Tras haber expulsado al Procurador del Tesoro Carlos Balbín, quién en la causa de Correo Argentino había confeccionado un dictamen adverso al grupo Macri, el presidente Macri va ahora por la cabeza de la Procuradora Alejandra Gils Carbó. A quien responsabiliza por la postura de la fiscal de Cámaras Gabriela Boquín, que impugnó las propuestas del grupo Macri, y requirió que en el concurso del Correo se abra el cramdown, un paso previo a su quiebra, haciendo reserva de llegar a la Corte con la cuestión. A partir de allí apareció una seriada de denuncias en el diario Clarín contra Gils Carbó, para escrachar su figura, que se transformaron en una causa judicial contra ella, en manos de los mismos magistrados del caso Nisman, que igual que este caso no resiste el menor análisis si existiera una justicia ecuánime. Simultáneamente, ejecutando una maniobra de pinzas mediante un fraude judicial paralelo, tras su procesamiento Macri se prepara para expulsarla con un simple decreto. A la par que irrumpió en el escenario la ominosa justicia poética del caso Santiago Maldonado, y la necesidad del cese de las operaciones mediático judiciales.
En la nota ESTADO AGUANTADERO (I): La macriavélica historia de Correo Argentino, se expuso el largo e inconcluso proceso de Correo Argentino que ya tiene 20 años. A lo largo del cual obstinadamente, el grupo Macri pretende lograr una “solución integral” por parte del Estado, para salir ganancioso tras haber hecho una inversión privada desafortunada como concesionario del correo. Estrategia típica del empresario prebendario argentino, experto en privatizar las ganancias y socializar sus pérdidas.
Tras fracasar en ese intento entre 1998 y el 2003 con el Poder Ejecutivo, a lo largo de 14 años lo persiguió en la Justicia. Pero no obstante, cuando estaba a punto de lograrlo, encontró en la Justicia un duro obstáculo con los dictámenes de la fiscal de Cámara Gabriela Boquín. Quien rechazó las propuestas del grupo Macri por considerarlas “abusivas”, denunció las enormes anomalías existentes en la causa y el vaciamiento de Correo Argentino.
Boquín además requirió a la Cámara que se pronunciara de inmediato, solicitando que de una buena vez se abriera el cramdown o salvataje de Correo Argentino. Poniéndolo así a un paso de su quiebra, la que peligrosamente puede hacerse extensiva a todo el grupo Macri.
Ante ese panorama el presidente Macri, logró involucrar al Poder Legislativo en la obstinada “solución integral” que pretende el grupo. Mediante la inusitada intervención de la AGN (Auditoría General de la Nación) en un asunto que escapa a su competencia. La que debía elaborar un dictamen en 120 días, plazos que se han cumplido con creces, pero que parece estar sujeto a que primero transcurran las elecciones de octubre.
No obstante en ese camino, como se expuso en la nota Estado Aguantadero (II), Correo Argentino: el nuevo Procurador designado por Macri adulteró la auditoria del cesanteado Balbín, se encontró con un dictamen adverso emitido por el Procurador del Tesoro Carlos Balbín, que sostenía una postura parecida a la de Boquín. Por lo que en 48 hs el presidente Macri lo voló de su puesto, poniendo a cargo de la procuración al abogado del grupo Macri, Bernardo Saravia Frías.
Quién como se expone en esa nota, se encargó de adulterar el dictamen acorde con las necesidades del grupo Macri. Cambiando extensas consideraciones y conclusiones a las que había arribado previamente el director de Auditorías de la Procuración Guillermo García, con la sospecha incluso de que podría existir falsificación material del mismo.
Macri vs Gils Carbó
Respecto la Procuradora Alejandra Gils Carbó, superior de Boquín que previamente había ocupado el mismo puesto de esta en la Cámara de Apelaciones, de entrada, apenas asumió el gobierno, el presidente Macri le requirió su renuncia, a la que esta se negó de plano. Ya que la aspiración de todo administrador en Argentina, y más con el currículum que cargaba el presidente Macri, es la de tener fiscales y jueces amigos. Desde un jefe de comuna con su juez de paz, hasta un presidente con el jefe de los fiscales y el presidente de la Corte Suprema. Por más que declame la independencia de la justicia, que generalmente cuando más se menea, es porque menos se quiere.
La embestida de Macri contra Gils Carbó, pasó del pedido de renuncia, a tratar de forzar su apartamiento del cargo por medios legales, a mediados del año pasado. Y estuvo a punto de lograrlo con la colaboración del massismo en el Congreso, que se dedicó a hacer masrismo implícito y hoy lo está pagando electoralmente. Mediante un proyecto de ley que acotaba la duración del mandato del procurador a cinco años, y la posibilidad de removerlo sin necesidad de un juicio político.
Con el cual Macri creía poder decir “chau Gils Carbó”. No obstante el proyecto de ley se cayó por la imprevista postura de la voluble Elisa Carrió, que es supuestamente es el Súper Yo freudiano de Cambiemos. Quién con un resto de pudor, dijo que en una república no se podía legislar con nombre y apellido, ni con efectos retroactivos.
Cerrado ese camino legal a mediados del año pasado, tras la resonante postura de la fiscal Boquín respecto Correo Argentino a principios de este año, que el Gobierno le achacó a la Procuradora Gils Carbó haberla impulsado, desde las sombras se puso en marcha otro mecanismo mucho más sórdido y torvo, para tratar de expulsarla de su puesto.
Urdiendo una maniobra de pinzas, consistente por un lado, en la apertura de una causa penal contra ella, que termine en su procesamiento. Y por otro lado la tramitación de un proceso contencioso administrativo fraudulento, con vistas a obtener una sentencia firme que diga que para descabezar la Procuración, solo se necesita un simple decreto presidencial, descartando el juicio político. Esta es la trama que se expone en esta nota que remata la serie Estado Aguantadero (III).
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