Medios/Macrismo/Grandes Corporaciones

Política de medios del Gobierno macrista: apertura para las grandes corporaciones El debate sobre el nuevo marco regulatorio en tiempos de comunicaciones convergentes. Los intereses de los grupos económicos dominantes y la ofensiva ideológica-liberal del gobierno nacional. Una “libertad de expresión” de las corporaciones. Si Bertolt Brecht definía a las crisis como “lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer”, no hay dudas que la crisis de transición hacia la revolución digital es la protagonista de debates académicos y políticos, y también fuente de negocios millonarios para los grupos de poder. Los interrogantes e hipótesis sobre el impacto económico, cultural y social de las transformaciones tecnológicas y las relaciones humanas, trazan nuevos paradigmas no solo en el ámbito universitario e intelectual, sino también en los departamentos comerciales de las multinacionales, en las oficinas de los servicios de inteligencia de los Estados, como así también en las políticas de comunicación gubernamentales. Procesos convergentes, intereses divergentes ¿Qué son actividades de comunicación convergentes? Según el docente universitario y especialistas en medios, Martín Becerra, “se alude con el término convergencia a la cualidad de que un mismo servicio funcione a través de distintas plataformas (algunos de estos servicios pueden ser sustitutos disruptivos, como WhatsApp); a la situación en la que diferentes tipos de redes que adoptan una misma plataforma (el hogar como centro de reunión de dispositivos diferentes conectados a banda ancha y WiFi); o a la posibilidad de que diferentes servicios/plataformas se integren dentro del mismo paquete (triple-play; n-play). También a la unificación de soportes de producción o distribución (que no son análogos). Estas diferentes definiciones de convergencia operan como percutoras de distintos posicionamientos legales y regulatorios, además de comerciales y productivos.” (La convergencia es más que un proyecto de ley, Martin Becerra). Estamos ante un proceso de convergencia nivel mundial que escapa a los modelos industriales tradicionales desordenando la cadena productiva de información así como también su circulación. El poder político es un aliado funcional de los grupos de comunicación dominante, por eso se ponen en juego los verdaderos intereses de los actores. Es real la explicación que da Becerra. “La política de la convergencia no se resuelve con la franquicia para que operadores de sectores antes divergentes crucen fronteras tecnológicas. Eso ya lo resolvió la tecnología. El asunto es cómo armonizar el interés público, los usos y necesidades sociales, los derechos ciudadanos, las lógicas económicas y las potencialidades tecnológicas en un país con las fracturas sociales, económicas y geográficas como la Argentina.” Sin embargo, la anhelada “armonización” presenta contradicciones políticas, sociales y económicas que lejos de converger o consensuar, resultan incompatibles para garantizar una verdadera democratización de los medios. La defensa de un “espíritu democratizador” de las políticas regulatorias del gobierno anterior encalló contra la punta de un iceberg llamado “propiedad privada”. La promesa de una “regulación inclusiva” falló. Demostró que en la política regulatoria del sistema de medios, existen no solo intereses conflictivos sino también lógicas económicas irreconciliables entre las grandes empresas de medios y las necesidades sociales de la clases trabajadoras y el pueblo. ¿Regulación al servicio de quiénes? Los últimos movimientos en el sistema infocomunicacional desde la llegada de Macri, han despertado importantes debates en el futuro sistema regulatorio y comercial de los medios de comunicación masivos. El marco regulatorio de la “manoseada” Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual así como también el de la ley de Argentina Digital, chocan con los nuevos intereses políticos y económicos de un mercado cada vez más convergente. Se acrecientan los problemas de la competencia, la concentración, el acceso a contenidos y tecnologías y el rol del Estado, por eso la regulación de la convergencia comunicacional requiere un debate más profundo. Lo cierto es que el macrismo está haciendo una ofensiva en todos los terrenos para terminar de imponer una lógica de mercado, sacando provecho de la metamorfosis en los medios de comunicación en pos de de nuevos nichos de ganancias. Y el control de las pantallas, juegan un rol estratégico para el objetivo capitalista de construir un Estado más “despersonalizado”, despegado de lo que denominan los "viejos relatos". Si para el kirchnerismo, en términos ideológicos, el Estado fue la herramienta de dominación hiper-narrativa para monopolizar un relato, para el macrismo se trata de reubicar las políticas públicas en la autosuficiencia de un libre mercado. Recordemos los dichos del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, “esto es un negocio y se tiene que regular por las lógicas del mercado”. El organismo estatal regulador, actualmente reducido al Enacom (completamente dependiente del Poder Ejecutivo) presidido por un puñado de funcionarios oficialistas, decide sobre el futuro de la producción, el acceso y la distribución de la comunicación argentina . En la página web del Enacom, dice que “La Ley de Comunicaciones Convergentes buscará unir, reunir y generar convergencia sin afectar en nada la pluralidad de voces ya que propende, por el contrario, a promover un protagonismo equitativo por parte de todas ellas. Será una Ley que responde a la necesidad de ampliar el derecho a una mejor comunicación entre los argentinos y de los argentinos con el mundo.” Una verdadera paradoja: “protagonismo equitativo” en tiempos donde se premia a los Lanata o a los Magneto, se bloquean emisoras de medios independientes alternativos, los empresarios vaciadores de los medios dejan centenares de familias en la calle y el Ministerio de Trabajo en complicidad con el Enacom hacen múltiples maniobras a favor de las patronales de medios que despiden y precarizan las fuentes laborales. El discurso a favor de la democratización, la libertad de expresión y pluralidad de voces, la diversidad cultural, el acceso universal a las nuevas tecnologías, es esgrimido por la mayoría de dirigentes políticos (tanto del actual gobierno, como del FPV y también sectores independientes). Sucede que el uso abstracto de estas consignas, sobretodo en tiempos de “PROmodernización del Estado”, termina embelleciendo políticas públicas que empoderan cada vez más a los grupos dominantes del sector en detrimento de los intereses de sectores trabajadores y usuarios. En los hechos concretos, la redacción del proyecto de ley de comunicaciones convergentes es coordinada por una comisión integrada por funcionarios elegidos a dedo por el gobierno, que comparten la misma lógica de subordinación a los empresarios de medios. Desde las sombras, interviene también en el marco regulatorio la consultora estadounidense McKinsey, que cobra 875 mil dólares por 16 semanas de trabajo y tiene vínculos particulares con los dueños de las multinacionales telefónicas, según una investigación publicada en Pagina 12 bajo el título "El plan para la ley de comunicaciones". Una “libertad de expresión” al servicio de las grandes corporaciones. El mercado de las telecomunicaciones: una liberalización millonaria En el contexto de una grave crisis inflacionaria y una “lluvia de inversiones” que viene fracasando, el macrismo apunta a políticas de apertura indiscriminada y el sector de las telecomunicaciones es un blanco millonario para esta liberalización. La guerra de las multinacionales convergentes (Fintech-Telecom, Telefónica, Claro, AT&T) está en su mejor momento político. Si bien la presencia de capitales extranjeros y del sector financiero en el sector se profundizó antes de la llegada del macrismo al poder, ahora el camino muestra menos obstáculos (legales y económicos) para la penetración directa de estos capitales, promoviendo mayor concentración monopólica de los medios. El gobierno de la CEOcracia está avanzando en negociar con los dueños empresarios de la comunicación internacional. Uno de ellos es el magnate mexicano Carlos Slim, el quinto hombre más rico del mundo y dueño de la operadora móvil Claro en Argentina, que tiene intenciones de comprar Telecentro y Supercanal. Otra transacción millonaria está en manos del CEO David Martínez, dueño de Fintech-Telecom Argentina, accionista minoritario de Cablevisión-Fibertel. Una posible fusión entre ambos grupos se transformaría en la más importante de la década y barrería con todos los límites regulatorios del sistema de medios actual. El camino está cada vez más allanado para que los empresarios y accionistas de los grandes medios realicen los movimientos necesarios en el campo de la convergencia infocomunicacional y sigan acumulando capital, incluso en muchos casos violando el marco regulatorio como sucedió también en el gobierno anterior. En esta tensa situación económica, para el gobierno las inversiones actúan como bombas de tiempo. El riesgo de demorar su detonación tendrá costos políticos y sociales muy altos.