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lunes, 16 de julio de 2018

Entender


Vidal ascendió a la responsable del robo de identidades de los "aportantes truchos"


En el día de ayer, María Eugenia Vidal intentó justificarse en el escándalo desatado por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos. Recordemos que en la misma figuraban personas que recibían planes sociales, lo mismo que dirigentes sindicales y políticos que negaron haber hecho esos aportes. Vidal dijo que no tenía “nada que ocultar” e intentó desprestigiar la denuncia. Sin embargo, al mismo tiempo tuvo un gesto que confirma que avala el entramado de corrupción que siempre dice que vino a combatir. Se trata del nombramiento, para la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, a la actual funcionaria María Fernanda Inza.

El juez de la Corte Suprema Rosenkrantz, involucrado en una estafa al Estado


Avaló la venta de activos de una empresa que debía más de 20 millones. La maniobra la dejó insolvente y le impide cobrar a los empleados que se quedaron sin trabajo y a la AFIP. La designación de Carlos Rosenkrantz fue el primer escándalo de Mauricio Macri como presidente. Lo nombró por decreto en la primera semana de su gestión. Tras críticas de propios y extraños, el Gobierno dio marcha atrás y lo pasó por el Senado como marca la Constitución Nacional. De acuerdo a una investigación de ADN para C5N, un nuevo escándalo salpica a quien es uno de los ministros del máximo tribunal de la Justicia. Asesoró a una empresa en una quiebra fraudulenta. El 7 de abril de 2015 la empresa Operadora de la Costa, que explotaba la franquicia de una multinacional, debía más de 20 millones de pesos. La firma puso a disposición sus bienes y fueron embargados por AFIP y de la multinacional. Tras el embargo, la empresa y la multinacional que era asesorada por Rosenkrantz vendieron fraudulentamente todos los bienes. Para eludir la ley, utilizaron un acta de directorio y una fecha de asamblea trucha ya que uno de los socios de Operadora de la Costa no se encontraba en el país. El representante legal de la contraparte era Rosenkrantz. El hecho que más lo complica es que la multinacional adquirió los bienes muebles sin cumplimentar el debido proceso. Esta maniobra dejó a la empresa quebrada sin posibilidades de cumplimentar sus obligaciones con AFIP y los juicios laborales.

DOCUMENTO DEL FMI SOBRE EL ACUERDO CON ARGENTINA La letra chica


Techo a los aumentos a estatales del 8 por ciento, ajuste de empleados públicos, remate de las acciones del Fondo de Sustentación de la Anses, venta de terrenos oficiales, aumentos de tarifas, recortes de la obra pública y en las transferencias a las provincias y las empresas del Estado. Por Tomás Lukin El Fondo Monetario Internacional difundió ayer su evaluación interna de la economía argentina. El paquete de documentos elaborado por los técnicos del organismo multilateral ofrece detalles sobre el programa de ajuste fiscal que propuso el gobierno. Anticipa despidos de empleados estatales, mayores aumentos de tarifas, recorte del financiamiento para las empresas públicas y la paralización de la obra pública. Los técnicos del FMI revelan que el Ministerio de Hacienda ofreció postergar la reducción de las retenciones a la soja para garantizarse mayores ingresos tributarios, aunque la dependencia encabezada por Nicolás Dujovne se apresuró luego a desestimar que vaya a limitar la rebaja en los derechos de exportación comprometida con el sector agroexportador. El resto de las medidas fiscales listadas en el documento no fueron puestas en duda por las autoridades locales. El informe reitera la intención oficial de “amortizar” los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses (ver aparte) y suma a ese listado la venta de tierras. En materia impositiva propone postergar el recorte en las contribuciones patronales previsto en la reforma fiscal aprobada a fines del año pasado. “El staff evalúa que la deuda es sustentable, pero no con una alta probabilidad”, advierte el Fondo al referirse a los pasivos externos del país. El paquete de documentos consta de 125 páginas donde los técnicos del organismo multilateral ofrecen detalles hasta ahora desconocidos del acuerdo que habilitó el crédito stand-by por hasta 50.000 millones de dólares durante tres años. Entre los elementos identificados figura “la reducción del salario real de los trabajadores públicos” fijando un techo nominal para los incrementos del 8 por ciento hasta junio de 2019. “Reducir la nómina salarial ajustando el empleo público a través del recorte sostenido de empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la administración federal”, sostiene el informe interno elaborado por el staff del organismo multilateral que fue remitido un mes atrás a las autoridades del FMI. Con esa evaluación de las medidas propuestas por Argentina, los miembros del directorio aprobaron el préstamo extraordinario que solicitó el gobierno de Mauricio Macri para intentar frenar la crisis. La publicación del documento se postergó al punto que excedió los plazos previstos en la política de transparencia del Fondo. El FMI ofrece dos escenarios. La visión optimista está acompañada por una recesión para los próximos meses que arrojará un magro crecimiento de 0,4 por ciento a fin de año. En el otro extremo los técnicos del Fondo evaluaron que si Argentina no recupera “la confianza del mercado” el PBI terminará 2018 con una contracción del 1,4 por ciento. El denominado escenario adverso contempla, entre otros elementos, una corrida bancaria donde se esfuma la totalidad de los depósitos en dólares. Como reconoció el gobierno al abandonar sus metas de inflación, los aumentos de precios oscilarán este año entre 27 y 32 por ciento. “Persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda”, advierten los técnicos del organismo encabezado por la francesa Christine Lagarde. Entre los elementos que destaca el FMI figura “la gran participación de la deuda en moneda extranjera (lo que hace que la dinámica de la deuda de Argentina sea susceptible a un debilitamiento sostenido del tipo de cambio real) y las grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda”. El documento también enciende señales de alarma sobre el impacto del acuerdo stand-by sobre la liquidez del FMI. El paquete de documentos ofrece una adenda a la carta de intención enviada por Argentina donde las autoridades argentinas borraron la firma del desplazado presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, para reemplazarla por la de su sucesor, Luis Caputo. Los lineamientos fiscales que guiarán la política económica hacia un ajuste de 500.000 millones de pesos a lo largo de los próximos tres años estarán acompañados por profundos cambios en el esquema de política monetaria y cambiaria que fueron reafirmados por el informe del organismo multilateral. “El Banco Central está comprometido a mantener un tipo de cambio flotante, con intervenciones limitadas a períodos donde exista una clara disfunción del mercado”, sostiene el documento que también remarca la reforma en la Carta Orgánica del BCRA. A la hora de evaluar el cumplimiento de los criterios para acceder a un crédito extraordinario el FMI considera que el gobierno de Macri tiene “la capacidad política e institucional para llevar adelante el ajuste”. No obstante, los autores del informe advierten que “hay una preocupación vinculada a la habilidad del gobierno para construir el apoyo para las medidas que requieren se aprobadas por el Congreso”. Antes de listar las posibles medidas fiscales los técnicos del FMI sostienen que el ajuste “será apuntalado por medidas en marcha y un compromiso para implementar mayores avances en el contexto del presupuesto 2019”. Entre esas propuestas figura el limite a las reducción de las retenciones a la soja. A diferencia del Memorando de Políticas Económicas y Financieras elaborado por el gobierno argentino, el Staff Report ofrece indicios sobre las modificaciones que pretenden desplegar las autoridades. “Demorar la implementación de la recientemente aprobada reforma fiscal a 2020 como mecanismo para preservar ingresos (la postergación de las reducciones en los aportes patronales y la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias a las transacciones financieras)”, expresa el documento. Las medidas contemplan “racionalizar el gasto en bienes y servicios, con un recorte del 15 por ciento en términos reales en 2018 y continuando en 2019” y “reducir los gastos de capital 0,6 puntos porcentuales del PBI para 2019 con la expectativa de que los proyectos de PPP protejan el nivel global de desembolsos en infraestructura pública”.