"Eran las 13:35 del jueves (24/03) y faltaba menos de una hora para la llegada de Barack Obama a la ciudad de Bariloche. En ese momento, sorpresivamente, aterrizaba el Tango 10, el avión de la flota oficial en que el suele moverse Mauricio Macri. Sin dar declaraciones, el Presidente aterrizaba y subía inmediatamente a un helicóptero por lo menos llamativo.
En realidad eran 2 los helicópteros que esperaban a Macri en la pista (...). Uno, de la Prefectura, despegó repleto de bolsos detrás de otro, bordó, en el que viajaron el Presidente y su familia. Esa aeronave es propiedad del magnate inglés Joseph Lewis, dueño de, entre otras cosas, el club inglés Tottenham y miles de hectáreas en la Patagonia, varias de ellas fuera de la ley.
"Joe" Lewis es un exitoso empresario inglés de 79 años cuya fortuna asciende a más de US$ 5.000 millones. Según la revista Forbes, terminó 2015 en el puesto N°277 de los hombres más ricos del mundo.
Es la cara visible de un poderoso grupo económico dueño del club Tottenham y parte de Pampa Holding, que tiene entre sus activos a Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país y una de las mayores compañías de servicios públicos (...)".
Antes que sea tarde es importante anticiparlo: en la Audiencia Pública también regresarán los capítulos desconocidos del acuerdo entre Chevron e YPF, que Mauricio Macri le ordenó mantener en secreto a la Oficina Anticorrupción en manos de Laura Alonso, quien así inició un deterioro de su figura pública.
De acuerdo a la agencia estatal de noticias Telam, Pampa Holding le compró activos a Petrobras Argentina: 1.200 MW de generación eléctrica, áreas de exploración y producción de hidrocarburos, en especial bloques productivos de gas y petróleo, complejos petroquímicos, una refinería y una red de 247 estaciones de servicios, además de la utilización de la marca por 18 meses.
Luego, Pampa informó que acordó asociarse con Petrobras Brasil y con YPF para potenciar el desarrollo del área Río Neuquén, mediante la venta de 33% de los derechos de concesión.
Por algún motivo, en el debate de la estrategia de recomposición del gas en boca de pozo han vinculado el zigzagueo informativo-judicial del presidente Mauricio Macri con los intereses de su amigo Lewis.
Acerca de la futura audiencia pública, algunos recortes:
Mariano Spezzapria en el diario El Día, de La Plata:
"(...) Las fuerzas de oposición también pusieron un ojo en la política de energía renovable que impulsa Aranguren, con aval presidencial. Les llamó la atención el decreto 282 de este año que facilitó el acceso a la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Y lo vincularon con el empresario británico Joseph Lewis, quien hospedó a su amigo Macri en una mansión patagónica.
Además de tierras, Lewis posee en la Argentina una parte de la firma Pampa Holding, que entre sus activos tiene a Enenor, la mayor distribuidora de electricidad del país. Esa compañía será parte de la discusión por la tarifa de la luz, que entre mañana y el martes tendrá una fecha para su propia audiencia pública, diferenciada de la del gas que se realizará el próximo 12 de septiembre.
El sitio elegido por el gobierno fue la Usina del Arte, un bello edificio recuperado por el macrismo -que perteneció a la Italo-Argentina- en La Boca, que reúne dos condiciones: cuenta con capacidad para albergar a las cientos de personas que participarán de las audiencias y no se encuentra en pleno centro de la Capital, lo que evitará que las manifestaciones opositoras ganen la escena.
No obstante, el fallo de la Corte dejó un flanco abierto al no incluir a las pymes y los clubes de barrio entre los exceptuados del tarifazo del gas, por el cual se multiplicarán las demandas de la oposición, las cámaras empresarias y las entidades de defensa de los consumidores.
En rigor, el fallo que llegó a la Corte no incluía un reclamo de empresas y comercios, sino sólo de usuarios residenciales. El gobierno estudiaría la forma de atenuar el aumento para esos sectores, para no tener más complicaciones.
De todos modos, no podrá evitar una andanada de protestas que ya están agendadas, como una marcha federal que el 2 de septiembre confluirá en la Plaza de Mayo, organizada por la CTA, o una eventual medida de fuerza que convoque la CGT tras el congreso de reunificación que tendrá lugar mañana en el estadio de Obras Sanitarias. Allí se proclamará un triunvirato para la conducción.
Uno de los jefes sindicales que integrará ese trío, Juan Carlos Schmid, anticipó que no habría que descartar un paro nacional si el gobierno mantiene el rumbo económico. (...)".
Martín Bidegaray en el diario Clarín, con el enfoque gubernamental:
"En la Rosada están pensando cómo darle mayor previsibilidad futura a la tarifa de gas. En octubre se hará la revisión tarifaria integral (RTI), que definirá el sendero de precios para los próximos años. Pero al margen de ese proceso, el Ejecutivo quiere que las partes sepan que la tarifa que se decida en las audiencias tendrá cierta continuidad. Se habla de ser "previsibles".
En cuanto al incremento que plantearán, en el Gobierno lo están definiendo, pero no sería muy diferente del 400% que tenía planeado inicialmente, aunque sin tope.
En el Ejecutivo tomaron nota de algunos errores del aumento de abril. Por ejemplo, en las provincias que tenían amparos judiciales por las que no pagaban incrementos desde 2014, como sucedió en Santa Fe. Allí, el kirchnerismo aplicó una suba de 200%, pero la mayoría no la pagó porque consiguió una cautelar a su favor. La nueva administración les subió un promedio de 400% -como hizo en casi todo el país- y eso terminó generando un aumento de 600%: el 200% que no pagaron entre 2014 y 2015 más el 400% de 2016. Los técnicos del oficialismo se terminaron dando cuenta del contratiempo después de publicado el cuadro tarifario. Lo mismo le sucedió con ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca.
Esos cálculos que exageraron las subas son los que el Gobierno buscará reparar. También habrá consideraciones con las regiones de mayor frío como la Patagonia. Allí el Gobierno subió de $ 0,10 por metro cúbico a $ 2,50 en abril. Un incremento de esa magnitud no se repetirá, pero tampoco se mantendrá la tarifa de 2015. En Puerto Montt (Chile), el gas se paga 11 veces más caro que en Bariloche, según un estudio que maneja el Poder Ejecutivo. (...)".
Raúl Kollmann en el diario Página/12, cuestiona la estrategia gubernamental acerca del gas en boca de pozo, el tema que regresa a las empresas involucradas con Vaca Muerta:
"(...) De los distintos aspectos que trata el fallo de la Corte Suprema del jueves último, el que debe haber incomodado más al ministro Juan José Aranguren habrá sido la decisión del tribunal ordenando que la fijación del precio mayorista del gas (el denominado “gas en boca de pozo”) también deberá pasar por audiencia pública. Y la incomodidad del ministro se relaciona a que es la cuestión que menos interés tenía en ventilar y más hubiera querido preservar de un debate abierto. Hasta donde pudo, sostuvo que el precio del gas que se paga a los productores estaba fuera de toda regulación, y que si hubo un aumento del costo es porque el anterior gobierno (la herencia recibida) hizo al país “dependiente de la energía importada”, encareciendo así los costos del gas distribuido por redes. Justificación suficiente, a su criterio, para aumentar el precio que se paga a los productores y así incentivar la producción local.
Pero el fallo de la Corte, sin embargo, lo obligará a explicar ante una audiencia pública por qué, si el precio anterior ya estaba (en dólares) por encima del que se paga, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, lo aumentó en un 100 por ciento (en dólares), cuando ya existían otros mecanismos de incentivo de precios para quienes aportaran producción excedente (nuevos yacimientos o aumento de la producción de los que ya están en explotación). Es decir, que deberá defender una transferencia de ingresos a favor de los concesionarios de áreas gasíferas por 2800 millones de dólares, no a cambio de aumentar la producción ni de comprometer inversiones, sino simplemente por lo que ya producen. Quizás deba explicar, además, que entre los receptores del beneficio (que pagarían con la mayor tarifa los usuarios residenciales, comercios, pequeñas industrias y cooperativas, entre otros) se encuentra la empresa Shell, que participa en las concesiones de dos áreas gasíferas en la cuenca neuquina.
(...) Andrés Repar y Marcos Rebasa, coordinadores del IESO, aseguran que el precio anterior al aumento, el vigente durante 2015, no era insuficiente. Los 2,60 dólares que recibían como retribución los productores representan un valor 30 por ciento superior al que se paga, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos (en torno a los dos dólares por millón de BTU). El valor del gas que se utiliza para abastecer a los usuarios, sean residenciales o no, no tiene subsidios. Es decir, que lo paga en su valor pleno el consumidor que lo recibe por redes. Como ese gas representa el 70 por ciento de la tarifa, su brutal aumento en dólares –según los especialistas sin justificación en términos del precio internacional– provocó el ajuste exponencial en el cuadro tarifario que el propio Ministerio de Energía definió a partir de abril. En consecuencia, el principal factor del tarifazo no fue la eliminación de subsidios otorgados por el gobierno anterior, sino el fabuloso aumento en dólares que le concedió Aranguren a las petroleras."
Proletarios Unidos, vieja consigna del padre del Socialismo Ciéntifico Carlos Marx, es un espacio que intentará reflejar, acercar y unir a todos aquéllos que se sientan parte de la clase trabajadora sin distinciones de partidos o ideologías. Así y con respeto, la idea es volcar temas, consignas, debates , opiniones, etc, para fomentar, acrecentar, valorar y concientizar el papel, el rol y los derechos de la clase trabajadora. Como manda la historia nacemos un 1 de mayo.
miércoles, 24 de agosto de 2016
Preparando la Audiencia Pública, aparece Joe Lewis
"Eran las 13:35 del jueves (24/03) y faltaba menos de una hora para la llegada de Barack Obama a la ciudad de Bariloche. En ese momento, sorpresivamente, aterrizaba el Tango 10, el avión de la flota oficial en que el suele moverse Mauricio Macri. Sin dar declaraciones, el Presidente aterrizaba y subía inmediatamente a un helicóptero por lo menos llamativo.
En realidad eran 2 los helicópteros que esperaban a Macri en la pista (...). Uno, de la Prefectura, despegó repleto de bolsos detrás de otro, bordó, en el que viajaron el Presidente y su familia. Esa aeronave es propiedad del magnate inglés Joseph Lewis, dueño de, entre otras cosas, el club inglés Tottenham y miles de hectáreas en la Patagonia, varias de ellas fuera de la ley.
"Joe" Lewis es un exitoso empresario inglés de 79 años cuya fortuna asciende a más de US$ 5.000 millones. Según la revista Forbes, terminó 2015 en el puesto N°277 de los hombres más ricos del mundo.
Es la cara visible de un poderoso grupo económico dueño del club Tottenham y parte de Pampa Holding, que tiene entre sus activos a Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país y una de las mayores compañías de servicios públicos (...)".
Antes que sea tarde es importante anticiparlo: en la Audiencia Pública también regresarán los capítulos desconocidos del acuerdo entre Chevron e YPF, que Mauricio Macri le ordenó mantener en secreto a la Oficina Anticorrupción en manos de Laura Alonso, quien así inició un deterioro de su figura pública.
De acuerdo a la agencia estatal de noticias Telam, Pampa Holding le compró activos a Petrobras Argentina: 1.200 MW de generación eléctrica, áreas de exploración y producción de hidrocarburos, en especial bloques productivos de gas y petróleo, complejos petroquímicos, una refinería y una red de 247 estaciones de servicios, además de la utilización de la marca por 18 meses.
Luego, Pampa informó que acordó asociarse con Petrobras Brasil y con YPF para potenciar el desarrollo del área Río Neuquén, mediante la venta de 33% de los derechos de concesión.
Por algún motivo, en el debate de la estrategia de recomposición del gas en boca de pozo han vinculado el zigzagueo informativo-judicial del presidente Mauricio Macri con los intereses de su amigo Lewis.
Acerca de la futura audiencia pública, algunos recortes:
Mariano Spezzapria en el diario El Día, de La Plata:
"(...) Las fuerzas de oposición también pusieron un ojo en la política de energía renovable que impulsa Aranguren, con aval presidencial. Les llamó la atención el decreto 282 de este año que facilitó el acceso a la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Y lo vincularon con el empresario británico Joseph Lewis, quien hospedó a su amigo Macri en una mansión patagónica.
Además de tierras, Lewis posee en la Argentina una parte de la firma Pampa Holding, que entre sus activos tiene a Enenor, la mayor distribuidora de electricidad del país. Esa compañía será parte de la discusión por la tarifa de la luz, que entre mañana y el martes tendrá una fecha para su propia audiencia pública, diferenciada de la del gas que se realizará el próximo 12 de septiembre.
El sitio elegido por el gobierno fue la Usina del Arte, un bello edificio recuperado por el macrismo -que perteneció a la Italo-Argentina- en La Boca, que reúne dos condiciones: cuenta con capacidad para albergar a las cientos de personas que participarán de las audiencias y no se encuentra en pleno centro de la Capital, lo que evitará que las manifestaciones opositoras ganen la escena.
No obstante, el fallo de la Corte dejó un flanco abierto al no incluir a las pymes y los clubes de barrio entre los exceptuados del tarifazo del gas, por el cual se multiplicarán las demandas de la oposición, las cámaras empresarias y las entidades de defensa de los consumidores.
En rigor, el fallo que llegó a la Corte no incluía un reclamo de empresas y comercios, sino sólo de usuarios residenciales. El gobierno estudiaría la forma de atenuar el aumento para esos sectores, para no tener más complicaciones.
De todos modos, no podrá evitar una andanada de protestas que ya están agendadas, como una marcha federal que el 2 de septiembre confluirá en la Plaza de Mayo, organizada por la CTA, o una eventual medida de fuerza que convoque la CGT tras el congreso de reunificación que tendrá lugar mañana en el estadio de Obras Sanitarias. Allí se proclamará un triunvirato para la conducción.
Uno de los jefes sindicales que integrará ese trío, Juan Carlos Schmid, anticipó que no habría que descartar un paro nacional si el gobierno mantiene el rumbo económico. (...)".
Martín Bidegaray en el diario Clarín, con el enfoque gubernamental:
"En la Rosada están pensando cómo darle mayor previsibilidad futura a la tarifa de gas. En octubre se hará la revisión tarifaria integral (RTI), que definirá el sendero de precios para los próximos años. Pero al margen de ese proceso, el Ejecutivo quiere que las partes sepan que la tarifa que se decida en las audiencias tendrá cierta continuidad. Se habla de ser "previsibles".
En cuanto al incremento que plantearán, en el Gobierno lo están definiendo, pero no sería muy diferente del 400% que tenía planeado inicialmente, aunque sin tope.
En el Ejecutivo tomaron nota de algunos errores del aumento de abril. Por ejemplo, en las provincias que tenían amparos judiciales por las que no pagaban incrementos desde 2014, como sucedió en Santa Fe. Allí, el kirchnerismo aplicó una suba de 200%, pero la mayoría no la pagó porque consiguió una cautelar a su favor. La nueva administración les subió un promedio de 400% -como hizo en casi todo el país- y eso terminó generando un aumento de 600%: el 200% que no pagaron entre 2014 y 2015 más el 400% de 2016. Los técnicos del oficialismo se terminaron dando cuenta del contratiempo después de publicado el cuadro tarifario. Lo mismo le sucedió con ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca.
Esos cálculos que exageraron las subas son los que el Gobierno buscará reparar. También habrá consideraciones con las regiones de mayor frío como la Patagonia. Allí el Gobierno subió de $ 0,10 por metro cúbico a $ 2,50 en abril. Un incremento de esa magnitud no se repetirá, pero tampoco se mantendrá la tarifa de 2015. En Puerto Montt (Chile), el gas se paga 11 veces más caro que en Bariloche, según un estudio que maneja el Poder Ejecutivo. (...)".
Raúl Kollmann en el diario Página/12, cuestiona la estrategia gubernamental acerca del gas en boca de pozo, el tema que regresa a las empresas involucradas con Vaca Muerta:
"(...) De los distintos aspectos que trata el fallo de la Corte Suprema del jueves último, el que debe haber incomodado más al ministro Juan José Aranguren habrá sido la decisión del tribunal ordenando que la fijación del precio mayorista del gas (el denominado “gas en boca de pozo”) también deberá pasar por audiencia pública. Y la incomodidad del ministro se relaciona a que es la cuestión que menos interés tenía en ventilar y más hubiera querido preservar de un debate abierto. Hasta donde pudo, sostuvo que el precio del gas que se paga a los productores estaba fuera de toda regulación, y que si hubo un aumento del costo es porque el anterior gobierno (la herencia recibida) hizo al país “dependiente de la energía importada”, encareciendo así los costos del gas distribuido por redes. Justificación suficiente, a su criterio, para aumentar el precio que se paga a los productores y así incentivar la producción local.
Pero el fallo de la Corte, sin embargo, lo obligará a explicar ante una audiencia pública por qué, si el precio anterior ya estaba (en dólares) por encima del que se paga, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, lo aumentó en un 100 por ciento (en dólares), cuando ya existían otros mecanismos de incentivo de precios para quienes aportaran producción excedente (nuevos yacimientos o aumento de la producción de los que ya están en explotación). Es decir, que deberá defender una transferencia de ingresos a favor de los concesionarios de áreas gasíferas por 2800 millones de dólares, no a cambio de aumentar la producción ni de comprometer inversiones, sino simplemente por lo que ya producen. Quizás deba explicar, además, que entre los receptores del beneficio (que pagarían con la mayor tarifa los usuarios residenciales, comercios, pequeñas industrias y cooperativas, entre otros) se encuentra la empresa Shell, que participa en las concesiones de dos áreas gasíferas en la cuenca neuquina.
(...) Andrés Repar y Marcos Rebasa, coordinadores del IESO, aseguran que el precio anterior al aumento, el vigente durante 2015, no era insuficiente. Los 2,60 dólares que recibían como retribución los productores representan un valor 30 por ciento superior al que se paga, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos (en torno a los dos dólares por millón de BTU). El valor del gas que se utiliza para abastecer a los usuarios, sean residenciales o no, no tiene subsidios. Es decir, que lo paga en su valor pleno el consumidor que lo recibe por redes. Como ese gas representa el 70 por ciento de la tarifa, su brutal aumento en dólares –según los especialistas sin justificación en términos del precio internacional– provocó el ajuste exponencial en el cuadro tarifario que el propio Ministerio de Energía definió a partir de abril. En consecuencia, el principal factor del tarifazo no fue la eliminación de subsidios otorgados por el gobierno anterior, sino el fabuloso aumento en dólares que le concedió Aranguren a las petroleras."
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