Tarifazo: Qué dejó la audiencia pública

La audiencia pública constituyó una operación de todos los poderes del Estado para consagrar el tarifazo. El gobierno se aseguró el acuerdo de los principales bloques de la burguesía e incluso de la burocracia sindical, en los días y horas previos al “debate” sobre las tarifas. Luego, manipuló hasta el orden de los oradores, para que los defensores directos del tarifazo -funcionarios y empresas- monopolizaran el inicio de las tres jornadas. Incluso con esas limitaciones, la audiencia fue un laboratorio político, pues permitió ver el lugar de todas las clases sociales y partidos ante el tarifazo. Dolarización Desde el vamos, la presentación de Aranguren y los empresarios petroleros puso de manifiesto el gran objetivo del gobierno, a saber, la dolarización general de las tarifas y, en ese cuadro, un régimen de precios garantizados para la industria petrolera. La Corte había incluido en la audiencia a los precios del gas en boca de pozo, con el argumento de que estos se encuentran regulados. El gobierno tomó el guante y reguló un ´sendero´de valores de acá al 2019, asegurando a los grupos petroleros la triplicación del precio internacional. El tarifazo es, esencialmente, una operación en favor de los pulpos petroleros. Es significativo que en esa primera parte de la audiencia se reivindicara de forma entusiasta a la política petrolera del menemismo, cuya dolarización de tarifas sirvió de base a un endeudamiento acelerado y a la depredación de las reservas petroleras. Pero los émulos de Menem tendrán que dolarizar en medio de un derrumbe de los precios mundiales de los hidrocarburos. Por eso, los supuestos abanderados de la “vuelta al mercado” terminaron imponiendo una regulación estatal despótica de los precios del gas, blindando a los monopolios frente a los vaivenes del mercado internacional. En esa línea, funcionarios y empresarios también reivindicaron la política petrolera que el kirchnerismo puso en marcha desde 2013, inaugurando los sobreprecios en la industria del gas. La oposición política y empresarial Después de semejante reconocimiento, era previsible que los representantes del kirchnerismo –comenzando por Kicillof- eludieran un balance de su política petrolera, que toleró la desinversión y el vaciamiento del patrimonio energético, premió a los vaciadores con subsidios y, cuando tocó fondo, abrió un curso de concesiones extraordinarias en beneficio de Chevron y otros. Kicillof, por eso, prefirió referirse “al salario”, una forma sinuosa de dar por concluido el cuestionamiento al tarifazo. De un modo general, los representantes políticos o corporativos de la burguesía –diputados, cámaras empresariales- convalidaron las pretensiones oficiales, pero pidiendo “consideración” para sus casos particulares: el gas para los comercios, o las industrias, o determinadas zonas del país. Al final de la audiencia, precisamente, el gobierno anunció un mayor gradualismo en los aumentos de los consumos comerciales o industriales. Estas concesiones a los capitalistas no alteran el núcleo de la política oficial, el cual, insistimos, pasa por un régimen de precios garantizados y en dólares en favor de las petroleras. En aras de ese propósito, el gobierno seguirá dispuesto a subsidiarlas con la diferencia entre esos precios dolarizados y las tarifas todavía menores. Después de todo, esos subsidios saldrán del presupuesto público, que terminan pagando los propios trabajadores y consumidores bajo la forma de impuestos y de un creciente endeudamiento nacional. Otro capítulo de las intervenciones de la audiencia estuvo dado por los “defensores del pueblo”, los cuales, en su casi totalidad, se limitaron a pedir normas más claras y flexibles para la 'tarifa social'. Es una orientación complementaria y funcional al tarifazo, en la línea de la burguesía y de toda la política oficial: poner a salvo las superganancias de las petroleras, y contener con subsidios los focos de conmoción social. La CGT “unificada” estuvo ausente de cualquier batalla contra el tarifazo. En la audiencia, sólo apareció la burocracia petrolera en la figura de Guillermo Pereyra, y lo hizo para defender “el aumento del gas en boca de pozo”. Pereyra, en cambio, no abrió la boca frente a los despidos y los intentos flexibilizadores en la industria. Nuestra intervención Las intervenciones de la izquierda y del Partido Obrero denunciaron el carácter manipulado de la audiencia, cuyo punto de partida es la desinformación deliberada respecto de los verdaderos costos de extracción del gas en la Argentina. Reclamamos, por ello, una auditoría integral de los libros y costos de la industria energética, a manos de sus trabajadores. Desde Neuquén, contrapusimos el dominio económico y político que ejercen los pulpos sobre la riqueza provincial, de un lado, y, del otro, la miseria de su población trabajadora. Desde Salta y Buenos Aires, denunciamos el parasitismo de las distribuidoras de gas, que reclaman aumentos cuando vastos sectores de trabajadores están condenados a servirse del gas por garrafas. Los oradores de la Coordinadora Sindical Clasista hicieron que se escuche la oposición de la clase obrera al tarifazo, ausente en la voz de los burócratas. En conexión con la crisis política, asociamos este premio a las petroleras a la política de capitulación oficial en relación a Malvinas. Desenmascarando a quienes presentaron los subsidios a los pulpos como “una forma de salvar los puestos de trabajo”, denunciamos que la industria petrolera despidió a 4.100 compañeros desde comienzos de año. Pusimos de relieve el doble tarifazo que llegará al consumidor por la vía residencial y por la vía del traslado a precios del tarifazo en las empresas industriales y comerciales. Marcamos el carácter exponencial del tarifazo en dólares sujeto al aumento del dólar y las devaluaciones futuras del peso. Desnudamos que fue el tercer rescate de las petroleras, luego de la venta de YPF por chirolas con bonos basura, el rescate duhaldo-kirchnerista mediante el régimen de susbsidios y el tarifazo actual. En oposición al rescate estatal de los pulpos, los oradores del Partido Obrero planteamos una nacionalización integral de la industria energética, como parte de un programa de reorganización social bajo la dirección de los trabajadores. Desde las calles, acompañamos esta lucha con intensas movilizaciones en todas las ciudades donde se celebraron las audiencias. Con la audiencia pública, el gobierno ha logrado un cierre precario -y probablemente provisorio- de la cuestión del tarifazo. En definitiva, Aranguren no hizo sino ratificar el programa de aumentos que desató una conmoción popular. La concreción integral del tarifazo conducirá a un dislocamiento industrial y acentuará la presión sobre el salario. La postergación de esos choques, a costa de subsidios, colisiona con la crisis fiscal. La cuestión del tarifazo seguirá presente en la lucha por la reapertura de las paritarias y en la denuncia general del entreguismo oficial, desde Malvinas al FMI. La postración de los “partidos de Estado” ante las exigencias de Chevron, British Petroleum y otras refuerza la necesidad de que la izquierda y la clase obrera intervengan como alternativa política en la crisis nacional.