Causa Vialidad

/Causa Vialidad: ¿Sabías que los peritajes ordenados sobre cinco obras públicas no lograron nunca confirmar sobreprecios dolosos ni colusión? Walter Onorato Jul 2, 2025 0 Causa Vialidad ¿Sabías que los peritajes ordenados sobre cinco obras públicas no lograron nunca confirmar sobreprecios dolosos ni colusión Peritajes en la Causa Vialidad: sin pruebas concluyentes de sobreprecios ni colusión en las obras testigo de la Ruta 3. Los peritajes ordenados sobre cinco obras públicas, entre ellas tres tramos clave de la Ruta Nacional 3 en Santa Cruz, no lograron confirmar sobreprecios dolosos ni colusión, aunque sí evidenciaron obras inconclusas y diferencias de costos. Parte de las obras quedaron paralizadas tras el recorte de fondos durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que alimenta la hipótesis de que la causa constituyó un caso de persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los puntos más debatidos en la llamada “Causa Vialidad”, que concluyó en diciembre de 2022 con condenas para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, fueron los peritajes técnicos realizados sobre cinco obras públicas elegidas como “testigo” por el Tribunal Oral Federal N.º 2. Entre ellas se incluyeron tres tramos de la Ruta Nacional 3, que conecta Caleta Olivia con Rada Tilly en Santa Cruz, considerada una de las zonas más estratégicas de la provincia. El objetivo de estos estudios técnicos era determinar si existieron sobreprecios, obras inconclusas o un posible esquema de colusión entre empresas constructoras para obtener contratos de manera fraudulenta. Sin embargo, los resultados de los peritajes no ofrecieron conclusiones categóricas sobre la existencia de delitos económicos en esas obras específicas. En materia de sobreprecios, el perito oficial de la Corte Suprema, ingeniero Eloy Bona, sí señaló diferencias entre los valores de las obras y precios de referencia. No obstante, aclaró que esas diferencias no podían atribuirse de manera automática a maniobras fraudulentas, ya que podrían obedecer a factores propios de la zona, como las dificultades climáticas, las características del suelo rocoso y los costos logísticos elevados en la Patagonia austral. Por su parte, los peritos de parte, convocados por las defensas, sostuvieron que no existieron sobreprecios injustificados y que los costos observados eran coherentes con las condiciones de la región. Incluso en la sentencia que condenó a Fernández de Kirchner y Báez, el propio tribunal reconoció que los peritajes no determinaron un sobreprecio concreto y uniforme en todos los casos. En cuanto a la presunta colusión, los peritos no se pronunciaron de forma directa sobre la existencia de acuerdos ilícitos entre las empresas. Las conclusiones judiciales sobre un esquema de direccionamiento en las licitaciones se basaron, principalmente, en otras pruebas documentales, testimoniales y en la reiteración de adjudicaciones a firmas vinculadas al empresario Báez, más que en los informes técnicos. Lo que sí quedó en evidencia fue que varias de las cinco obras testigo —incluyendo algunas en la Ruta Nacional 3— presentaron tramos inconclusos o un grado de avance menor al previsto. Sobre este punto, es relevante mencionar que muchas de esas obras quedaron paralizadas a partir de diciembre de 2015, cuando el gobierno de Mauricio Macri asumió la presidencia y decidió revisar y, en varios casos, interrumpir los envíos de fondos nacionales destinados a la obra pública en distintas provincias, entre ellas Santa Cruz. Tras la detención de Lázaro Báez en 2016, muchas de las empresas vinculadas al empresario se vieron imposibilitadas de continuar con las obras, lo que profundizó la parálisis. Desde las defensas en el juicio se sostuvo que la falta de terminación de los proyectos no podía atribuirse exclusivamente a maniobras irregulares previas, sino que estuvo fuertemente influida por el corte de financiamiento durante el macrismo. El tribunal, no obstante, reconoció que hubo obras interrumpidas en el período 2016-2019, pero sostuvo que la paralización no anulaba el hecho de que durante la etapa anterior ya se había diseñado un esquema de direccionamiento de licitaciones a favor del grupo Báez. En algunos casos, las obras ya presentaban demoras o bajo nivel de ejecución antes del cambio de gobierno.]Causa Vialidad: ¿Sabías que los peritajes ordenados sobre cinco obras públicas no lograron nunca confirmar sobreprecios dolosos ni colusión? Walter Onorato Jul 2, 2025 0 Causa Vialidad ¿Sabías que los peritajes ordenados sobre cinco obras públicas no lograron nunca confirmar sobreprecios dolosos ni colusión Peritajes en la Causa Vialidad: sin pruebas concluyentes de sobreprecios ni colusión en las obras testigo de la Ruta 3. Los peritajes ordenados sobre cinco obras públicas, entre ellas tres tramos clave de la Ruta Nacional 3 en Santa Cruz, no lograron confirmar sobreprecios dolosos ni colusión, aunque sí evidenciaron obras inconclusas y diferencias de costos. Parte de las obras quedaron paralizadas tras el recorte de fondos durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que alimenta la hipótesis de que la causa constituyó un caso de persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los puntos más debatidos en la llamada “Causa Vialidad”, que concluyó en diciembre de 2022 con condenas para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, fueron los peritajes técnicos realizados sobre cinco obras públicas elegidas como “testigo” por el Tribunal Oral Federal N.º 2. Entre ellas se incluyeron tres tramos de la Ruta Nacional 3, que conecta Caleta Olivia con Rada Tilly en Santa Cruz, considerada una de las zonas más estratégicas de la provincia. El objetivo de estos estudios técnicos era determinar si existieron sobreprecios, obras inconclusas o un posible esquema de colusión entre empresas constructoras para obtener contratos de manera fraudulenta. Sin embargo, los resultados de los peritajes no ofrecieron conclusiones categóricas sobre la existencia de delitos económicos en esas obras específicas. En materia de sobreprecios, el perito oficial de la Corte Suprema, ingeniero Eloy Bona, sí señaló diferencias entre los valores de las obras y precios de referencia. No obstante, aclaró que esas diferencias no podían atribuirse de manera automática a maniobras fraudulentas, ya que podrían obedecer a factores propios de la zona, como las dificultades climáticas, las características del suelo rocoso y los costos logísticos elevados en la Patagonia austral. Por su parte, los peritos de parte, convocados por las defensas, sostuvieron que no existieron sobreprecios injustificados y que los costos observados eran coherentes con las condiciones de la región. Incluso en la sentencia que condenó a Fernández de Kirchner y Báez, el propio tribunal reconoció que los peritajes no determinaron un sobreprecio concreto y uniforme en todos los casos. En cuanto a la presunta colusión, los peritos no se pronunciaron de forma directa sobre la existencia de acuerdos ilícitos entre las empresas. Las conclusiones judiciales sobre un esquema de direccionamiento en las licitaciones se basaron, principalmente, en otras pruebas documentales, testimoniales y en la reiteración de adjudicaciones a firmas vinculadas al empresario Báez, más que en los informes técnicos. Lo que sí quedó en evidencia fue que varias de las cinco obras testigo —incluyendo algunas en la Ruta Nacional 3— presentaron tramos inconclusos o un grado de avance menor al previsto. Sobre este punto, es relevante mencionar que muchas de esas obras quedaron paralizadas a partir de diciembre de 2015, cuando el gobierno de Mauricio Macri asumió la presidencia y decidió revisar y, en varios casos, interrumpir los envíos de fondos nacionales destinados a la obra pública en distintas provincias, entre ellas Santa Cruz. Tras la detención de Lázaro Báez en 2016, muchas de las empresas vinculadas al empresario se vieron imposibilitadas de continuar con las obras, lo que profundizó la parálisis. Desde las defensas en el juicio se sostuvo que la falta de terminación de los proyectos no podía atribuirse exclusivamente a maniobras irregulares previas, sino que estuvo fuertemente influida por el corte de financiamiento durante el macrismo. El tribunal, no obstante, reconoció que hubo obras interrumpidas en el período 2016-2019, pero sostuvo que la paralización no anulaba el hecho de que durante la etapa anterior ya se había diseñado un esquema de direccionamiento de licitaciones a favor del grupo Báez. En algunos casos, las obras ya presentaban demoras o bajo nivel de ejecución antes del cambio de gobierno. En síntesis, los peritajes ordenados sobre las obras testigo en la Causa Vialidad no confirmaron, de manera concluyente, la existencia de sobreprecios dolosos ni de colusión empresarial en los tramos analizados. Las diferencias de costos detectadas no fueron consideradas, por sí solas, prueba suficiente de delito. Sin embargo, sí aportaron elementos que, sumados al resto de la prueba, fueron valorados por el tribunal para sostener la existencia de un mecanismo sistemático de direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La parálisis de muchas obras tras el cambio de gobierno en 2015 se convirtió en un elemento central del debate, ya que desde sectores políticos y judiciales se discute todavía cuánto de esa inconclusión se debió a presuntas irregularidades previas y cuánto al recorte de fondos durante la gestión de Macri. En definitiva, lo que los datos del expediente y los peritajes demuestran es que no existieron pruebas técnicas concluyentes que acreditaran sobreprecios dolosos ni una colusión empresarial sistemática en las obras analizadas. Pese a ello, se avanzó igualmente con una condena contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que para amplios sectores políticos y jurídicos constituye un claro ejemplo de persecución política. La causa Vialidad se ha transformado así en un caso emblemático del uso del aparato judicial para dirimir disputas políticas, en ausencia de pruebas fehacientes que sostuvieran las acusaciones más graves. P.D.: En términos jurídicos, la colusión es un acuerdo secreto o concertación entre dos o más partes —en este caso empresas— para manipular licitaciones, fijar precios, repartirse mercados o simular competencia, con el objetivo de perjudicar al Estado o a terceros y obtener beneficios indebidos. En el derecho penal argentino, la colusión suele enmarcarse dentro de figuras como fraude en perjuicio de la administración pública o delitos contra la competencia, y requiere pruebas claras de la existencia de pactos o maniobras concertadas para engañar al Estado. P.D. 2: En la foto principal del artículo: El fiscal Diego Luciani y los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que intervinieron en la causa Vialidad.]En síntesis, los peritajes ordenados sobre las obras testigo en la Causa Vialidad no confirmaron, de manera concluyente, la existencia de sobreprecios dolosos ni de colusión empresarial en los tramos analizados. Las diferencias de costos detectadas no fueron consideradas, por sí solas, prueba suficiente de delito. Sin embargo, sí aportaron elementos que, sumados al resto de la prueba, fueron valorados por el tribunal para sostener la existencia de un mecanismo sistemático de direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La parálisis de muchas obras tras el cambio de gobierno en 2015 se convirtió en un elemento central del debate, ya que desde sectores políticos y judiciales se discute todavía cuánto de esa inconclusión se debió a presuntas irregularidades previas y cuánto al recorte de fondos durante la gestión de Macri. En definitiva, lo que los datos del expediente y los peritajes demuestran es que no existieron pruebas técnicas concluyentes que acreditaran sobreprecios dolosos ni una colusión empresarial sistemática en las obras analizadas. Pese a ello, se avanzó igualmente con una condena contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que para amplios sectores políticos y jurídicos constituye un claro ejemplo de persecución política. La causa Vialidad se ha transformado así en un caso emblemático del uso del aparato judicial para dirimir disputas políticas, en ausencia de pruebas fehacientes que sostuvieran las acusaciones más graves. P.D.: En términos jurídicos, la colusión es un acuerdo secreto o concertación entre dos o más partes —en este caso empresas— para manipular licitaciones, fijar precios, repartirse mercados o simular competencia, con el objetivo de perjudicar al Estado o a terceros y obtener beneficios indebidos. En el derecho penal argentino, la colusión suele enmarcarse dentro de figuras como fraude en perjuicio de la administración pública o delitos contra la competencia, y requiere pruebas claras de la existencia de pactos o maniobras concertadas para engañar al Estado. P.D. 2: En la foto principal del artículo: El fiscal Diego Luciani y los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que intervinieron en la causa Vialidad.