De jerarquía

› Por Luis Bruschtein La escandalosa irrupción de José López con sus nueve millones de dólares en bolsas de basura catapultó las causas contra numerosos funcionarios del kirchnerismo y ha llevado la campaña de desprestigio y destrucción de esa fuerza política a un punto más alto, previo al asalto final contra la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, cuyo domicilio en Río Gallegos fue intrusado en forma violenta. Frente a esa ofensiva, el Frente para la Victoria se mostró más como una fuerza hecha para gobernar que para hacer oposición. Aunque mantiene gran parte de sus diputados, ante la fuerte embestida, el bloque legislativo se rompió por algunos de sus eslabones más débiles: diputados que responden a gobernadores que prefieren tomar distancia para amortiguar el daño y el Movimiento Evita, que mantuvo siempre una relación de cierta tensión con los otros agrupamientos. La conducción del PJ convocó a una reunión para tratar de dar un encuadre orgánico a esta diáspora. Paradójicamente, el núcleo que podría quedar en el FPV, desde la Cámpora hasta los diputados más cercanos al titular del bloque, Héctor Recalde, está integrado por legisladores a los que nunca les han podido encontrar un flanco para incluirlos en la campaña de denuncias o que han mantenido conductas intachables frente a la corrupción, como el mismo Recalde. Causa y efecto. El debilitamiento del Frente para la Victoria implicó la aprobación de normativas que afectarán a los sectores populares, sobre todo en relación con los jubilados. La nueva ley obliga al endeudamiento y facilita la destrucción del sistema de jubilaciones a mediano plazo al volverlo insustentable. Los recientes y futuros jubilados son los que pagarán más caro esa descompensación en la relación de fuerzas que favoreció al macrismo. El gobierno anunció esta semana que se endeudará por 150 mil millones de pesos, la mitad de los cuales serán para solventar gastos de la ANSES, y es solamente el principio. En los primeros tres meses del año Cambiemos aumentó once por ciento la deuda externa, una cifra que en este momento debe estar todavía más arriba, lo que lanza a la Argentina como un bólido hacia un pasado poco feliz. Los alineamientos sobre las jubilaciones dividieron las aguas en forma clara. El FPV mantuvo su oposición a esta ley pese a las fuertes presiones y la durísima campaña en su contra. El massismo, que podría capitalizar los efectos de la ofensiva contra el kirchnerismo, mostró debilidad política y fue concesivo en un tema en el que tendría que haber sido punta de lanza. Cada vez que en el futuro próximo se hable del deterioro progresivo de las jubilaciones, el massismo estará en la lista de los responsables. Sergio Massa ubicó a su fuerza en un rol de acompañamiento del oficialismo, en vez de oposición. La sucesión de medidas impopulares de Cambiemos generó una caída muy fuerte en la imagen del gobierno. Solamente se sostiene en la CABA, pero en la provincia de Buenos Aires, la imagen positiva ya no pasa del 25 por ciento, con diferencias, por supuesto, en cada distrito. Un síntoma concreto fue la amplia derrota del radicalismo en Río Cuarto, uno de sus bastiones en Córdoba. En ese escenario, el massismo tendría que aparecer como la fuerza de recambio si actuara como fuerza opositora. Por el contrario, deja ese espacio libre para el PJ y el FPV que se mantienen allí aún con las limitaciones que les impone la colosal campaña mediática y judicial en su contra, sumada a los efectos del desconcierto y el desánimo que produjo la derrota electoral y la ausencia –obligada por el “exilio” de Cristina Kirchner– de un liderazgo que sea al mismo tiempo reconocido y ejecutivo. Si fue una estrategia concebida o si los hechos se fueron hilvanando, lo real es que aparece muy sincronizada la ofensiva anticorrupción contra el kirchnerismo, al mismo tiempo que Cambiemos tomaba las medidas más impopulares. Las acciones de un gobierno se van desarrollando por necesidades concretas más que por previsiones planificadas. Y en este caso, el malestar extendido por la carestía de la vida planteó la necesidad al gobierno de incentivar la ofensiva contra la única fuerza que podría capitalizar el descontento. Mientras el massismo, los progresistas anti k y los disidentes del PJ hacen “oposición constructiva”, la única fuerza que aparece en franca oposición a las medidas de ajuste es el FPV y los diputados de la izquierda. Parece una posición antipática, pero las consecuencias más nefastas de esas medidas terminarán de cristalizar en los meses que vienen cuando la pequeña y mediana industria se quede sin resto para hacer el aguante y empiece a cerrar. La campaña contra el kirchnerismo quiere contrapesar el impacto de los tarifazos en los servicios y el aumento de los precios, más el desempleo y la caída del comercio y la industria, que van perforando el blindaje mediático del gobierno. Las dos fuerzas se van desangrando y en ese interregno resulta beneficiado el massismo. Pero el ensañamiento del sistema PRO con el kirchnerismo lo convierte a los ojos de la sociedad también en su gran opuesto. Cuando el único dolor que se sienta sea el de la mordedura del ajuste –para lo que no falta mucho– ese lugar tendrá un capital político que desalojará a los más conciliadores. En ese mapa pesará el dato de hasta dónde la campaña judicial podrá dañar el vínculo de Cristina Kirchner con los que fueron beneficiados por su gobierno. Es la principal jugadora en el peronismo. La ex presidenta optó por tomar distancia. Después de un liderazgo muy fuerte, esa distancia produce vacío en el FPV y el peronismo. Se vive como soledad en medio de la tormenta judicial, lo que liberó fuerzas centrífugas y sectores del viejo peronismo tratan de alejarse de su influencia sin tener ni siquiera la forma embrionaria de un liderazgo que reemplace al suyo. En esas condiciones, el centrifuguismo es atomización y tiene poco destino. El capital simbólico de lo que el antikirchnerismo denomina “relato” en forma despectiva, fue lo que mantuvo el liderazgo de Perón durante los 18 años de su exilio. Con la distancia que ameritan dos procesos políticos con sus especificidades y sus distintos tiempos, después de los primeros dos gobiernos peronistas, el kirchnerismo ha sido el único que pudo generar una representación de ese tipo. Y esa potencialidad todavía no se ha manifestado. Es lo que falta para completar el mapeo político. La aparición de López, como esos payasitos que saltan de una caja de sustos, puso de manifiesto una deuda que dejaron los gobiernos kirchneristas. En la historia argentina, desde el almacén de ramos generales de los Anchorena en la Buenos Aires de la colonia, la mayoría de los grandes capitales locales se generaron como contratistas del Estado, financiando, construyendo o proveyendo y siempre beneficiándose en las negociaciones. Ese es el Estado argentino que ha atravesado gobiernos militares y democráticos. Es conocida la historia de Martínez de Hoz financiando la campaña de Roca. Y hasta los capitanes de la industria que surgen después de la dictadura provienen de esa forja que también alimentó a los medios que ahora se han convertido en grandes corporaciones como Clarín. Más allá de los avances importantes en otros aspectos, el kirchnerismo dejó ese mecanismo en funcionamiento. No pudo o no supo transformar en ese plano el Estado que heredó, que estaba hecho para un rol opuesto al que se proponía como proyecto nacional y popular. El Estado presente, de un modelo de crecimiento con inclusión, debe sumar la transformación de esos mecanismos perversos en el Estado. Si se comprueban las acusaciones contra Lázaro Báez, el constructor patagónico es apenas un advenedizo en el sistema de grandes contratistas que se conformó desde el embrión mismo del estado colonial español. El macrismo ha expresado su intención de institucionalizar la participación de las corporaciones en las decisiones políticas, con una ley de lobbies similar a la que tienen los Estados Unidos, donde las corporaciones controlan muchas decisiones del Congreso. Es la profundización de ese sistema que alimenta principalmente la llamada patria contratista, incluyendo a los sectores financieros que hacen negocios con el Estado o a partir de políticas del Estado. Es una deuda que deberá ser saldada. Si se investigan los contratos de Lázaro Báez, que no constituyen ni el tres por ciento del total, habría que investigar todos los contratos que incluyen a otros contratistas, desde Techint hasta Calcaterra y Caputo, que conforman el mayor volumen de obras. Si se investigan solamente las de un sector, lo que se pone en evidencia es una guerra entre grandes constructoras que disputan una parte del negocio. Juan Chediak, el presidente de la Cámara de la Construcción, quiso generalizar la denuncia contra la corrupción durante el kirchnerismo y tuvo que callarse rápidamente porque dejaba al desnudo el sistema de contratistas en su conjunto y desde mucho antes del kirchnerismo. El Estado argentino es así y tiene ese cáncer. Pensar que esta situación la va a cambiar un presidente cuya fortuna proviene de esa fuente es creer en los globitos de colores. Tanto es así el Estado argentino, que en el endeudamiento que decretó el presidente Mauricio Macri esta semana, de 150 mil millones de pesos, la mitad es para sostener el primer tramo del pago a los jubilados. Y la otra mitad es para pagar el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra en la que intervienen tres grupos y uno de ellos es el de la familia Macri.