Tres jueces de segunda instancia del Tribunal Federal Regional 4, con jurisdicción en la región sur de Brasil, le dan continuidad al golpe institucional perpetrado en 2016 con la destitución de Dilma Rousseff. En una votación unánime (3 a 0), aprobaron la arbitraria condena de Lula, basada en fundamentos jurídicos mucho más frágiles que los que pesan sobre las figuras políticas del golpismo. Interfieren así en el derecho democrático de millones de trabajadores de votar a quienes consideren.
Enalteciendo al juez de primera instancia Sérgio Moro, quien encabeza la operación judicial Lava Jato que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, los jueces João Pedro Gebran Neto (miembro informante del caso), Leandro Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus profirieron la aplicación de la condena en forma unánime. El resultado ya había sido “anticipado” por la red Band, uno de los medios golpistas que dejó translucir su alineamiento con el golpismo antes de tener comienzo el juicio. Según la opinión de Gebran, la pena de Lula debería subir respecto de la estipulada por Moro, de 9 a 12 años de cárcel. Los mecanismos utilizados fueron los importados del sistema judicial estadounidense: inversión de la carga de la prueba y condena por un hecho que no consta de la denuncia, lo que permite a los jueces formar su “convicción por la libre interpretación de la prueba”, como dijo Victor Laus.
Estos votos y esa continuidad del golpe buscan impedir el derecho del voto para intentar, preventivamente, el mismo objetivo que tuvo la destitución de Dilma Rousseff, aplicar ataques más duro que los que aplicaba el PT o ahora promete aplicar, como hizo su presidenta Gleisi Hoffman, promocionando una reforma previsional “light”.
Mientras tanto, Temer está en Suiza, en el Foro de Davos, prometiendo aprobar la reforma previsional el 20 de febrero, aprovechándose del nuevo impulso en la bonapartización del régimen.
Si en abril de 2016 los diputados de la Cámara justificaron su voto a favor del golpe institucional en el nombre “de Dios, de la familia, de los torturadores y de las Fuerzas Armadas”, ahora los jueces del TRF4 en Porto Alegre y los revisores del voto usaron a Winston Churchill, Aristóteles y Dostoievski para darle continuidad al golpe reaccionario y aumentar la arbitrariedad del poder judicial.
Como dijimos en nuestra declaración previa al juicio, este creciente autoritarismo judicial y el cercenamiento de los derechos democráticos por un régimen político cada vez más restrictivo tiene efectos reaccionarios sobre la población, en primer lugar sobre los trabajadores. Procesos armados sobre declaraciones de testigos con prisiones preventivas arbitrarias, filtración de pruebas y testimonios, filtración de escuchas telefónicas, y ahora la condena arbitraria de un expresidente será también un precedente para fortalecer aun más esos procesos –que ya nos son usuales en los morros y favelas contra la población negra- contra los trabajadores, el pueblo pobre y la izquierda, que no cuentan con la protección de la popularidad de Lula, en una llamada democracia que mantiene presas a casi 300.000 personas sin condena, en su mayoría negras.
Siempre luchamos contra la derecha y los golpistas de manera independiente de la política de conciliación de clases de Lula y del PT. Pero damos esta batalla por construir una alternativa anticapitalista de los trabajadores a la vez que repudiamos el avance del autoritarismo estatal, que busca restringir el derecho democrático elemental de la población a votar a quien quiera, incluso a Lula.
Este ataque al derecho del pueblo a elegir a quién votar es prueba de la degradación de esta democracia de los ricos, en la que jueces y fiscales a los que nadie votó tiran abajo presidentes y definen los rumbos de las elecciones.
Frente a este ataque del poder judicial, las centrales sindicales, en primer lugar la CUT y la CTB, deberían convocar inmediatamente a una huelga general contra las reformas y los ataques a los derechos democráticos.
Es urgente que los trabajadores puedan unir sus filas para luchar contra las reaccionarias reformas de Temer (para abolir la reforma laboral y frenar la previsional) y en defensa de los derechos democráticos de toda la población, en primer lugar contra la restricción del derecho a votar a quienes quieran.
Ese combate por los derechos democráticos atacados lleva a un choque con el conjunto del régimen político. El juez Moro, la operación Lava Jato y el conjunto del poder judicial no tiene ningún interés en “combatir la corrupción y la impunidad”.
Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana impuesta con la lucha, que instituya a jueces y jurados elegidos y revocables por el pueblo y que reciban lo mismo que una docente (que a su vez debería ganar como mínimo el valor del salario mínimo calculado por el Dieese) y que anule las reformas y privatizaciones de Temer, podría realmente comenzar a atacar a la corrupción y enfrentar seriamente los ataques de la derecha golpista.
Una Constituyente en la que todo político sea revocable y cobre como una docente, que revise toda la estructura económica de Brasil (incluso sus acuerdos internacionales) poniendo los recursos del país al servicio de los trabajadores y del pueblo pobre, realizando una reforma agraria radical y estatizando sin indemnización y bajo control de los trabajadores a las grandes empresas involucradas en corrupción, como Odebrecht y JBS.
Es urgente que las centrales sindicales pongan en práctica un plan serio de luchas que incluya los aspectos económico-políticos y democráticos para combatir la ofensiva autoritaria del Estado.
Tres jueces de segunda instancia del Tribunal Federal Regional 4, con jurisdicción en la región sur de Brasil, le dan continuidad al golpe institucional perpetrado en 2016 con la destitución de Dilma Rousseff. En una votación unánime (3 a 0), aprobaron la arbitraria condena de Lula, basada en fundamentos jurídicos mucho más frágiles que los que pesan sobre las figuras políticas del golpismo. Interfieren así en el derecho democrático de millones de trabajadores de votar a quienes consideren.
Enalteciendo al juez de primera instancia Sérgio Moro, quien encabeza la operación judicial Lava Jato que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, los jueces João Pedro Gebran Neto (miembro informante del caso), Leandro Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus profirieron la aplicación de la condena en forma unánime. El resultado ya había sido “anticipado” por la red Band, uno de los medios golpistas que dejó translucir su alineamiento con el golpismo antes de tener comienzo el juicio. Según la opinión de Gebran, la pena de Lula debería subir respecto de la estipulada por Moro, de 9 a 12 años de cárcel. Los mecanismos utilizados fueron los importados del sistema judicial estadounidense: inversión de la carga de la prueba y condena por un hecho que no consta de la denuncia, lo que permite a los jueces formar su “convicción por la libre interpretación de la prueba”, como dijo Victor Laus.
Estos votos y esa continuidad del golpe buscan impedir el derecho del voto para intentar, preventivamente, el mismo objetivo que tuvo la destitución de Dilma Rousseff, aplicar ataques más duro que los que aplicaba el PT o ahora promete aplicar, como hizo su presidenta Gleisi Hoffman, promocionando una reforma previsional “light”.
Mientras tanto, Temer está en Suiza, en el Foro de Davos, prometiendo aprobar la reforma previsional el 20 de febrero, aprovechándose del nuevo impulso en la bonapartización del régimen.
Si en abril de 2016 los diputados de la Cámara justificaron su voto a favor del golpe institucional en el nombre “de Dios, de la familia, de los torturadores y de las Fuerzas Armadas”, ahora los jueces del TRF4 en Porto Alegre y los revisores del voto usaron a Winston Churchill, Aristóteles y Dostoievski para darle continuidad al golpe reaccionario y aumentar la arbitrariedad del poder judicial.
Como dijimos en nuestra declaración previa al juicio, este creciente autoritarismo judicial y el cercenamiento de los derechos democráticos por un régimen político cada vez más restrictivo tiene efectos reaccionarios sobre la población, en primer lugar sobre los trabajadores. Procesos armados sobre declaraciones de testigos con prisiones preventivas arbitrarias, filtración de pruebas y testimonios, filtración de escuchas telefónicas, y ahora la condena arbitraria de un expresidente será también un precedente para fortalecer aun más esos procesos –que ya nos son usuales en los morros y favelas contra la población negra- contra los trabajadores, el pueblo pobre y la izquierda, que no cuentan con la protección de la popularidad de Lula, en una llamada democracia que mantiene presas a casi 300.000 personas sin condena, en su mayoría negras.
Siempre luchamos contra la derecha y los golpistas de manera independiente de la política de conciliación de clases de Lula y del PT. Pero damos esta batalla por construir una alternativa anticapitalista de los trabajadores a la vez que repudiamos el avance del autoritarismo estatal, que busca restringir el derecho democrático elemental de la población a votar a quien quiera, incluso a Lula.
Este ataque al derecho del pueblo a elegir a quién votar es prueba de la degradación de esta democracia de los ricos, en la que jueces y fiscales a los que nadie votó tiran abajo presidentes y definen los rumbos de las elecciones.
Frente a este ataque del poder judicial, las centrales sindicales, en primer lugar la CUT y la CTB, deberían convocar inmediatamente a una huelga general contra las reformas y los ataques a los derechos democráticos.
Es urgente que los trabajadores puedan unir sus filas para luchar contra las reaccionarias reformas de Temer (para abolir la reforma laboral y frenar la previsional) y en defensa de los derechos democráticos de toda la población, en primer lugar contra la restricción del derecho a votar a quienes quieran.
Ese combate por los derechos democráticos atacados lleva a un choque con el conjunto del régimen político. El juez Moro, la operación Lava Jato y el conjunto del poder judicial no tiene ningún interés en “combatir la corrupción y la impunidad”.
Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana impuesta con la lucha, que instituya a jueces y jurados elegidos y revocables por el pueblo y que reciban lo mismo que una docente (que a su vez debería ganar como mínimo el valor del salario mínimo calculado por el Dieese) y que anule las reformas y privatizaciones de Temer, podría realmente comenzar a atacar a la corrupción y enfrentar seriamente los ataques de la derecha golpista.
Una Constituyente en la que todo político sea revocable y cobre como una docente, que revise toda la estructura económica de Brasil (incluso sus acuerdos internacionales) poniendo los recursos del país al servicio de los trabajadores y del pueblo pobre, realizando una reforma agraria radical y estatizando sin indemnización y bajo control de los trabajadores a las grandes empresas involucradas en corrupción, como Odebrecht y JBS.
Es urgente que las centrales sindicales pongan en práctica un plan serio de luchas que incluya los aspectos económico-políticos y democráticos para combatir la ofensiva autoritaria del Estado.
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