Vigilar todo

La Legislatura se apresta a reformar este jueves el Código Procesal Penal de la Ciudad. Espías, control de celulares, computadoras y demás avances represivos. La oposición y organismos de derechos humanos lo repudian. Qué dice el proyecto del PTS-FIT. Daniel Satur @saturnetroc Desde la bancada del PTS en el Frente de Izquierda, representada por Myriam Bregman y Patricio del Corro, presentaron este miércoles en la Legislatura porteña una “observación” y pedido de que se archive el “expediente Nº 1790-J-2018”, ingresado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta con el objetivo de modificar el Código Procesal Penal (CPP) de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación de Bregman y Del Corro será expuesta este jueves en el recinto minutos antes de que el oficialismo intente convertir en ley esa reforma. Y los argumentos esgrimidos por el FIT para evitarlo son más que contundentes, tanto como el repudio generalizado de la oposición y de organismos defensores de los derechos humanos. Así se manifestaron por estas horas Sergio Maldonado, la Correpi, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el CELS, Amnistía Internacional y demás referentes y organismos. Armado de causas y espionaje sin control En el proyecto de observación de Bregman y Del Corro se especifica que el artículo 28 del proyecto de reforma incorpora “medidas especiales de investigación” en materia penal que “implican mayores facultades persecutorias e investigativas para jueces y fiscales, y una mayor vulneración sobre derechos elementales” de las personas investigadas, tales como los derechos “a la defensa, a la intimidad y a la privacidad”. Resaltan desde el FIT que esa vulneración de derechos revestirá una gravedad especial cuando se trate de investigaciones “contra las organizaciones sociales, gremiales, de la izquierda y de la oposición en su conjunto”. A su vez denuncian que “el nuevo artículo 145 bis permite al fiscal requerir ‘medidas probatorias no contempladas expresamente en este código que impliquen una intromisión en la intimidad del imputado’, debiendo simplemente solicitar la autorización en una entrevista personal con el juez, quien lo registrará en un acta de carácter reservado”. De esta manera, destacan los legisladores, “fiscales y jueces tendrán a su disposición no solo todas las nuevas medidas que incorpora la reforma, sino también la discrecionalidad para solicitar cualquier medida de investigación que vulnere la intimidad de un imputado, aun cuando no se encuentre previsto en el CPP”. Las nuevas medidas de investigación que pretende implementar el macrismo porteño conceden además “un mayor poder de actuación a la Policía de la Ciudad, la fuerza represiva responsable del gatillo fácil en la Ciudad, compuesta por miembros provenientes de la dictadura y exonerados de la Federal, que ahora será la responsable de realizar espionaje e infiltraciones”, denuncian desde el PTS-FIT. En ese sentido, “el armado de causas y el espionaje quedan legalizados y sin control”. Agentes peligrosos Otro elemento que Bregman y Del Corro denuncian especialmente es que en el proyecto de Rodríguez Larreta se incorporan figuras como las de “agente encubierto” y “agente revelador”, que no serían otra cosa que miembros de la Policía de la Ciudad infiltrados en la sociedad civil con supuestos fines detectivescos, enviados por jueces a pedido de fiscales. Esas figuras, denuncian, “son altamente vulneratorias de todos los derechos y garantías del imputado y del derecho de reunión y organización”. Eso es así porque, de acuerdo al proyecto oficial, el agente encubierto oculta su identidad o utiliza una falsa para “introducirse en organizaciones delictivas” y el agente revelador ejecuta el transporte o compra de dinero, bienes, servicios, armas “o participa de cualquier otra actividad de una organización delictiva”. Bregman y Del Corro afirman que mientras “en el caso del agente revelador se establece que su accionar ‘no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo’”, el agente encubierto “tendrá -a falta de previsión en el proyecto de reforma- la facultad de infiltrarse por tiempo indeterminado”. A su vez, denuncian, se habilita a la Policía de la Ciudad “al armado de causas, ya que bajo el ropaje de estos nuevos ‘agentes’ podrán realizar detenciones arbitrarias y recolectar pruebas plantadas previamente”. El proyecto oficial también incorpora la figura del “informante”, que actuaría bajo reserva de identidad y aportaría datos, documentación o “cualquier elemento o referencia útil” para iniciar o guiar una investigación penal. Independencia cero El proyecto del PRO consuma lo que de hecho sucede desde siempre en relación a la falsa “independencia de poderes”. Por caso, la designación de los agentes “encubiertos” y “reveladores” estará a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, que como denuncian Bregman y Del Corro “actuará en relación directa con el fiscal”. De esa manera, denuncian desde el PTS-FIT, el proyecto “reconoce la fraudulenta división de poderes, ya que en definitiva el Ejecutivo y los fiscales podrán trabajar en forma coordinada para planificar y direccionar determinadas investigaciones de acuerdo a las necesidades políticas del momento”. Vigilancia a todo trapo El proyecto de Rodríguez Larreta modifica el artículo 117 del actual Código Procesal Penal, referido a medidas de investigación y espionaje. Con esa modificación, en lugar de poder intervenirse los teléfonos solo una vez (como es actualmente) se “habilita la renovación de intervenciones telefónicas en forma ilimitada”, denuncian desde el FIT. A su vez, el nuevo artículo 118 bis (previsto en el artículo 30 del proyecto que se discutirá este jueves) incorpora nuevas formas de espionaje: la “vigilancia acústica”, la “vigilancia remota”, la “vigilancia a través de dispositivos de captación de imagen” y la “vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización”. La primera (acústica) permite usar tecnología para escuchar y grabar conversaciones privadas. La segunda (remota), habilita el uso de software para el acceso al contenido de ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos, bases de datos o instrumentos de almacenamiento masivo; es decir que se permite lisa y llanamente el hackeo por parte del Poder Judicial de celulares y computadoras. La tercera vigilancia (dispositivos de captación de imagen) permite sacarle fotos y/o videos a un imputado en espacios públicos. Y la cuarta (a través de dispositivos de seguimiento y de localización), habilita el uso de tecnología para el seguimiento y localización de quien sea considerado imputado en una investigación. Bregman y Del Corro denuncian que “todas estas nuevas medidas de investigación, aunque se indica en el proyecto oficial que “no serán autorizadas respecto de terceros ajenos a la investigación”, de todas maneras podrán llevarse a cabo “aún cuando tuvieren efectos inevitables sobre terceros ajenos a la investigación”. Así, “la vigilancia y el espionaje sobre personas no investigadas no podrá decretarse ‘oficialmente’, pero sí hacerse en los hechos a través de la investigación de personas imputadas”, denuncian desde el PTS. Mayor represión e impunidad Bregman y Del Corro denunciaron que, de votarse favorablemente el proyecto, “los jueces también podrán decretar prisiones preventivas si durante los alegatos la fiscalía solicita la aplicación de pena de prisión efectiva o si existiere sentencia con condena a prisión en primera o segunda instancia, por lo que la sentencia no deberá estar firme para que pueda ordenarse la prisión preventiva”. Y recuerdan que “esta peligrosa figura es decretada con especial énfasis en sectores de bajos recursos, ya que actúa como parte de la criminalización de la pobreza”. Para los legisladores del PTS-FIT la reforma del Código Procesal Penal no deja lugar a dudas: generará “una mayor impunidad” y será “un salto en calidad en el accionar represivo del Gobierno” en el marco la “profunda crisis social y económica” en la que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires. Y recuerdan que con, el Código vigente, gran parte de los delitos penales que fueron transferidos de Nación a Ciudad ya “son utilizados arbitrariamente por la Policía local contra manifestantes, artistas callejeros, vendedores ambulantes y no-ambulantes, trapitos y personas en situación de calle”. “Si en los albores del gobierno del PRO en la ciudad, sufrimos el espionaje de Ciro James y el Fino Palacios que le costó a Mauricio Macri asumir en calidad de procesado la presidencia de la Nación, estas reformas legitiman todas esas prácticas”, sentencian Bregman y Del Corro, al tiempo que definen que “así como nos pronunciamos en absoluta minoría contra leyes nefastas como la del arrepentido, o de aumentar las atribuciones en torno a la de flagrancia a nivel nacional, nos oponemos con todas nuestras fuerzas, a cada avance punitivo y represivo del Estado”. Repudios La postura de los legisladores del PTS en el Frente de Izquierda coincide con la de diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales y sociales. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) manifestaron que el proyecto de Rodríguez Larreta “contempla como medidas probatorias válidas e incuestionables una serie de normas violatorias de las garantías constitucionales y consagratorias de un verdadero estado de excepción”. La organización cuya referente es María del Carmen Verdú afirma que “en sintonía con la concepción de Cambiemos y su vocación antidemocrática, esas prácticas devienen en definitivamente ‘legales’”. “Si pasa, el gobierno del tándem Macri-Larreta habrá demostrado cómo se construye un estado policíaco: sospecha, control, delación, espionaje. Es imperativo movilizarnos para que esta reforma no prospere”, dicen desde Correpi. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, víctima directa del espionaje ilegal del Gobierno y testigo de las represiones en las movilizaciones por aparición con vida y justicia de su hermano, dijo que "estamos atravesando un momento muy complicado donde el Estado de derecho está siendo vulnerado día a día. La Reforma del código Procesal Penal que pretenden llevar adelante servirá para legitimar el espionaje y la invasión a la privacidad que se viene haciendo desde hace tiempo ilegalmente". "En el caso de Santiago, desde un comienzo, necesitábamos saber dónde estaba mi hermano y quiénes eran responsables de la desaparición forzada, pidiendo que se investigara a la Gendarmería, quien era la fuerza federal que había ingresado de forma ilegal reprimiendo brutalmente a la comunidad mapuche. Teniendo como respuesta, tanto de jueces y fiscales de todas las instancias judiciales, que validaran investigarme, interviniendo mi teléfono como el de otras personas ligadas a la causa, cuando deberían haber investigado a la Gendarmería por la desaparición forzada de Santiago", dijo Sergio. "Esta Reforma acrecentara más el desamparo y la violencia que debemos soportar todas las familias víctimas de la violencia del Estado, ya que el espionaje indiscriminado será usado de forma indebida para amedrentarnos, hacernos sentir miedo y que estemos condicionados a fiscales y jueces funcionales al gobierno de turno", finalizó Maldonado. Para Carlos Zaidman, sobreviviente de la dictadura y miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el proyecto de Rodríguez Larreta “es una barbaridad, estamos ante un avance muy peligroso sobre las garantías constitucionales a los derechos tanto personales como a la protesta social. Se busca ir imponiendo a través de estas leyes y decretos (que se dan en la Ciudad de Buenos Aires pero tienen proyectos parecidos a nivel nacional y de otras provincias) un verdadero estado de sitio en el que se van anulando los derechos fundamentales”. “No podemos olvidarnos de que la base del informe RAM contra los hermanos mapuches, que hizo la ministra Bullrich el año pasado, es información privada, de redes sociales y de teléfonos, realizada con inteligencia sobre las personas. Ahora quieren legalizar esto que ya se está utilizando”, concluyó Zaidman. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a otras organizaciones como Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Vía Libre y Poder Ciudadano (entre otras) también rechazan el proyecto macrista. Según su declaración, de aprobarse el proyecto implicaría “afectaciones muy negativas a la privacidad y la intimidad”. “Nada de todo esto fue debatido en profundidad en la Legislatura de la ciudad”, dijeron desde ese grupo de organizaciones. Y agregaron que “en la medida en que esta modificación del Código Procesal de la Ciudad vulnera las garantías procesales y el derecho a la vida privada (…) rechazamos su aprobación y solicitamos que se inicie un proceso de debate serio en el ámbito correspondiente”.