Myriam Bregman sobre el fallo de la Corte de Estados Unidos

El fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en el caso de YPF es una injerencia inaceptable sobre la soberanía nacional. Repudiable. Mi posición es que las estafas no se pagan, así que todo lo que ya se llevaron es "de arriba" porque la privatización de YPF fue un negociado muy sucio. Y más bien REPSOL, los involucrados en la llamada renacionalización (los empresarios, los bancos, los fondos buitre y quienes hicieron todo tipo de chanchullos) son los que deberían indemnizar al país y no al revés. No se les tendría que haber dado un peso y, en cambio, nacionalizarse para que YPF sea una empresa 100% pública gestionada por sus trabajadores y técnicos. Claramente, como se ve en otros terrenos, hay una tendencia cada vez más potente de las cortes de Estados Unidos de expandir su competencia internacional. El camino de aceptar la subordinación de Argentina en temas como los de la deuda externa, privatizaciones y otros, lo inició el dictador Onganía mediante dos decretos; luego, la dictadura cívico-militar que tomó el poder en 1976 rápidamente, en abril de ese año, eliminó la obligación de la competencia de la Justicia nacional y permitió intervenir a la extranjera. En marzo de 1981, ese artículo volvió a ser modificado en perjuicio del país. Además de prorrogarse la jurisdicción a favor de jueces extranjeros, se promovió la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Con posterioridad, acuerdos, contratos y tratados internacionales -incluidos los Tratados Bilaterales de Inversión, las leyes y estatutos de las privatizaciones, hasta el actual RIGI votado bajo el gobierno de Milei con la complicidad de algunos radicales y peronistas- sometieron al país a jurisdicción de tribunales extranjeros, particularmente a tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido y el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Así, la inmunidad inherente a la condición de un país soberano desaparece. Por eso, sostenemos que no es una cuestión de cuánto un país se arrodilla, como parece debatirse hoy, sino, al revés: una elemental medida de defensa nacional, de soberanía básica, involucraría la declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina a favor de tribunales arbitrales y/o judiciales extranjeros en esta materia.]El fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en el caso de YPF es una injerencia inaceptable sobre la soberanía nacional. Repudiable. Mi posición es que las estafas no se pagan, así que todo lo que ya se llevaron es "de arriba" porque la privatización de YPF fue un negociado muy sucio. Y más bien REPSOL, los involucrados en la llamada renacionalización (los empresarios, los bancos, los fondos buitre y quienes hicieron todo tipo de chanchullos) son los que deberían indemnizar al país y no al revés. No se les tendría que haber dado un peso y, en cambio, nacionalizarse para que YPF sea una empresa 100% pública gestionada por sus trabajadores y técnicos. Claramente, como se ve en otros terrenos, hay una tendencia cada vez más potente de las cortes de Estados Unidos de expandir su competencia internacional. El camino de aceptar la subordinación de Argentina en temas como los de la deuda externa, privatizaciones y otros, lo inició el dictador Onganía mediante dos decretos; luego, la dictadura cívico-militar que tomó el poder en 1976 rápidamente, en abril de ese año, eliminó la obligación de la competencia de la Justicia nacional y permitió intervenir a la extranjera. En marzo de 1981, ese artículo volvió a ser modificado en perjuicio del país. Además de prorrogarse la jurisdicción a favor de jueces extranjeros, se promovió la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Con posterioridad, acuerdos, contratos y tratados internacionales -incluidos los Tratados Bilaterales de Inversión, las leyes y estatutos de las privatizaciones, hasta el actual RIGI votado bajo el gobierno de Milei con la complicidad de algunos radicales y peronistas- sometieron al país a jurisdicción de tribunales extranjeros, particularmente a tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido y el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Así, la inmunidad inherente a la condición de un país soberano desaparece. Por eso, sostenemos que no es una cuestión de cuánto un país se arrodilla, como parece debatirse hoy, sino, al revés: una elemental medida de defensa nacional, de soberanía básica, involucraría la declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina a favor de tribunales arbitrales y/o judiciales extranjeros en esta materia.