Contratistas pusieron millones para Macri

Macri recibió $ 3 millones de contratistas del Estado para su campaña electoral La ley de financiamiento prohíbe que empresas concesionarias de gobiernos aporten a candidatos. Sin embargo, el Presidente recibió donaciones de integrantes de compañías, muchos de ellos con altos cargos jerárquicos, operatoria que según la Cámara Nacional Electoral busca evadir las prohibiciones legales. Si se suman los aportes de gerentes de empresas sin vínculos actuales con el Estado, la cifra alcanza los $ 5 millones. Al menos dos personas negaron haber hecho los aportes. Si hay algo en lo que coinciden todos los especialistas en financiamiento político es en que el dinero que mueven las campañas “en negro” en la Argentina es mucho mayor a lo declarado oficialmente. Sin embargo, las elecciones de 2015 revelan un fenómeno aún más llamativo: que ni siquiera cierran las cuentas “en blanco” que los partidos dicen haber gastado. Casi tres millones de pesos que el presidente, Mauricio Macri, recibió de aportes privados para financiar su campaña para las elecciones primarias y las generalesprovienen de gerentes y empleados de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobiernos provinciales, algo que entra en conflicto con la ley que prohíbe este tipo de donaciones incluso fuera del período de campaña. Al menos 33 integrantes de agencias de publicidad; 20 miembros de empresas de seguridad privada; siete empleados ligados con una constructora y cuatro gerentes de una empresa de higiene urbana, todas ellas con vínculos con la gestión porteña o contratos con provincias, como la de Córdoba, aportaron $2,7 millones para que Macri llegara a la Casa Rosada. Dos de las personas consultadas negaron haber hecho el aporte a título personal, y se lo adjudican a la empresa para la cual trabajan. El artículo 15 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos es muy categórico y restrictivo: prohíbe que las alianzas políticas reciban “contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires”. Dentro del período electoral, además, el artículo 44 bis de la misma norma extiende dicha prohibición a todo tipo de empresas. En este sentido, cuando se incluyen los aportes de personas con altos cargos directivos vinculados con empresas que actualmente no son concesionarias de gobiernos, como la portuaria Marítima Heinlein SA, el holding dedicado a realizar inversiones financieras vinculado con el Grupo Román Puerto Asís Argentina SA o la petrolera china Sinopec Inc., el monto recibido por la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti alcanza al menos los cinco millones de pesos. La campaña “negra” o de fondos no declarados tiene montos mucho más grandes y es una historia aparte (ver Recuadro I). De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los expertos en la materia, estas maniobras chocan con los límites de la ley, que prohíbe que las personas jurídicas -en especial las concesionarias o contratistas- aporten dinero para la campaña de un candidato. Si bien las compañías mencionadas no figuran directamente como aportantes (algo prohibido desde 2009, cuando se reformó la ley electoral), la CNE advirtió en un fallo de 2014 que es probable que este tipo de donaciones de directivos de una misma empresa escondan un aporte empresarial encubierto. Hasta el momento, y a pesar de las pruebas aportadas por el Cuerpo de Auditores de la Nación en diferentes casos, ningún juez o fiscal federal avanzó en forma significativa en la investigación de partidos o candidatos por este tipo de irregularidades. Las sanciones tomaron casi siempre la forma de multas, ya que otro tipo de castigo, como la prohibición de presentarse como candidato a una nueva elección establecida en el artículos 63 de la ley, fue luego rechazada por la Justicia por la manera en la que el juez de primera instancia llevó a cabo la investigación (fallo “Sobisch”). Chequeado consultó a los responsables económicos de los informes financieros de Cambiemos para las elecciones PASO y las generales, quienes según la ley deben responder ante la Justicia por irregularidades en los informes presentados. En el primer caso, se trata de dos jubiladas, Stella Maris Sandoval y María Armanda Inza. Inza también figura como segunda responsable económica del informe de las elecciones generales. Este sitio informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar, pero familiares de ambas dijeron que no iban a hablar por encontrarse “con problemas de salud” o “estar de viaje”. Marcos Agustín Chiappe, primer responsable económico del PRO en las PASO y empleado del Instituto de Juego de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, no atendió los llamados de este sitio. Quien sí contestó fue la flamante interventora del PRO en la provincia de Buenos Aires, María Luisa Fernanda Inza, familiar de María Inza y subsecretaria técnica de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, bajo la órbita del secretario Pablo Clusellas. “Son aportes de todo tipo de donantes, personas físicas, donde seguramente habrá empleados públicos, empleados del sector privado, profesionales liberales, gerentes, etcétera, en las condiciones que habilita la ley, y sin superar los límites establecidos por la misma”, sostuvo. “Todo lo que se hizo es legal, y lo hicimos en blanco. Esto es mucho más transparente que hacer aportes en negro o mentirosos”, explicó a Chequeado José Torello, apoderado nacional del PRO y amigo personal de Macri, quien insistió además en que todas las personas llamadas por la Justicia en las elecciones anteriores ratificaron haber puesto la plata que dicen haber donado. El apoderado del PRO dijo que hicieron una cena de recaudación de fondos en la que recibieron aportes de miles de personas. “Reconozco que es un proceso engorroso, pero es la única manera de no ser truchos, y nosotros tratamos de ser lo menos trucho posible”, aseguró. Respecto de las personas que negaron ante este sitio haber puesto plata de su bolsillo y sobre la posibilidad de que muchos otros aportes que figuran como individuales sean realmente de fondos de empresas contratistas, Torello agregó: “La ley es muy trucha. Nosotros hicimos todo bien. Si a mí me pasan los nombres, CUIT y demás datos de personas diciéndome cuánto había aportado cada una y eso no era cierto sino que eran aportes de empresas, yo no tenía forma de detectarlo. Dentro de las limitaciones de la ley hicimos lo mejor que pudimos”. Precisiones de los aportes Según reconstruyó este sitio tras analizar uno por uno los 849 nombres de losdonantes que figuran en el informe financiero que hoy estudia el Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, en las PASO Macri declaró haber recibido más de dos millones de pesos en efectivo de integrantes de empresas de los siguientes rubros: