanismo de ponerlos a dedo por la conveniencia política de uno u otro sector o por acuerdos entre ellos mismos. Y para que esté la mirada popular en estos procesos planteamos que haya juicios por jurado. El poder judicial en las democracias capitalistas es parte de los engranajes que sostienen la desigualdad social. Nosotros luchamos por superar este régimen social y construir otro con una democracia infinitamente superior donde sean los trabajadores y las mayorías quienes decidan y tomen el control en todos los ámbitos. Un nuevo orden social donde los negocios privados de unos pocos no atenten nunca más contra los fondos públicos para los centros de salud o las escuelas de todos. Por eso también decimos que tienen que ser las organizaciones de la clase trabajadora quienes administren y controlen la obra pública y dónde destinar los recursos para satisfacer las necesidades sociales. — Con todo este debate hay expresiones de mucho enojo de trabajadores y sectores populares que cuestionan que se tiren cifras millonarias de la corrupción por la cabeza, mientras la mayoría no llega a fin de mes. ¿Vos qué opinás? — Que tienen razón, nosotros desde la izquierda denunciamos toda esta situación siendo opositores intransigentes al gobierno anterior y a este que eligió el camino del FMI y del ajuste. Lo que anunció Sergio Massa del Frente de Todos esta semana es un ajuste brutal en el presupuesto. Le sacaron partidas a la construcción de jardines infantiles y al programa Conectar Igualdad, mientras el ministro festejaba con la Cámara de la Construcción Argentina que le acaban de votar una ley en el Congreso que les regala un blanqueo y enormes beneficios impositivos. Otra vez, beneficios para los que se enriquecen con la obra pública. Es obsceno. — Muchos y muchas se apoyan en eso y sostienen que no hay que meterse en estos debates o que se arreglen entre ellos — Para nosotros es importante denunciar claramente cuando hay persecución política. Porque hoy es contra Cristina Fernández, pero toda restricción democrática termina indefectiblemente contra el pueblo y sus organizaciones, como te decía, y más aún cuando hay ajuste y empieza a haber resistencia. Es lo que vemos con la persecución judicial contra las organizaciones sociales opositoras. Porque el peronismo decidió continuar con los pedidos del FMI, y eso va a implicar más ajuste del que ya están haciendo. Es probable que veamos cada vez más movilizaciones de las y los que más lo están sufriendo, por eso cualquier fortalecimiento del poder judicial va a ir en contra de quienes salgan a reclamar. El poder judicial busca que haya gobiernos más directos del capital financiero. Este gobierno aceptó ese apriete y están llevando adelante la política del FMI y los empresarios más concentrados. Sin ir más lejos, mientras Juntos por el Cambio utiliza políticamente esta causa judicial, apoya muchas de las medidas de ajuste más duro que toma Sergio Massa. Ahora, si hay “lawfare”, éste ya triunfó: porque el gobierno actual, con sus tres patas de Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa, también eligió el camino del ajuste al pueblo trabajador que ellos querían.