Alejandro Braun Peña quiere desmontar nueve mil hectáreas para plantar soja. La zona, ubicada en Salta, está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi.
El empresario Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, amenazó a la Fundación Greenpeace con “acciones judiciales” por las “innumerables falacias que han venido publicando últimamente contra mi persona en distintos medios publicitarios”. Esto se debe a las múltiples denuncias que ha venido realizando la ONG sobre el desmonte de casi 9 mil hectáreas protegidas por la Ley Nacional de Bosques en la provincia de Salta, un área equivalente a media Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Braun Peña es propietario de la finca Cuchuy, ubicada en Corralito, en el departamento salteño de San Martín. La zona contiene bosque nativo de la región del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes.
Sin embargo, Braun Peña tiene planificado sembrar soja, y en la zona ya se han desmontado cinco mil hectáreas de bosque nativo. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas diez familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. “Fueron arrinconadas en el último lote alrededor de un mar de soja”, declaró la ONG.
Para esta acción el empresario ha contado con la bendición del gobernador de la provincia, el macrista Juan Manuel Urtubey (PJ), quien habilitó la rezonificación del área protegida de la finca Cuchuy a pedido de la familia Braun Peña. Esto es, una reformulación del mapa de bosques protegidos eliminando de este la zona en discusión. Urtubey ya había autorizado el desmonte de casi 145 mil hectáreas de bosques protegidos.
La acción de Urtubey le ha permitido a Alejandro Braun Peña amenazar a los ecologistas: “Exhorto a Greenpeace a que en el plazo único y perentorio de 48 horas de recibida la presente rectifiquen dichas mendaces publicaciones, bajo apercibimiento de promover de inmediato las acciones judiciales”.
“No nos vamos a callar”
Greenpeace ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a desmontar 400 hectáreas más de bosques nativos. Ahora la ONG rechazó la carta documento enviada por Braun Peña por contar con “argumentos falsos e improcedentes” y ratificó la información relativa a la deforestación ilegal que se está realizando en la finca Cuchuy.
“En el marco de la campaña de bosques, que lleva más de 20 años en el país, Greenpeace denuncia la deforestación y destrucción de los bosques nativos realizada de manera ilegal que incumplen los preceptos de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos Nro. 26.331, y otras leyes nacionales y provinciales”, señalaron.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques afirmó que “en lugar de detener las topadoras que están destruyendo los bosques, Braun Peña nos amenaza con acciones legales. No nos vamos a callar. Seguiremos denunciando y exponiendo a todos los que atentan contra la vida y el bosque”.
Alejandro Jaime Braun Peña integra el directorio de Finca Cuchy S.A. junto a Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Según rastrearon los miembros de Greenpeace, Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton, Latin Bio, Cremer y Asociados, Hierros S.A. y Sideco Americana, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri. En 1997 Braun Peña compró la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
El empresario Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, amenazó a la Fundación Greenpeace con “acciones judiciales” por las “innumerables falacias que han venido publicando últimamente contra mi persona en distintos medios publicitarios”. Esto se debe a las múltiples denuncias que ha venido realizando la ONG sobre el desmonte de casi 9 mil hectáreas protegidas por la Ley Nacional de Bosques en la provincia de Salta, un área equivalente a media Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Braun Peña es propietario de la finca Cuchuy, ubicada en Corralito, en el departamento salteño de San Martín. La zona contiene bosque nativo de la región del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes.
Sin embargo, Braun Peña tiene planificado sembrar soja, y en la zona ya se han desmontado cinco mil hectáreas de bosque nativo. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas diez familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. “Fueron arrinconadas en el último lote alrededor de un mar de soja”, declaró la ONG.
Para esta acción el empresario ha contado con la bendición del gobernador de la provincia, el macrista Juan Manuel Urtubey (PJ), quien habilitó la rezonificación del área protegida de la finca Cuchuy a pedido de la familia Braun Peña. Esto es, una reformulación del mapa de bosques protegidos eliminando de este la zona en discusión. Urtubey ya había autorizado el desmonte de casi 145 mil hectáreas de bosques protegidos.
La acción de Urtubey le ha permitido a Alejandro Braun Peña amenazar a los ecologistas: “Exhorto a Greenpeace a que en el plazo único y perentorio de 48 horas de recibida la presente rectifiquen dichas mendaces publicaciones, bajo apercibimiento de promover de inmediato las acciones judiciales”.
“No nos vamos a callar”
Greenpeace ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a desmontar 400 hectáreas más de bosques nativos. Ahora la ONG rechazó la carta documento enviada por Braun Peña por contar con “argumentos falsos e improcedentes” y ratificó la información relativa a la deforestación ilegal que se está realizando en la finca Cuchuy.
“En el marco de la campaña de bosques, que lleva más de 20 años en el país, Greenpeace denuncia la deforestación y destrucción de los bosques nativos realizada de manera ilegal que incumplen los preceptos de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos Nro. 26.331, y otras leyes nacionales y provinciales”, señalaron.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques afirmó que “en lugar de detener las topadoras que están destruyendo los bosques, Braun Peña nos amenaza con acciones legales. No nos vamos a callar. Seguiremos denunciando y exponiendo a todos los que atentan contra la vida y el bosque”.
Alejandro Jaime Braun Peña integra el directorio de Finca Cuchy S.A. junto a Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Según rastrearon los miembros de Greenpeace, Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton, Latin Bio, Cremer y Asociados, Hierros S.A. y Sideco Americana, empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri. En 1997 Braun Peña compró la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
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