El juez de la causa Cuadernogate Claudio Bonadio, sostiene que el cartel de constructoras de la obra pública fue inventado por los K en el 2003. Algo así como decir que la prostitución la inventó madame Pompadour pese que existe desde siempre, lo mismo que los jueces prevaricadores. Siendo este tradicional tongo de la obra pública por parte de la denominada “patria contratista”, la que ha deparado las nuevas grandes fortunas de Argentina, de los Macri, los Rocca, los Roggio, Pérez Companc etc. No obstante que en 1981 se concretó una notable denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que aportaba sustanciales pruebas de esa cartelización dedicada el arreglo de los resultados de las licitaciones públicas con enormes sobreprecios, la que como sucede siempre en Argentina quedó en la nada.
El 20 de agosto de 1981, el ciudadano argentino Juan José Velazco, vinculado a sectores de inteligencia, presentó una notable denuncia ante la novedosa Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, bajo el expediente 108.860 del ministerio de Economía, revelando que una gran cantidad de licitaciones habían sido previamente arregladas por sus participantes, con enormes aumentos respecto el presupuesto oficial en Córdoba y el norte argentino.
Dicha comisión había sido creada el año anterior por un decreto ley impulsado por el ministro de la triste figura, José Martínez de Hoz, para proveer a la “defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”. Y estaba entonces integrada por cinco miembros, su presidente, Jorge Quinteros, y cuatro vocales, Enrique Scala, Jorge Cermesoni, Carlos Moyano Walker, y Fernando Goldaracena.
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