Renuncia a la denuncia

La AMIA reclamó a la DAIA que abandone la acusación contra el gobierno de CFK basada en la denuncia del fiscal. Asegura que fue “un grave error” y que las instituciones de la comunidad judía deben “tomar distancia de una causa que está en el centro de la famosa grieta”. El PRO lucha por evitarlo. Por Raúl Kollmann La causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, que inició el fiscal Alberto Nisman pocos días antes de morir, sufrió ayer un golpe lapidario. El reclamo de la AMIA a la DAIA para que deje de acusar a Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno se produce cuando la DAIA ya estaba evaluando dar ese paso, algo que se debatirá en una asamblea convocada por su presidente para el 6 de mayo. En esa asamblea los halcones del PRO que hay en la DAIA pelearán para que no se desista de una acusación que se cae a pedazos. La AMIA reconoce en su carta que el expediente del memorándum es un expediente político. “Al desistir de esta querella contra la senadora ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de reparar un grave error de la gestión anterior, la DAIA empezará a tomar distancia de una causa que está en el centro de la famosa grieta que divide a la mayoría de los argentinos, división que por cierto no nos representa.” O sea, no habla de si el memorándum es delito o no es delito, sino que la causa se centra en la grieta política, jugando la acusación a favor de Cambiemos Evalúa que “la revisión de esa terrible decisión de política exterior y su reversión histórica corresponden a toda la sociedad argentina y sus representantes”, dice el texto en referencia al acuerdo. “Consideramos que mantener esa querella es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica”, subraya el texto. Añade que es “imperioso reforzar los mecanismos para mantener absoluta independencia de todas las instancias centrales de la comunidad judía de los partidos o grupos políticos”. Un dato que sorprende del comunicado, firmado por el presidente de la AMIA, Agustín Zbar, es que se refiere a la conducción anterior de la DAIA como si le fuera ajena. El anterior presidente de la DAIA era Ariel Cohen Sabban, quien tuvo que renunciar por la denuncia de acoso a Esmeralda Mitre, pero que era aliado del Bloque Unido Religioso, la corriente ortodoxa que integra Zbar y que lidera el rabino Samuel Levin. Se ve que ahora esa corriente religiosa ortodoxa cambió de opinión. Es que desde el primer día quedó clara la manipulación política iniciada por la denuncia de Nisman. El fiscal creía que lo iban echar de la Unidad Fiscal AMIA, entre otras cosas porque “viaja mucho y trabaja poco”, como sostuvieron los familiares de las víctimas, que reclamaban su alejamiento. Para Nisman era el ocaso de su poder, del dinero oculto que acumuló –1.600.000 dólares según consta en su computadora–, de su vida de lujo y de su soñada carrera hacia la procuración. A las apuradas formuló la denuncia que inicialmente fue triturada por los jueces y que describió en detalle Daniel Rafecas el primer magistrado de la causa. Su fallo fue luego confirmado por la Cámara Federal. Los argumentos fueron los siguientes: El memorándum fue aprobado por las dos cámaras del Congreso. La facultad de firmar un tratado correspondía –y corresponde– al Poder Ejecutivo. Se dijo que favorecía a los sospechosos iraníes pero al final Irán no lo aprobó Nunca entró en vigencia, de manera que no podía tener efecto jurídico. Se alegó que el pacto derivaría en el levantamiento de las órdenes de captura, con alertas rojas, de los iraníes. Nada de eso ocurrió y el secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, desmintió que se hubiera hecho gestión alguna para levantar las alertas. Se argumentó que el memorándum daría paso a un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos. Nunca ocurrió. El petróleo iraní, además, no se puede procesar en la Argentina por exceso de azufre. Algunos de los más conocidos juristas del país como Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Julio Maier y Ricardo Gil Lavedra sostuvieron que se trataba de una causa política, no judicial. Pese a semejante batería de realidades, el aparato de Comodoro Py permitió que el expediente se eleve a juicio y se sorteó el Tribunal Oral 8 para que inicie el proceso. En el camino, la conducción de la DAIA jugó un papel escandaloso. Se sumó a dos militantes del PRO en la denuncia por traición a la patria contra CFK y el fallecido ex canciller Timerman y lo hizo a través de dos familiares de víctimas del atentado. La DAIA presentó un escrito sustentando la imputación y a lo largo de todo el proceso siguió el ritmo de los halcones del PRO, el diputado Waldo Wolff, que fue vicepresidente de la DAIA, y la ministra Patricia Bullrich a través de su esposo, Guillermo Yanco, quien fuera titular del Museo del Holocausto. El juez Claudio Bonadio le dio el visto bueno a todo, pese a que ni siquiera le correspondía intervenir. Luego, Martín Irurzun lo puso al frente de un expediente unificado. Entre la AMIA y la DAIA hay una feroz interna. La AMIA es una mutual de la comunidad judía cuyo papel principal es la asistencia, la educación, la cultura, la actividad religiosa y la administración de los cementerios. El voto para elegir a la conducción es directo de sus socios y en todos los últimos procesos resultaron elegidos como presidentes miembros de la corriente religiosa ortodoxa. La DAIA agrupa a las instituciones, sinagogas y clubes de la comunidad, con voto indirecto ya que cada institución asociada vota de acuerdo a su cantidad de socios. En la última asamblea hubo 114 votos, 83 para una lista que representa un judaísmo más abierto, menos ortodoxo, que postulaba a Knoblovits. La ortodoxia, que llevaba a Zbar como candidato quedó lejos: 31 votos. El clima hostil de la actualidad incluye el asombroso hecho de que la AMIA –que integra y vota dentro de la DAIA– pretende echar a la DAIA del edificio de Pasteur 633, donde la DAIA funciona desde antes del atentado de 1994. Muchos interpretan que la interna feroz es producto del deseo de la AMIA y de la corriente ortodoxa de monopolizar la representación de la comunidad judía en la Argentina. Lo concreto es que más allá de las disputas, las dos partes iban camino a dar un paso al costado de la acusación contra CFK. Era un secreto a voces que también dentro de la nueva conducción de la DAIA había convencimiento de que el Memorándum era un acto de gobierno, no judiciable. En su momento el juez Rafecas sostuvo que se podía opinar si el tratado era bueno o malo, pero no constituyó delito alguno como pretendía Nisman. Y menos todavía se podía acusar por traición a la patria, no estando la Argentina en ninguna guerra. Esa imputación fue derribada por la Cámara Federal pero el proceso hacia el juicio continúa por el delito de encubrimiento.