Para la ONG los ciberataques ligados al gobierno son un “agravio contra el derecho humano a la libertad de expresión”.
Amnistía Internacional realizó un relevamiento de ataques y amenazas en Twitter que atentan contra las opiniones contrarias al oficialismo. En un informe titulado “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina”, la ONG registra una serie de agresiones en la red social que tienen como fin “descalificar a referentes” y funcionar como dispositivo de “autocensura”.
El análisis cuenta con la colaboración de Martín Becerra y Luciano Galup. Juan Pablo Pilorget realizó el procesamiento de los datos: 354.00021 tuits generados a partir de las interacciones de nueve periodistas “de diversa extracción y afinidades culturales” y dos defensores de los derechos humanos en Argentina, entre el 22 de octubre de 2017 y el 14 de noviembre de 2017. Se trata de Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, María O´Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum, Nelson Castro, Carlos Pagni, Adolfo Pérez Esquivel y Mariela Belski -vocera de Amnistía Internacional Argentina-.
“En la Argentina la información crítica, así como la defensa de derechos humanos, están expuestas en los últimos tiempos a ataques en redes sociales digitales que en muchos casos son coordinados y buscan inhibir la expresión de perspectivas plurales y limitar la circulación de opiniones diversas sobre temas cardinales del espacio público”, asegura el texto.
El informe refiere a una “acción coordinada desde cuentas ficticias con información falsa” (o fakenews), “amplificada por referentes oficialistas”. El vínculo con el gobierno es evidenciado a través de diversos ejemplos que demuestran “una secuencia de responsabilidades en cuyo origen hay funcionarios o voceros formales del oficialismo pero también cuentas que, identificadas políticamente con el gobierno nacional, no tienen un vínculo formalizado o público aunque en las redes sociales son reconocidas (y en sus perfiles así también las reconocen las propias cuentas) por su oficialismo”.
Además de trolls (cuentas dedicadas a bloquear el debate y desviar la conversación), también se evalúan bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares. Desde Amnistía Internacional hablan de “una minoría de alta intensidad” que tiene poco diálogo con otros usuarios, pero consigue una importante difusión por parte de figuras referenciadas en Cambiemos. En este sentido, son destacados particularmente las publicaciones de Fernando Iglesias y Eduardo Feinmann, quienes desempeñan un rol institucional (como diputado y periodista) y son responsables de difundir noticias falsas.
El de Belski es abordado como un caso testigo. La directora ejecutiva de la ONG no tiene perfil en Twitter por lo que sus menciones en esa red social suelen ser muy reducidas. Sin embargo luego de que invitara a Sergio Maldonado para dar una conferencia de prensa por la desaparición forzada de su hermano, Santiago, fue tomada como blanco. También en ese momento, y en pleno cuestionamiento a la política represiva del gobierno, Pérez Esquivel fue sistemáticamente atacado. Ello no hace más que confirmar las denuncias de la familia Maldonado y su abogada, Verónica Heredia, respecto a una campaña de difamación que excedió las redes sociales y copó también los medios oficialistas.
Incluso periodistas como Nelson Castro o Marcelo Longobardique trabajan en empresas informativas afines a Macri -TN y Radio Mitre respectivamente-, reciben cuestionamientos en masa y coordinados cuando tratan temas como denuncias por lavado de dinero o las cuentas offshore del entorno presidencial. Lo mismo ocurre si “critican el accionar de las fuerzas de seguridad dependientes del gobierno nacional comprometidas en el asesinato de un ciudadano (caso Rafael Nahuel)”. En cambio, cuando estos comunicadores cubren temas que no molestan al oficialismo, disminuye sensiblemente el número de menciones.
Amnistía Internacional realizó un relevamiento de ataques y amenazas en Twitter que atentan contra las opiniones contrarias al oficialismo. En un informe titulado “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina”, la ONG registra una serie de agresiones en la red social que tienen como fin “descalificar a referentes” y funcionar como dispositivo de “autocensura”.
El análisis cuenta con la colaboración de Martín Becerra y Luciano Galup. Juan Pablo Pilorget realizó el procesamiento de los datos: 354.00021 tuits generados a partir de las interacciones de nueve periodistas “de diversa extracción y afinidades culturales” y dos defensores de los derechos humanos en Argentina, entre el 22 de octubre de 2017 y el 14 de noviembre de 2017. Se trata de Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, María O´Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum, Nelson Castro, Carlos Pagni, Adolfo Pérez Esquivel y Mariela Belski -vocera de Amnistía Internacional Argentina-.
“En la Argentina la información crítica, así como la defensa de derechos humanos, están expuestas en los últimos tiempos a ataques en redes sociales digitales que en muchos casos son coordinados y buscan inhibir la expresión de perspectivas plurales y limitar la circulación de opiniones diversas sobre temas cardinales del espacio público”, asegura el texto.
El informe refiere a una “acción coordinada desde cuentas ficticias con información falsa” (o fakenews), “amplificada por referentes oficialistas”. El vínculo con el gobierno es evidenciado a través de diversos ejemplos que demuestran “una secuencia de responsabilidades en cuyo origen hay funcionarios o voceros formales del oficialismo pero también cuentas que, identificadas políticamente con el gobierno nacional, no tienen un vínculo formalizado o público aunque en las redes sociales son reconocidas (y en sus perfiles así también las reconocen las propias cuentas) por su oficialismo”.
Además de trolls (cuentas dedicadas a bloquear el debate y desviar la conversación), también se evalúan bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares. Desde Amnistía Internacional hablan de “una minoría de alta intensidad” que tiene poco diálogo con otros usuarios, pero consigue una importante difusión por parte de figuras referenciadas en Cambiemos. En este sentido, son destacados particularmente las publicaciones de Fernando Iglesias y Eduardo Feinmann, quienes desempeñan un rol institucional (como diputado y periodista) y son responsables de difundir noticias falsas.
El de Belski es abordado como un caso testigo. La directora ejecutiva de la ONG no tiene perfil en Twitter por lo que sus menciones en esa red social suelen ser muy reducidas. Sin embargo luego de que invitara a Sergio Maldonado para dar una conferencia de prensa por la desaparición forzada de su hermano, Santiago, fue tomada como blanco. También en ese momento, y en pleno cuestionamiento a la política represiva del gobierno, Pérez Esquivel fue sistemáticamente atacado. Ello no hace más que confirmar las denuncias de la familia Maldonado y su abogada, Verónica Heredia, respecto a una campaña de difamación que excedió las redes sociales y copó también los medios oficialistas.
Incluso periodistas como Nelson Castro o Marcelo Longobardique trabajan en empresas informativas afines a Macri -TN y Radio Mitre respectivamente-, reciben cuestionamientos en masa y coordinados cuando tratan temas como denuncias por lavado de dinero o las cuentas offshore del entorno presidencial. Lo mismo ocurre si “critican el accionar de las fuerzas de seguridad dependientes del gobierno nacional comprometidas en el asesinato de un ciudadano (caso Rafael Nahuel)”. En cambio, cuando estos comunicadores cubren temas que no molestan al oficialismo, disminuye sensiblemente el número de menciones.
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