Desde luego, estos roles se invierten cuando un gobierno de legítimo acerbo popular –no populista, como los de Álvaro Uribe Vélez y Alan García en el Perú- hacen de la democracia algo más que una bella palabra: La colocan, al decir del general argentino Juan Domingo Perón, al servicio de la voluntad del pueblo. Ya hacia mediados de la década de los años treinta del siglo pasado, Jorge Eliécer Gaitán, en sus discursos parlamentarios, hacía énfasis en la carencia de un gobierno, de instituciones o de un sistema político, como impulsor de las soluciones de orden económico en el país. La independencia de una nación en materia de economía, eliminados los factores de dependencia, posibilita el ejercicio del derecho fundamental de la autodeterminación, la cual de otra forma no puede consolidarse. Tampoco la libertad genuina de sus habitantes. Estos derechos se mencionan y garantiza, de manera nominal, en los diferentes preámbulos, constituciones o en los discursos de los políticos demagogos de turno. Si la espectacular propagación de Gaitán de tan nobles ideales, que pretendió conducir al pueblo colombiano a la realización de sus designios, en definitiva le costó la vida; ¿cuál es el límite en el margen de posibilidades, para declarar a la derecha inconstitucional y llevar a cabo su viejo sueño?
Los pretextos para forzar un drástico cambio de ciento ochenta grados se aglomeran. ¿Cómo ejercer el legítimo derecho al trabajo, cuando la ley es cómplice de una multinacional que para obtener mayores ganancias, despide una determinada cantidad trabajadores? ¿De qué forma o cuáles son los medios de controlar el destino de los fondos de pensión? ¿Hace bien el Estado, en nombre de “otra de las mal llamadas libertades”, cuando “de la noche a la mañana” determina, con arbitrariedad, que los aportes sean administrados por entes jurídicos y cuyos integrantes reales son desconocidos para la opinión pública? Allí se quiebran para siempre las mismísimas condiciones establecidas en el famoso “Contrato Social” de Juan Jacobo Rousseau, donde los ciudadanos pagan impuestos, a condición de que el Estado se haga presente, administre justicia legal, social y justifique, con su
presencia real, la protección de quienes tienen la sagrada obligación de sostenerlo por el bien del colectivo. De no ser así; ¿cómo justificar el llamado a elecciones, si las decisión que compete a la ciudadanía se toma en los directorios de las grandes empresas? Quienes sostienen y apoyan esto; ¿merecen ser admitidos a debatir en el seno de la democracia? Liberales como Jhon Maynard Keynes, supieron interpretar esta realidad irrevocable y dieron a entender, a través profundas cavilaciones, el deber irrenunciable de los gobiernos de intervenir en el aspecto económico, en resguardo de la soberanía, el bienestar del común, los atributos inalienables de todos los ciudadanos por igual. De aquí en adelante, queda a los sucesivos gobiernos la responsabilidad de direccionar la economía con un sentido humanitario, enfocando los efectos del crecimiento hacia los sectores de la sociedad donde más urge; procurar obtener una contribución proporcional al ingreso de los actores económicos y favorecer la distribución equitativa de los ingresos del Estado, como parte sustancial en la construcción de la libertad, de la democracia verdadera, de sus fundamentos para dar testimonio a los pueblos del planeta.
CARLOS ALBERTO RICCHETTI
DNI: 20.573.717
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