De Crhistian Castillo

Una semana después de producida la derrota de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, que ningún artilugio discursivo puede ocultar, sus consecuencias se están haciendo notar. En primer lugar las discusiones para algún tipo de mayor integración del PRO al gobierno. Estratégicamente un acuerdo o, más aún, una fusión entre La Libertad Avanza y el partido de Mauricio Macri se basaría tanto en antecedentes internacionales donde una vez en el gobierno liderazgos de extrema derecha absorben el grueso de las fuerzas de centro derecha pre existentes (Trump quedándose con el Partido Republicano o Bolsonaro con todo el espacio de la oposición derechista al PT), como en lo manifestado previamente por Milei o Macri. Tácticamente la cuestión, sin embargo, es más compleja. Se resume en si el PRO irá a la rastra de Milei o si Milei quedará como una figura poco más que decorativa de lo que se transformaría en un segundo gobierno macrista. Aun adoptando un primer plan económico -en principio diseñado para Patricia Bullrich por Sturzenegger-, Milei buscó mantener cierta autonomía respecto de Macri y del PRO incorporando funcionarios de origen peronista o que pasaron por sus gobiernos (como Francos o Ferraro), y provenientes de gobiernos provinciales como los de Córdoba y Salta. El Milei de los dos primeros meses de gobierno se ilusionaba con que el 56% de los votos obtenidos en la segunda vuelta iba a ser suficiente para superar su débil representación institucional (solo 38 de 257 diputados, 7 de 72 senadores y ninguna gobernación) logrando disciplinar al Congreso y permitirle aprobar la Ley Ómnibus (con concesiones menores) y que no le rechacen el DNU, mientras Caputo ajustaba a diestra y siniestra desde el Ministerio de Economía. Éste plan es el que fracasó con el retiro forzado de la Ley Ómnibus. ¿Por qué fracasó una ley que apoyaban la AEA (Asociación Empresaria Argentina, donde está la cúpula empresarial local), la AmCham (Cámara de Comercio Argentina Americana, que nuclea a las multinacionales estadounidenses que operan en el país), la UIA, el FMI y todo el espectro patronal local? Si bien inicialmente generó la oposición de las patronales rurales y de diferentes sectores empresariales regionales por la suba de retenciones y/o medidas desregulatorias, el dictamen que se discutió en el recinto ya no tenía las medidas más conflictivas para otros sectores capitalistas. La clave para entender este primer fracaso gubernamental está dado por los dos márgenes en los que se dieron estas negociaciones: el del acuerdo con el FMI y el del crecimiento del descontento popular con la gestión mileísta, no solo expresado por quienes no lo votaron sino también por una franja de quienes le dieron el voto en el balotaje, aún en provincias como Córdoba y Mendoza. No es todavía un derrumbe pero sí una dinámica que posiblemente se acreciente en los próximos dos o tres meses. Así como los compromisos con el FMI limitaban el margen de concesiones que podía hacer el gobierno (como la coparticipación del impuesto PAIS reclamado por el gobierno cordobés), el mar de fondo del descontento popular explica que los gobernadores hayan subido sus exigencias para aprobar la ley y que se hayan dividido los bloques colaboracionistas de la UCR y de Hacemos Coalición Federal (el heterogéneo rejuntado que hace como que lidera Pichetto) a la hora de la votación en particular. ¿Por qué inmolarnos sin obtener nada a cambio con el voto favorable a medidas antipopulares de un gobierno que está en baja en la adhesión social?, se deben haber preguntado. Otra versión de la “hegemonía imposible” diría Fernando Rosso, donde la “economía” (es decir, el agravamiento de las penurias de las masas) licúa todo éxito electoral. Ese descontento tuvo desde un primer momento una expresión activa. La marcha impulsada por la izquierda y los cacerolazos de la noche del 20 de diciembre; la primera acción de la CGT una semana después; el paro general de 12 horas y las marchas multitudinarias del 24 de enero; y, finalmente, las acciones de una vanguardia que ganó las calles frente al Congreso durante el tratamiento de la ley, encabezada por las Asambleas barriales de CABA y el Gran Buenos Aires y por la izquierda, que enfrentaron valientemente la represión con gases pimienta y balas de goma de Patricia Bullrich. Todo esto en pleno período vacacional y con el peronismo en el doble juego de oponerse en el Parlamento pero frenar la movilización en las calles con el “argumento” de esperar que las contradicciones del plan del gobierno lo hagan caer por sí mismo. Obviamente los artilugios discursivos del gobierno para disimular la derrota y su necesidad de reseteo no resisten el mínimo análisis. Si todo estaba minuciosamente planificado para “exponer a la casta”, las horas y horas de negociaciones con la oposición colaboracionista, los apuros en sacar la mega ley o un dictamen firmado en blanco y con 34 firmas en disidencia sobre 55 que le daban aval, no hubieran ocurrido. ¿Para qué las loas de Milei al PRO, a De Loredo y a Pichetto cuando se aprobó la ley en general? Luego, las votaciones en contra para delegarle facultades en seguridad y en el manejo de los fondos fiduciarios a las provincias solo adelantaron que el paquete de privatizaciones no iba a ser aprobado tal como estaba y que difícilmente iban a serlo las modificaciones al Código Penal. El pase a comisión de la ley, que significó su retiro, era a esta altura el mal menor para el gobierno. ¿Qué viene por delante? Por un lado, y en lo inmediato, hay que ver hasta dónde llega el reseteo de un gobierno que mostró su debilidad. Lo señalamos: un intento de bonapartismo “débil”, cuando muchos se impresionaban por el 56% del balotaje y disminuían las contradicciones del nuevo gobierno. Un gobierno que a pesar del apoyo de la gran burguesía puede ir a una crisis de conjunto si se produce una caída drástica en la base social que aún conserva, y es el capital político que aunque en descenso todavía le permite mantenerse a flote. Esta debilidad, que quedó al desnudo con la derrota de la Ley Ómnibus, es lo que empuja la constitución de un bloque entre La Libertad Avanza y la mayoría del PRO, aunque resta saber, nada menos, quien tendrá la preeminencia real. ¿Absorberá Milei al PRO, y a un sector del radicalismo, como hizo Trump con el Partido Republicano o terminará Macri de “infiltrar” el mileísmo y tendrá su “segundo tiempo” a pesar que su fuerza salió tercera en las elecciones? Si bien un mayor acuerdo con el PRO le da un sustento más poderoso, ¿cómo evitar la imagen del “doble comando” si Milei cede al partido de Macri ministerios o puestos centrales como la presidencia de la Cámara de Diputados? Veremos. Visto lo ocurrido en estos días el plan Pichetto (al que apuesta un sector de la burguesía), de lograr un acuerdo de gobernabilidad parlamentario “a la europea”, con el conjunto de fuerzas que le permitieron la aprobación de la ley en general, no parece que pueda concretarse. Más bien Milei sigue apostando a la polarización discursiva y a que el espacio del “colaboracionismo centrista” (radicales, cordobeses, larretismo, etcétera) se vaya diluyendo. Todo esto sin embargo puede naufragar si el ajuste en curso hace pegar un salto al descontento popular licuando un poder presidencial ya menguado. El peronismo, por su parte, seguirá mientras pueda en su doble juego, de oposición parlamentaria y desmovilización callejera, con sus principales referentes como Cristina Fernández de Kirchner o Sergio Massa sin pronunciar palabra pero dando a entender que no hay que ganar las calles. La CGT levantó toda acción después del paro del 24 de enero. Su militancia no impulsa las Asambleas barriales ni ninguna instancia de organización y movilización por abajo. Ni siquiera el opositor discursivo Juan Grabois, tan activo en los medios afines al peronismo como inactivo en las calles. Apuestan a ir resolviendo con el tiempo su crisis de liderazgo y a reeditar el “hay 2019”, que les permitió volver al gobierno luego del período macrista. Pero lo cierto es que la magnitud del ataque en curso es probable que haga de esta estrategia un imposible. El descontento creciente, con salarios e ingresos jubilatorios pulverizados, se va a expresar en movilizaciones masivas y huelgas más temprano que tarde. Ya la docencia anuncia un no inicio de clases si no se paga el incentivo docente y otros ítems que cortó ilegalmente el gobierno. ¿Y cuál será la reacción popular frente al aumento del transporte y las tarifas? ¿Y ante la falta de entrega de alimentos a los comedores populares? No olvidemos que aumentos mucho menores en las tarifas de transporte desataron en nuestra región protestas masivas, en Brasil en 2013 o en Chile en 2019. Desde la izquierda hemos puesto todas nuestras fuerzas en enfrentar el plan “motosierra y licuadora” de Milei desde un primer momento. Denunciamos y movilizamos contra el combo de terror de este gobierno: las medidas de Caputo, con la devaluación del 118% y la liberación de precios de alimentos, medicamentos y combustibles; el DNU 70/23; el protocolo anti-manifestaciones de Bullrich; y la Ley Ómnibus, siendo en la medida de nuestras fuerzas, afuera y adentro del Congreso, un factor para su fracaso. Utilizamos la tribuna parlamentaria no solo para denunciar las implicancias de la ley, que el gobierno y sus cómplices pretendían ocultar, sino sobre todo para impulsar la movilización popular en su contra, lo que nos valió los ataques del gobierno. Decimos con claridad que darle tiempo a un gobierno que ya mostró que viene por todo, como alienta el peronismo, es una política criminal, que solo puede servir para darle a Milei alguna posibilidad de superar sus debilidades y tener éxito en sus ataques contra la clase trabajadora y en la entrega nacional. Nuestra militancia apoya e impulsa las Asambleas barriales que se han empezado a constituir en CABA, el gran Buenos Aires y otros sectores del país, una instancia de autoorganización que llamamos a fortalecer, especialmente a quienes nos vienen votando. Y a confluir con la clase trabajadora, sus luchas y sus organizaciones. Porque ante el plan de guerra lanzado por Milei y la gran patronal solo se lo frena con el crecimiento de la auto actividad del movimiento de masas, que es lo único que puede hacer salir de su pasividad a las direcciones de las centrales, los sindicatos y los movimientos sociales alineados con el peronismo, y a la vez superarlos en la lucha imponiendo un plan de lucha y una verdadera huelga general que derrote el conjunto del plan de ajuste. Llamamos a la vez a sacar conclusiones políticas respecto de la necesidad de superar al peronismo, que después del macrismo volvió al gobierno y continuando el ajuste solo permitió el triunfo de Milei. Se necesita una salida verdaderamente anticapitalista y socialista, sin la cual nuestro país no tiene destino. A ello apostamos. Christian Castillo- Dip. FITU