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miércoles, 20 de junio de 2018

Biografía no autorizada de Mindlin (II): de testaferro Lewis a Cristóbal López de Macri


En la primera parte de esta biografía no autorizada de Marcelo Mindlin, contamos los pingues negocios que hizo el dueño de Pampa Energía con los gobierno de Carlos Menem, Fernando de La Rúa y Néstor Kirchner. En esta segunda parte, adentraremos con lujos y detalles en los profusos negocios que este empresario, operador de Joe Lewis en Argentina, también llevó adelante con Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. A punto tal de ser considerado hoy como “El Cristóbal López de Macri”, comprándole al familia del presidente la mítica constructora IECSA, vinculada al Lava Jato y ser el empresario que más ganó con el gobierno de Cambiemos. Como era previsible, luego de hacer negocios con Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Néstor Kirchner, Mindlin continuó haciéndolos con Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2007. Según una crónica de Página/12, la primera vez que se conocieron fue en el año 2004, en la ciudad de Nueva York, cuando Cristina era senadora nacional y primera dama. Estando allí, el empresario logró el contacto gracias a su primo Javier Timerman, hermano de Jacobo, que trabajaba en un banco de inversión neoyorkino. Ambos compartieron una cena, mientras ella preparaba una charla en la Sociedad de las Américas. Una entidad de lobby privada fundad por David Rockefeller y donde participan todas las grandes multinacionales de américa, entre ellas las del magnate Soros. Mindlin, Carlos Menem, Joe Lewis , Fernando de La Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, Cristóbal López, IECSA, Lava Jato, Cambiemos Pero ya como presidenta, la buena relación entablada por Mindlin con el gobierno de Néstor Kirchner empezó a enfriarse. Los chispazos comenzaron el 2007, cuando CFK asumió como presidenta por la demora en la aprobación en los aumentos de tarifas. Ese año, Mindlin compró el 45% del Grupo ST (Servicios y Transacciones) especializado en asesoramiento financiero, que incluía el banco Banco ST. En ese entonces, la prensa señalaba que la intención de Mindlin era “entrar en el negocio del consumo”, a partir del otorgamiento de servicios crediticios a los clientes de Edenor, mediante la emisión de tarjetas de crédito. No obstante a principios del 2011 Pampa Energía SA anunció ayer que compraba los negocios de Transportadora Gas del Sur (TGS), y la toma del control de Ashmore Energía Internacional (AEI), por lo que pasó a manejar la distribución eléctrica en el norte y centro bonaerense, en San Luis, La Rioja y Salta. Afirmando Mindlin en esa ocasión que la compra de los activos reafirma la “confianza” del holding en el país y su “convencimiento de la importancia de que empresarios nacionales inviertan en empresas que tiene valor estratégico para el desarrollo de la economía”. Pero tras cartón, a la par en la demora a finales de abril de 2011, el gobierno de Cristina logró imponer un representante más de la ANSES dentro del directorio de Transportadora Gas del Sur (TGS), empresa donde Mindlin poseía el 23,10% de las acciones. Cosa que no le cayó en agrado al dueño de Pampa Energía. Otro de los principales accionistas de TGS era el fondo BLACK RIVER ASSET MANAGEMENT LLC, sindicado de ser uno de los fondos buitres, encabezados por Paul Singer, que litigó contra la Argentina. Y ya como primera muestra de ruptura en marzo de 2012, Mindlin presentó una denuncia contra el Estado Nacional, por una supuesta deuda de más de 100 millones de pesos por Transener. En ella, el hombre de Lewis aseguró que el gobierno de Cristina Kirchner no había cumplido durante el período 2005-2010 con el contrato de concesión, en lo referido a las re negociaciones tarifarias ni previsto mecanismos de ajustes. Como respuesta, al año siguiente, en el 2013, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo en ese entonces del fiscal Carlos Gonella, con buena sintonía con el kirchnerismo, inició una causa contra el dueño de Pampa Energía por lavado de activos referidas a esa compra. Según la denuncia, basada en distintos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por diferentes entidades bancarias a la UIF (Unidad de Información Financiera) entre 2009 y 2010, se inyectaron “más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas. Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados”. “Apenas dos años después de que se perfeccionase la operación de compra del paquete accionario del Banco ST, y luego de haber logrado introducir en el mercado financiero más de 100 millones de pesos de origen desconocido, Dolphin Créditos SA se retiró del negocio vendiendo su participación accionaria a sus anteriores dueños. Esta operación aún no ha sido autorizada por el BCRA“, sostuvo el fiscal Gonella en su denuncia, señalando con el dedo al dueño de Dolphin, o sea, a Mindlin. Iron Mountain No obstante, a fines del 2014, los imputados fueron sigilosamente absueltos por el juez Ariel Lijo, justo el mismo año en que se produjo el incendio intencional –así lo determinó el peritaje- de Iron Mountain, donde murieron 10 bomberos y se quemó todos los papeles del investigado Banco ST del dueño de Pampa Energía. En un principio, Pampa Energía, en un balance otorgado a la CNV, estimó que con el incendio de Iron Mountain se perdieron entre el 20% y el 30% de los documentos depositados a su nombre. Siendo esta exactamente la misma respuesta que le dio poco después Edenor, controlad por Pampa Energía, a la PROCELAC. Mindlin, Carlos Menem, Joe Lewis , Fernando de La Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, Cristóbal López, IECSA, Lava Jato, Cambiemos Sin embargo, cuando la PROCELAC le exigió una respuesta más precisa, la empresa de Mindlin, detalló: 6.287 cajas con documentos en total. De los cuales, 2.399 se encontraron en los sectores 7 y 8, donde se originó el fuego intencional. Es decir, un 38% del total de la documentación guardada en Iron Mountain. Porcentaje superior a la estimación dada a la CNV y la PROSELAC. De esas 2.399 cajas con documentos, 2.071 estaban caratuladas bajo el nombre genérico de “Master Division”; 56 como “Abastecimiento y Logística”; 9 como “Procesos Comerciales”; y los 9 restantes “Compras Energía”. Se salvaron del incendio, unas 18 cajas “con documentación sin especificar”, retiradas entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, antes del siniestro. Por todas estas “casualidades” y otras, es que existe la fundada sospecha que el incendio de Iron Mountain fue provocado para ocultar información confidencial que tenían guardada grandes compañías locales e internacionales. Entre ellos Edenor de Mindlin, el operador de Lewis. Así incluso lo entendió el Área Operativa de Fraudes Económicos y Bancarios de la PROCELAC que informó que el incendio Mountain estaría relacionado con la causa por “Evasión Tributaria de Marcos Marcelo Mindlin” (legajo PROCELAC Nro. 142, ref. Pampa Energía SA) y de “Grupo Dolphin S.A./Pampa Holding S.A.” (legajo PROCELAC Nro. 140) donde se investigaba la compra del Grupo y Banco ST por parte de Mindlin. Sin embargo, a pesar de estos señalamientos, cinco meses después, el juez Lijo absolvió a Mindlin del caso. Finalmente, el polémico Banco ST del dueño de Pampa Energía, es otro de los lazos que unen a Mindlin con Macri. Dado que esta entidad financiera fue determinante para la aprobación fraudulenta del acuerdo preventivo en el concurso de Correo Argentino, propiedad del Grupo Macri, según consta en los dictámenes del 2017 de la fiscal Graciela Boquín. Pues, los accionistas de Correo Argentino, Banco Río y Banco Galicia, habían cedido sus acreencias al Banco ST de Mindlin, que así pasó a ser uno de los principales acreedores de la ex empresa de la familia del presidente. Y gracias a sus votos, el grupo Macri, consiguió aprobar el polémico acuerdo preventivo que implicó una condonación del 99% de la deuda que la empresa Correo Argentino tenía con el Estado. Y que ahora quiere pagar con un edificio que es propiedad del propio Estado.

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