Las estafas ocultas en la leonina deuda a 100 años y otras

En la emisión de la deuda a 100 años hubo “comisiones” para los bancos intermediarios del orden de los u$s 100 millones. Lo mismo sucedió en la emisión de deuda por u$s 7.000 millones en enero pasado. Se aceptó además un enorme sobrecosto para su rescate anticipado, o si hubiera un default, con sobretasas y responsabilidades adicionales, si los bonos no se registraran debidamente, etc. A ello se sumó una operación colateral de venta y recompra de títulos (REPO) que les rendirá un 24 % anual a dos de los bancos intervinientes, que obtendrán en 18 meses el doble de los que nos prestaron a 100 años. A la par que se critica al anterior Gobierno por haber tomado deuda al 15 % anual. Se trata de descomunales estafas ocultas, que ponen en evidencia la renuncia del Congreso para cumplir con sus deberes, a la par que sus integrantes hacen aspaviento de renunciar a sus fueros. Por Javier Llorens En la nota Porqué la deuda a 100 años de Macri es ruinosa e ilegal se analizó la inconveniencia que tiene esa endeudamiento externo en todo sentido. Luego el Gobierno publicó la documentación con la que se aprobó y emitió la misma, revelando su letra chica como en todas las cuestiones de las finanzas, que el diablo se esconde en los detalles. Al existir un cúmulo de muy graves anomalías, que hacen que la cuestión sea muchísimo más grave de lo que aparentaba. La resolución (97/E17) con la que el ministro Luis Caputo emitió la deuda centenaria, de entrada revela una notable anomalía, que da una pista por donde pasa el intríngulis de la operación. Al invocar en su comienzo el encargo hecho por el presidente Mauricio Macri en enero (Decreto 29/17) para “proceder a la registración ante la SEC (“Securities and Exchange Commission” de los EEUU de un monto de bonos que no supere la suma del valor nominal” de 20 mil millones de dólares”. Acá comienza el frangollo en la cuestión, dado que Caputo no cumplió con ese encargo. Y lo que hace en esta resolución, abusando en su autoridad, es emitir bonos que no están registrados en la SEC, y por ende prohibidos de negociarse en EEUU según las leyes de ese país, salvo excepcionalmente a través de “Compradores Institucionales Calificados” (CIC). Previéndose la posibilidad de canjearlos por otros similares, registrados en la SEC, cuando esta los autorice, Lo cual no solo complica toda la estructura de la emisión, sino que además la encarece notablemente, revelándose así que esto es una maniobra destinada a disimular las enormes comisiones reales cobradas por los bancos CITIGROUP, HSBC, NAMURA Y SANTANDER. La estafa en las comisiones A los cuales, incurriendo en falsedad ideológica en su resolución, Caputo los denomina “Bancos colocadores conjuntos”. Cuando en realidad se trata de “Bancos Compradores”, tal como lo pone en evidencia la misma resolución, al aprobar ella los siguientes anexos (arts 3 y 4): El “Memorandum de la Oferta”, en reemplazo del Prospecto de los bonos que debían ser registrados en la SEC. Un “Acuerdo de compra” de los bonos por parte de esos mismos bancos, por u$s 1.237,5 millones el CITIGROUP y HSBC, respectivamente; y u$s 137,5 millones Nomura y Santander, respectivamente. Totalizando así los u$s 2.750 millones. Un “Acuerdo de Registración”, para asegurar la futura inscripción de los bonos en la SEC, estableciendo penalidades y responsabilidades en contra de Argentina, si eso no ocurriera. Seguidamente Caputo le reconoce los supuestos “Colocadores Conjuntos”, una comisión de colocación del 0,12% sobre el monto nominal del capital de los bonos de u$s 2.750 millones (art 5). O sea una modesta suma de solo u$s 3,3 millones de dólares. Pero cuando el milagro es grande, hasta el santo desconfía dice el refrán, dado que esa comisión resulta extraordinariamente baja, ya que normalmente suelen ser el doble y el triple en la Nación, y en las provincias hasta cinco veces más. Tal como sucedió previamente en abril, en una colocación de bonos por 400 millones de francos suizos con un interés del 3,375 % anual, con vencimiento en el 2020, con la misma estructura del bono a 100 años, pactada con los bancos BNP PARIBAS, CREDIT SUISSE Y UBS (Resolución 51-E/2017) que a la fecha parece haberse frustrado, en la cual la comisión dispuesta fue del 0,30 %. O sea dos veces y media superior a la del bono a 100 años. Pero esa supuestamente bajísima comisión, tiene como contraste que según el “Acuerdo de Compra”, los bancos adquirieron el bono a cien años al 89,88 % de su valor. Con lo cual respecto su valor nominal hay una linda diferencia de u$s 278 millones. De la cual los supuestos “bancos colocadores” se llevaron una buena tajada, dado que a las 48 horas de su emisión, los bonos cotizaban a 92,90 de su valor. Por la cual la diferencia hecha por los supuestos “bancos colocadores” trepa al menos a un 3,14 %, equivalente a u$s 86 millones, o sea 26 veces más que la comisión declarada. Disimulada esta ganancia en el “Acuerdo de compra”, con la autorización hecha por Caputo, para que los supuestos “bancos colocadores” realicen maniobras de “estabilización” del precio de los bonos en el mercado, para que puedan hacer esa o mayores diferencias. La estafa en las comisiones no es una novedad Pero este ardid financiero de confundir colocador con comprador, no es una novedad. Ya que Caputo hizo lo mismo a principios de año, en enero, con la emisión de 7.000 millones de dólares con los supuestos bancos “Colocadores conjuntos” BBVA, CITIGROUP, DEUTSCHE BANK, HSBC, J.P. MORGAN, y SANTANDER. Por un bono a cinco años de plazo, con vencimiento en 2022, por u$s 3.250 millones, y 5,625 % de interés. Y un bono a diez años de plazo, con vencimiento en 2027, y 6,875 % de interés (Resolución 5-E17). Operación en la cual Caputo también les reconoció a esos supuestos colocadores, una mínima comisión del 0,12 %, o sea u$s 8,4 millones. Pero que tiene la misma arquitectura ardidosa del bono por 100 años, con la existencia de parecidos “Memorandum de la Oferta”, “Acuerdo de Compra”, y “Acuerdo de Registración”. Dichos acuerdos fueron publicados como anexos de la resolución, pese ser meros borradores tentativos, llenos de vacíos a completar. Inadmisibles para la jerarquía que debería tener una documentación oficial en una operación de esa magnitud, que implica una suma de $ 105 mil millones de pesos. Tal como su puede observar en la siguiente descripción que se hizo en ellos de uno de esos bonos, donde todos sus datos están “en blanco”, y no obstante es documentación oficial.