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lunes, 10 de diciembre de 2018

Editorial de Aliverti del 8 de diciembre { Seguridad }


Tres años de Macri por Fernando Borroni


El hermano de Macri recibió 5 millones de dólares de la sospechosa firma que había ganado 6 parques eólicos sin licitar


El Destape accedió a los documentos que prueban que la firma vinculada a la familia presidencial desvió una fortuna de dinero apenas después de concretada la venta de los parques a un inversor chino, que le permitió ganar decenas de millones de dólares. Gianfranco Macri, el hermano del Presidente, recibió un giro de cinco millones de dólares en forma directa de la empresa USIR, controlante de Sidsel y Sideli, las dos firmas que ganaron 6 parques eólicos y los revendieron a los pocos meses, habiendo obtenido una ganancia extraoridinaria. Las dos firmas se encuentran en la mira de la Justicia por sus vínculos con la familia Macri, luego que una investigación de la periodista Emilia Delfino en Perfil revelara que el contador Víctor Mariano Payaslián figuraba como titular de ambas compañías, que logró hacerse de 6 parques eólicos luego que la empresa ISOLUX, involucrada en la causa de las fotocopias del chofer Centeno, les entregara la concesión a cambio de 25 millones de dólares. Según la documentación a la que tuvo acceso El Destape, el pasado 29 de junio Payaslian, desde la empresa Usir, aprobó un préstamo solicitado el pasado 18 del mismo mes por Gianfranco Macri, hermano del Presidente y referente de las empresas familiares Sideco y SOCMA, por un monto total de 5 millones de dólares y a una tasa del 3% anual. Entre las condiciones del extraño contrato, se fijaba que el dinero “deberá ser reintegrado por el solicitante al prestamista antes del 30 de noviembre de 2018”, aunque “sin perjuicio de ello, la fecha de vencimiento se renovará automáticamente por períodos sucesivos de un año”, lo que suma sospechas respecto a lo que puede derivar en un caso de evasión o lavado de dinero agravado. Según pudo saber El Destape, días más tarde, Payaslian, en su carácter de Presidente de la compañía USIR, le solicitó a Sideli el envío de 2 millones y medio de dólares correspondientes a los dividendos de la firma, lo que prueba en forma directa el vínculo entre los Macri y la empresa ganadora de parques eólicos en forma fraudulenta. Tal como había revelado Delfino, tanto Sideli como Sidsel, empresas que fueron creadas por Payaslián (grupo Macri), evitaron pasar por licitaciones públicas al adquirir seis parques eólicos en Chubut y Miramar que había recibido la firma Isolux.

Urgente: Luego de denunciar a Posse, la casa de la Concejal Catalina Riganti fue violentada


Dos sujetos irrumpieron en su casa de Béccar. Lograron escapar antes de ser aprehendidos. El hecho se produce a escasas horas de la aparición de Riganti en una nota del programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata en Canal Trece, sobre la denuncia penal a Gustavo Posse por las casas inexistentes del Plan Federal de Viviendas El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, 4 de diciembre de 2018 - Mientras la Concejal de ConVocación por San Isidro Catalina Riganti se encontraba en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante la tarde del martes, dos sujetos irrumpieron en su casa ubicada en Béccar. El hecho despertó la alarma de los vecinos, quienes avisaron a la policía. A la llegada de los efectivos policiales al lugar, los sujetos escaparon por la parte de atrás de la residencia, después de romper mallas metálicas en ventanas, forcejear puertas, y hurtar pertenencias de los familiares de Riganti. “No es la primera vez que le ocurre un hecho como este a opositores de Gustavo Posse. Hay antecedentes similares, pensamos que podría ser algo intencionado” señaló Marcos Hilding Ohlsson, referente de ConVocación por San Isidro. Catalina Riganti ofreció declaraciones como Concejal de San Isidro en una nota del programa Periodismo Para Todos de Canal Trece, este domingo 2 de diciembre. El trabajo de investigación periodística, denominado Sueños (com) partidos: denuncian irregularidades en San Isidro por el Plan Federal de Viviendas, expuso para una audiencia nacional los detalles del caso del Plan Federal de Viviendas en el barrio Martín y Omar de San Isidro, y de la causa penal iniciada por la ex concejal Marcela Durrieu que se le sigue a Gustavo Posse, por la ausencia de más de 200 casas que fueron certificadas como construidas y pagadas. Riganti aportó información sobre la ausencia de estas casas y las deficiencias de las que sí se construyeron y entregaron. La misma nota de Lanata del 2 de diciembre reflejó claramente los intentos de intimidación que sufrieron los vecinos del barrio Martín y Omar, y los miembros de la producción del programa en la víspera de la investigación periodística. “La noche anterior (a la investigación) algunas fuentes nos llamaron para decir ‘no se sorprendan si mañana cuando llegan, algunos vecinos no quieren hablar y otros vecinos les hablan alevosamente bien de Posse, porque la municipalidad se enteró de que ustedes están detrás de esta nota y apalabró a los vecinos’,” relató la reportera Nieves Zuberbuhler a Jorge Lanata en el programa. Después del hecho, la madre de Riganti y su hermana, hicieron formalmente las denunciasen la Comisaría 11va de Beccar. Lo ocurrido se enmarca en un patrón de sucesos que no es nuevo para dirigentes opositores a Gustavo Posse en San Isidro. En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del 1ero de agosto de 2018, el Concejal de ConVocación Martín Lutufyan, advirtió de las práctica mafiosas del Intendente Posse durante la exposición de una cuestión de privilegio por discriminación y persecución política. Lutufyan relató las represalias sufridas por la ex Concejal Ester Fandiño (†) del partido Unión Celeste y Blanco en 2011, quien luego de no comprometerse a votar a favor del presupuesto de Posse, vivió una situación similar a la de Riganti en su casa. “En el día de cierre de las listas, volvió a su casa a las 5 de la mañana, y la encontró revuelta y destruida,” relató Lutufyan. “Desde diciembre (de 2017) a la fecha (agosto 2018), algunas personas y trabajadores municipales que casualmente mostraron diferencias con la política municipal, han vuelto a sus casas y han encontrado sus casas revueltas y destruidas,” siguió Lutufyan. ConVocación por San Isidro se encuentra en la víspera de presentar otra denuncia por el robo de más de 100 carteles en casas de vecinos de San Isidro durante el pasado mes de noviembre, que coinciden con la aparición de cartas malintencionadas de una organización apócrifa manchando al referente partidario, Marcos Hilding Ohlsson. Este método fue replicado durante el 2017, cuando se conoció un audio intimidatorio, atribuido a un funcionario municipal, para amedrentar a los vecinos que habían puesto un cartel en su casa. Esta cuestión derivó en una denuncia penal al intendente Gustavo Posse ante la Fiscalía Federal N° 2 de San Isidro, con el número de expediente 93.334/2017. Al patrón descrito previamente se suma la reciente denuncia que hizo el Concejal de San Isidro Carlos Castellano ante el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, por tener evidencias de espionaje informático y telefónico en su contra. También están las denuncias hechas en 2017 desde el Frente Renovador de San Isidro, y de distintos sectores del peronismo local donde, con un común denominador: el amedrentamiento a vecinos y opositores desde el Possismo. “Es una práctica que venimos sufriendo hace rato en ConVocación, y temo por mi seguridad y la de mi familia. Pero no pienso aflojar. Nuestro rol como Concejales es hacer valer la voz de los vecinos de San Isidro,” expresó Riganti para finalizar

EL G20 Y LA EXTRANJERIZACIÓN TOTAL DEL ATLÁNTICO SUR


La declaración final del G20 nos anuncia acuerdos pesqueros con Rusia y China. Acuerdos donde nuevamente la pesca es en la Argentina «la moneda de cambio» para pertenecer al mundo. Las ideologías mutaron y el imperialismo norteamericano sostiene el proteccionismo y, el primer imperialismo comunista el libre mercado, aunque, claro está, de invertirse sus balanzas comerciales y sus relaciones económicas con el mundo, es muy probable que estas políticas rápidamente se reviertan: no son las ideologías las que están en juego, sino la economía. En medio de ello el multilateralismo, con el que se pretende hacernos creer, que un conjunto de naciones, con intereses tan contrapuestos, se ocuparán de los problemas del resto de los países y en particular de aquellos emergentes y subdesarrollados. Hemos visto en la reciente gala del Colón, como los argentinos somos capaces de trabajar unidos para que, al bajar el telón, se corone el éxito con un gran aplauso de decenas de presidentes del mundo y es sinceramente impactante, pero, también sufrimos, el bochorno de las antesalas de Boca-River y su reprogramación para que la revancha se juegue fuera del país, por la incapacidad del gobierno y la irracionalidad de dirigentes e hinchas. Del mismo modo, tratamos a aciertos y errores y, es más importante la imagen de estos grandes acontecimientos como el G20, que las cuestiones que acordamos, donde da lo mismo ceder la explotación de nuestros recursos naturales que solicitar financiación para obtener energías limpias. La sinceridad de Putin es un ejemplo, ya que ha dejado claro que no se comprometió a ninguna inversión en el país. Dos días antes del G20 el “hombrecito del sombrero gris” nos anunciaba graciosamente que a efectos de «remover todos los obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas» una línea brasileña llevaría todas las semanas a los habitantes de Malvinas a San Pablo, el mayor centro económico de sud-américa, de un país miembro del BRICS, asociación integrada por cinco de las economías emergentes más importantes del mundo como Rusia, India, China, Sudáfrica, junto a Brasil, país, al que la Argentina, solo en commodities pesqueros le vende 106 millones de dólares anuales; un mercado que le resultará muy útil a los británicos para colocar las 200 mil toneladas anuales que buques extranjeros bajo licencia inglesa pescan en Malvinas y, que, a partir del Brexit deberían pagar aranceles a la UE, donde se destinan el 80% de esas capturas. Todo ello, mientras May corre serios riesgos de ser destituida por su Parlamento en días. Hemos visto que en la declaración final del G20 y bajo la consigna: «construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible» los mandatarios firmaron treinta puntos, destacándose -entre otros- «la protección del ambiente y el trabajo, la promoción del cuidado social, infraestructura para el desarrollo, el futuro de la alimentación sustentable y el combate de la malnutrición». Ahora, cómo se compadecen estos enunciados, algunos de los cuales se dice que fueron promovidos por la Argentina, con los Acuerdos pesqueros firmados con Rusia y China y, respecto a los temas pesqueros, alimenticios y medio-ambientales que ni siquiera se trataron con España, el Reino Unido, China, Corea del Sur, Rusia y Japón que depredan desde hace décadas nuestros recursos en el Atlántico Sur y nos impiden la explotación plena de esos recursos, la generación de riqueza, la triplicación de la fuerza laboral y la soberanía alimentaria que, como hemos dicho, con una explotación racional de esos recursos estaríamos en condiciones de garantizar varios millones de raciones diarias de alimentos proteicos para garantizar una nutrición adecuada al 48% de los niños que en la Argentina, según UNICEF, son pobres. Las empresas argentinas no tienen ninguna necesidad de que se firmen “Acuerdos de Cooperación” en la actividad pesquera. La captura en aguas argentinas de pesqueros rusos El país tiene sobrada capacidad técnica para la investigación, explotación e industrialización y el recurso y los mercados y, la Argentina, tiene sobrada experiencia con este tipo de Acuerdos con las grandes potencias, rápidos para firmar y dificilísimos de denunciar, por la gran asimetría económica y política con la Argentina y los países o bloques con las que se suscriben, tal fue el caso de los llamados Acuerdos de Cooperación Pesquera con la URSS y Bulgaria, firmados por Argentina en 1986, que provocaron, lo que dimos en llamar «la primera derrota argentina en la posguerra de Malvinas» además, de una gravísima depredación del mar argentino, porque significó como respuesta a la firma de esos Acuerdos, la perfecta excusa del Gobernador Inglés en Malvinas, mediante la Proclama N° 4 el anunció de la creación de la "Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías", estableciendo, por primera vez, una zona de pesca exclusiva en torno a las Islas, prohibida a los buques pesqueros argentinos, que incluyó una Ordenanza de Pesquerías. Era público y notorio entonces la depredación que, desde la década del 50, la flota soviética había hecho en los mares del mundo. Fue total en Angola y Mozambique y se produjeron numerosos casos de depredación y violación de la jurisdicción en la Argentina, Chile, México y Perú. En los primeros años de la década del 60 los soviéticos estudiaron los stocks pesqueros del Atlántico Sudoccidental y en 1966 iniciaron sus actividades en el Mar Argentino, pero, debieron dejar la pesca al dictarse la Ley 17.094 que estableció las 200 millas marinas como Mar Territorial. En los inicios de 1974, el ministro Gelbard, firmó en Moscú un Acta de intención que promovía acuerdos pesqueros con la URSS, que no ratificaron Perón ni María Estela “Isabelita” Martinez. El gobierno del Proceso Militar, sobre la base de esa Acta, en los años 1976/7 autorizó el ingreso de más de 30 barcos congeladores y factorías soviéticos y, en 1980, la Secretaría de Intereses Marítimos suscribió un Convenio con el Ministerio de Pesca de la URSS, que dió lugar a que Techint Argentina y la Sovriflot constituyeran una compañía pesquera que operó con cuatro factorías. La ocupación británica de Malvinas en junio de 1982 provocó la renuncia de Galtieri y la asunción de Bignone, a partir de la cual la URSS reanudó la compra de granos a Argentina y, a cambio de ello, el gobierno le autorizó nuevamente la captura en el mar argentino. Los vínculos con la URSS del Proceso Militar desde 1976 a 1983 se profundizaron durante la gestión del ex Canciller Caputo quien el 28/29 de julio de 1986 firmó los “Acuerdos de Cooperación pesquera con la URSS y Bulgaria”, vulgarmente conocidos como Acuerdos Marco, con el apoyo de Vicente Leónidas Saadi y Jorge Antonio, que fueron suscriptos por el gobierno nacional bajo el pretexto de reafirmar la «Soberanía Nacional» en el área de exclusión de Malvinas. Con este acuerdo se aprobó el ingreso al caladero de 18 congeladores soviéticos, pero capturaron ilegalmente más de 250 barcos que jamás pescaron en el área de Malvinas bajo control británico. Una ingenuidad de Caputo que pagó muy seriamente la Nación y el sector pesquero nacional. Para ese entonces, los soviéticos pescaban 11 millones de toneladas por año en los océanos y a nadie le llamó la atención que la URSS, junto a Japón y España fuesen los países que más se opusieron a la regulación de la pesca en el área adyacente a la ZEE Argentina durante la Convención del Mar. Además de depredar nuestros mares y quitar recursos y mercados a las empresas nacionales, el Estado Nacional recibió un canon del 3% en lugar del internacionalmente aceptado de 15%, mientras se esfumaba entre gestores y facilitadores un 12%. Un negocio, que al igual que hoy, se denomina «de Cooperación», aunque, como decía Abelardo López de Ayala «cuando la estafa es enorme toma un nombre decente» y, que como lo manifestaron valientemente los científicos del INIDEP en el informe Nº 262 de 1986, que hoy debieran ratificarse, «cuando se pretende establecer una política de explotación y, se desea encarar al mismo tiempo el manejo racional de los recursos, es imperioso contar con evaluaciones de los mismos, inmediatamente anteriores a la implementación de dicha política». Sumemos a ello la incapacidad del gobierno de efectuar los controles de captura y desembarco. En 1986 los radicales ya habían sido muy explícitos para reconocer este descontrol, pero, el Cavallo de Menem, continuador de los Acuerdos fue muy sincero: «no se detectó irregularidades de la URSS en el cumplimiento del Acuerdo, pero (destacó) no hay mecanismos para que la Argentina verifique el cumplimiento de las condiciones pactadas». En síntesis: Sin capacidad de control ¿qué especies y volumen pescarían los soviéticos? Respondemos: Las que voluntaria y amablemente nos quieran declarar en sus partes y transbordos en altamar estos reconocidos depredadores internacionales. La oposición a los acuerdos con la Unión Soviética en 1986 fue mayoritaria entre las empresas nacionales y los gremios del sector, contrario a lo que ocurre hoy, donde no hay solicitadas, manifestaciones públicas, asambleas o los barcazos de entonces. Seguramente, ello puede tener relación directa con la extranjerización que vive la actividad. Mientras en aquella época todas las empresas eran de capital nacional, hoy las principales exportadoras son extranjeras. No están las empresas nacionales Ventura, Frigocén, Mellino, Mar Azul, Alpesca, Hielo Nevada y otros que quebraron pocos años después y, tampoco se han manifestado -llamativamente- las empresas Valastro, Moscuzza y Solimeno agrupadas en el Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina (CEPA), entidad que, curiosamente, hasta unos meses atrás presidía Oscar Fortunato, el actual representante del P.E.N. ante el Consejo Federal Pesquero. El mismo personaje que en 1986 era Director Nacional de Pesca Marítima y ex gerente de la quebrada ARPEMAR, una de las empresas que con mayor énfasis apoyó los nefastos acuerdos marco con la URSS. Es lógico suponer que quién representa al ejecutivo ante el organismo que fija la política pesquera debiera ser quien propuso al Presidente de la Nación estos acuerdos pesqueros con Rusia y China o ¿la Cancillería Argentina maneja la administración del recurso pesquero, quebrantando la Ley 24.922? o ¿el Señor M&F está de nuevo como en 1986 proponiendo nuevos proyectos relativos a la pesca? Nos preguntamos, como en aquella ocasión: ¿ha dictaminado el INIDEP sobre el stock del recurso? ¿Se quita recursos a las empresas radicadas en el país? ¿barcos de este país pescan con licencia inglesa en Malvinas? ¿Son recursos excedentarios que no capturan empresas argentinas? ¿Intervienen en la cadena biológica alguno de los recursos a ceder? Y, nos adelantamos: sabemos que no hay respuesta sustentable a estas preguntas. La cesión de recursos afectará a la Argentina biológica, social y económicamente. Rusia no prometió inversiones, pero sí extraer nuestros recursos, ya que, con un consumo per-cápita de 22kg/año, su déficit en esta proteína es significativo y sale con determinación a su búsqueda para mantener el plan trazado del jefe de la Federal Agency for Fisheries (Rosrybolovstvo) Andrei Krainy de subir en 6 años el consumo de 12kg a 23kg, además, de usar desde hace muchos años sus pesqueros para ocupar los mares del mundo, mientras nosotros, con 5kg per cápita anual, desde hace 50 años, seguimos debatiéndonos si exportamos o destinamos los productos al consumo interno. Por cierto, nos imaginamos, la alegría que habrá de tener Trump de que la bandera rusa y china flamee en el Atlántico Sur, ya que en 1986 el Secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz y el Informe del United States Department of Commerce reflejaron con toda crudeza. Será internacionalizar el mar argentino y agregar la presencia extranjera a los más de 1.639.900 millones de km2 que ya tiene ocupados el Reino Unido de Gran Bretaña, aunque, seguramente, volverá a ocurrir lo que ya ocurrido en 1990 cuando el Vicecanciller argentino Mario Cámpora dirigió a la Consejería Legal el siguiente memorándum: «Dicho Convenio no otorgó ningún beneficio económico ni político al país y, por el contrario, se tradujo en una dificultad en la relación con los EEUU». La pesca de los buques chinos Ya nos hemos referido muchas veces al interés de los chinos en pescar en el mar argentino. Han sido varios los programas que incluyeron supuestas asociaciones para el charteo de poteros chinos que facilitaron las capturas de estas embarcaciones con escaso rédito para nuestro país. Lo cierto que el gobierno de nuestro país en 2015 le prometió al director general del buró de pesca del Ministerio de Agricultura de China licencias para la pesca de este apreciado molusco. Numerosos países han denunciado a China por la “pesca ilegal, no declarada y no registrada” (INDNR) y las propias autoridades ilegales inglesas de pesca en Malvinas, acaban de negarle licencias a los buques de este país por no cumplir con las normas de sustentabilidad. Acordar con China la captura en el Atlántico Sur es permitirle que ingresen a pescar en la ZEEA un número de buques que representarían el 45% del total de buques poteros nacionales que hoy operan en el mar argentino; ello sin computar los múltiples buques mellizos que, como hemos dicho la Argentina no está en condiciones de controlar ni identificar. Buques construidos en China con créditos blandos avalados por ese país opera con el combustible subsidiado, con tripulaciones con sueldos y regímenes laborales esclavos y, capturas, que luego ingresan a China sin arancel alguno, es decir, compitiendo con las exportaciones nacionales con las propias materias primas argentinas. No estamos hablando de venderle calamar procesado a China, sino de darles el recurso. Habilitarla a que pesque es transferirle (sin contar los mellizos), por un canon un mínimo, unas 60 mil toneladas de calamar de un valor promedio de unos 143 millones de dólares anuales y que pierdan el empleo unos 750 embarcados nacionales, sin contar, los trabajadores derivados de los procesos en tierra, la provisión de insumos, etc. China, es un gigante que tiene más de 2.500 buques pescando en aguas fuera de China y está ávida de materias primas, por lo que sería una decisión irreversible e irresponsable, por nuestra condición de soja-dependientes, etc. al igual que en lo sectorial, por ser China el segundo comprador de pescados y langostinos y primero del calamar argentino. La fama de China en la actividad pesquera es ciertamente mala y se le atribuyen la pesca ilegal en las Z.E.E. de los países ribereños. Una docena de países han protestado contra los buques pesqueros chinos por depredación, entre ellos Ecuador, Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Corea del Sur, Vietnam, Mauritana, Senegal, Guinea, Sierra Leona, etc. Queda claro que las áreas 87 y 41 (la nuestra) de la FAO son de su interés después de haber depredado todo el mundo y de ser el país de mayor cantidad de horas de pesca con 17 millones en 2016. Todo lo dicho para Rusia es aplicable a China. La ilegalidad de la extranjerización del mar No pareciera que el gobierno esté legalmente habilitado para otorgarle permisos de pesca a Rusia y a China, al menos, sin la aprobación del Congreso Nacional. Ello, por cuatro razones: 1) no está probado científicamente que haya excedentes pesqueros de calamar, porque el INIDEP no ha determinado el Rendimiento Máximo Sostenible en base a campañas de prospección ni se conocen datos del ecosistema;

La guerra en Yemen no es una guerra, es una masacre


César Chelala Los números son alucinantes: desde el inicio del conflicto en Yemen, se estima que 85.000 niños menores de cinco años han muerto de hambre y enfermedades extremas, según el último análisis de Save the Children, la organización internacional de salud y derechos humanos. Si bien los niños son los más afectados por el conflicto, 14 millones de personas corren riesgo de sufrir hambruna, según datos compilados por las Naciones Unidas. Durante casi cuatro años Yemen, el país más pobre del mundo árabe, ha sido devastado por un sangriento conflicto entre los rebeldes hutíes y los partidarios del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen. - En 2015, Arabia Saudita armó una coalición de estados árabes para luchar contra los hutíes, que incluía a Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Marruecos, Jordania, Sudán y Senegal. Estos países han enviado tropas para luchar por tierra en Yemen con ataques aéreos. - Según informes, Irán ha enviado armamentos y asesores militares para ayudar a los hutíes, incrementando así su animosidad sostenida contra los saudíes. Además de luchar contra los hutíes en Yemen, los saudíes respaldan a los rebeldes que luchan contra el Gobierno de Bashar al-Assad, mientras que Irán tiene una fuerte influencia sobre el régimen de Assad. En el Líbano, mientras que Irán ha mostrado un fuerte apoyo a Hezbollah, Arabia Saudita apoya el Movimiento del Futuro Sunni, dirigido por el Primer Ministro del Líbano, Saad Hariri. Sin embargo, la guerra de Yemen va más allá de un conflicto geopolítico saudí-iraní o suní-chiíta. Las demandas de los hutíes han sido principalmente económicas y políticas, tratando de sacar a los yemeníes de un ciclo de pobreza. Los ataques brutales e indiscriminados de la coalición liderada por los saudíes han dejado un país devastado, con millones de civiles luchando por sobrevivir. Temiendo por sus vidas, más de 3 millones de yemeníes se han convertido en desplazados internos y casi 300.000 han buscado asilo en otros países, incluidos Yibuti y Somalia. Tanto los desplazados internos como los que se han ido a otros países a menudo carecen de nutrición y refugio adecuados. Según UNICEF el sistema de atención médica de Yemen está al borde del colapso. Los que permanecen en el país deben hacer frente a los implacables ataques de la coalición, que no distinguen entre civiles y soldados. Además, en todo el país, las organizaciones de ayuda no pueden proporcionar la asistencia necesaria. Los hospitales han sido bombardeados, provocando decenas de muertes como resultado de los ataques y por haber quedado sin atención urgente. Cerca de 15 millones de hombres, mujeres y niños no tienen acceso a la atención médica. Todavía no se ha controlado un brote de cólera que comenzó en octubre de 2016. No ayuda que la infraestructura saudí en Yemen, uno de los países más pobres del mundo, haya sido atacada continuamente por la coalición saudí. Como consecuencia, 8,6 millones de niños en Yemen no tienen acceso adecuado a los servicios de agua, saneamiento e higiene. "Desde 2015, la escalada del conflicto solo ha exacerbado esta situación ya grave, con ataques y acciones militares en la infraestructura del agua y alrededor de ella que impiden que más personas accedan al agua potable segura", afirma UNICEF. En agosto pasado, un informe de las Naciones Unidas sobre la situación en Yemen criticó duramente a todas las partes en el conflicto, pero culpó más a los ataques de la coalición saudita contra civiles yemeníes. Tres expertos de la ONU dijeron que la coalición liderada por Arabia Saudita no pudo encontrar en su lista de 30.000 sitios en Yemen un lugar "libre de ataques", incluyendo campos de refugiados y hospitales. Según el informe de los expertos, las restricciones que Arabia Saudita ha impuesto sobre la entrega de ayuda por mar o aire han tenido un impacto humanitario tan grave que "tales actos, junto con la intención requerida, pueden constituir crímenes internacionales". Hay algo patético al observar algunos de los países más poderosos del mundo: los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que están tramando con el régimen criminal de Arabia Saudita para destruir el movimiento de resistencia de los hutíes en Yemen. En las últimas semanas cientos de ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita en Hodeidah y sus alrededores han puesto en peligro la vida de 150.000 niños. Estas acciones de la coalición violan las normas humanitarias básicas y el estado de derecho. La guerra en Yemen es una masacre y es responsabilidad de la comunidad internacional defender la justicia ante tal tragedia. Fuente: https://www.counterpunch.org/2018/11/27/the-war-in-yemen-is-not-a-war-it-is-a-massacre/

Último programa de ADN " El violento sos vos "